Como lechuga y lleno de energía dice sentirse el diputado socialista Juan Bustos para enfrentar un año que estará plagado de turbulencias políticas.

Poco parece afectarle el tratamiento que desde hace tres meses se realiza para combatir un cáncer. Tan animado se encuentra este connotado penalista abogado querellante en casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos que no dudó en echarse al hombro la mochila de encabezar la cámara baja, aún en medio de la guerrilla que siguió a la renuncia al PDC de los cinco diputados colorines.

-¿Cómo es eso de convertirse en presidente de la Cámara con los votos de la derecha satánica?

-Es un acuerdo. Ocurre siempre cuando hay momentos de crisis, y evidentemente en el Congreso se produjo una crisis con la salida de una serie de personajes de la DC o del PPD en el Senado y en la Cámara. Esto produjo un panorama distinto: se perdieron las mayorías que tenía la Concertación y teníamos que buscar algún acuerdo que hiciera factible, al menos, no perder las dos cámaras. Y eran pocas las opciones de hacerlo, el Senado ya estaba perdido.

-¿Había que salvar del ahogado el sombrero?

-Claro, por lo menos había que salvar algo. Negociar con los colorines, que nos parecía más adecuado, tenía un grave escollo que podía crear muchas más fricciones, porque evidentemente la DC es un partido fundamental de la Concertación.

-¿No es un error aplaudir cuando algunos llegan a acuerdos con la derecha y denostarlos cuando son otros?

-No, porque es diferente. En lo de Adolfo y su rechazo al Transantiago había una posición del partido, que había planteado el apoyo al Gobierno en una política importante. Entonces, aprobada esa línea, hay una persona que se sale de ello y hace un acuerdo con la derecha. Aquí es diferente, porque es una situación de toda la Concertación. Lo mismo que pasó en seguridad ciudadana: se podía llegar a un acuerdo con la Alianza y se hizo. Los acuerdos son algo natural a un sistema democrático.

-¿No hay excesiva virulencia con grupos más pequeños que llegan a acuerdos con la derecha?

-Es que aquí no son grupos más pequeños. Era un grupo que estaba dentro de la DC, no un grupo aparte. Por lo tanto, estaba dentro de las órdenes que puede recibir de un partido.

-Ahora que esos grupos están afuera de la Concertación, ¿da lo mismo con quién pacten?

-Ahora ellos no son de la Concertación, pero estando en la Concertación es distinto.

-¿Y por qué tanto escándalo si la transición completa se ha hecho pactando con la derecha? El Gobierno de Frei trajo a Pinochet cediendo a las presiones de la derecha militar y social.

-Y el Presidente Ricardo Lagos hizo con la derecha una serie de acuerdos cuando ocurrió todo lo del MOP. Los acuerdos en este país, como en todas partes del mundo, son normales en democracia.

-¿La crisis en el Congreso es una crisis interna de la Concertación o también un asunto de gobernabilidad parlamentaria?

-Podrían ser las dos cosas. Por un lado, una crisis interna al irse estos diputados, pero por otro lado también podían darse problemas de gobernabilidad según las mayorías que se establecieran para la conducción de la Cámara. Desde un punto de vista institucional es sumamente grave que se produzca ese tipo de inestabilidad en la corporación.

-¿Es positivo o negativo que el objetivo político de la Concertación sea aislar a los disidentes?

-No creo que haya que aislar a los disidentes, no es nuestro propósito. Al menos el mío no es el de aislar.

-Pero al sacarlos de los acuerdos en la repartición de la testera queda claro como el agua.     

-Los colorines, por ejemplo, tenían derecho sólo a la presidencia de una comisión, tampoco es una cuestión de vida o muerte. Cuando uno toma una determinada decisión, esa decisión tiene un costo y uno lo ha apreciado antes de tomarla. Creo que ellos habían asumido esos costos, al punto que el diputado Mulet, que era el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, dijo: "Yo estoy aquí por ser de la DC y renuncio a la presidencia, porque estimo que ya no me corresponde".

-¿Usted no llamó a la diputada Alejandra Sepúlveda para explicar la situación? Según los acuerdos iniciales, la presidencia de la Cámara le correspondía a ella.

-No tengo por qué llamarla. En todo caso, debería ser el jefe de bancada, hoy yo no tengo la representación de la bancada.

-¿No le incomoda la situación? ¿No siente que ella tenía un derecho ganado, tal vez?

-No había ningún derecho ganado. El acuerdo desde el inicio fue que le correspondía dos años a la DC, un año al PS y un año al PPD. Todo el resto era interno de cada partido. Aquí el único derecho ganado era que le correspondían dos períodos a la DC.

-¿Una suerte de centralismo democrático de los partidos?

-No, es el marco general de lo que le corresponde a cada uno. Eso no es centralismo democrático.

-¿No es un fracaso el ruido que ha generado este acuerdo entre los propios diputados de la Concertación? Gabriel Ascencio, por ejemplo, habló de un "acuerdo espurio".

-La Concertación es una agrupación muy democrática, todos sus miembros tienen derecho a opinión, y siempre cuando hay un acuerdo hay opiniones diferentes.

-¿Está consciente que a usted le va a tocar ser presidente en un período muy complicado?

-Estoy consciente de wque será un período muy complicado, pero para eso estamos. Sin embargo, con un acuerdo entre dos fuerzas bastante mayoritarias dentro de la Cámara, como son la Concertación y la Alianza

-La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas

-Es una frase bastante manida. Lo que no veo es que haya posibilidades de mayor conflicto, todo lo contrario. En cambio, si hubiese habido un acuerdo de la Alianza con los independientes creo que habría existido una tensión constante.

-Se habría armado una casa de remolienda.

-Casa de remolienda. Ahí sí habría habido una inestabilidad enorme al interior de la Cámara y, por lo tanto, algo grave para una institución tan importante.

CÓMO ES POSIBLE

-Vamos al tema de los derechos humanos. ¿Qué le parece la posición del Gobierno de pedir la presunción de inocencia para el general Castro en el tema de los detenidos desaparecidos de Paine?

-La presunción de inocencia es para cualquier ciudadano. Otro tema completamente distinto es que aquí, tanto en el caso de Antofagasta como en el de Paine, se trata de personas que estuvieron en actividad llevando a cabo graves, muy graves violaciones de los derechos humanos. Esto hace que naturalmente, más allá de la presunción de inocencia, haya que tomar determinadas medidas por las instituciones correspondientes. Es lo mismo del caso de Ajenjo: el PDC estaba planteando congelar su militancia, pese a que no ha sido condenado y todavía tiene presunción de inocencia.

-¿La posición del Gobierno es un error jurídico?

-Creo que hay que diferenciar. En el caso de Antofagasta, el Gobierno tiene una posición muy clara. En el caso de Paine también tienen que tomarse determinadas medidas por el Ejército, pero puede que haya opiniones distintas de acuerdo a lo que exista en el proceso. Puede que el Gobierno estime que todavía no hay las suficientes pruebas, pero se trata de violaciones de los derechos humanos tan graves que el Ejército no puede simplemente mirar para el techo como que aquí no ha pasado nada.

-¿No es un error del Gobierno pedir la presunción de inocencia en el caso de Paine?

-La presunción de inocencia no es un error, es un derecho que está en la Constitución. Ni el Gobierno ni nadie puede decir que no existe la presunción de inocencia.

-Pero se puede presumir a alguien de inocente y, a la vez, alejarlo de las filas del Ejército.

-Por supuesto.

-Lo que quiso decir el Gobierno es no presionen más por este señor general, porque nadie tiene nada claro respecto de él.

-Ese es otro tema. Uno es la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional; otro es el caso respecto de una persona que está incluida en un proceso tan grave como es la violación de los derechos humanos. Más allá de las pruebas que haya, por el solo hecho de estar interrogados como inculpados, no como simples testigos, evidentemente se tienen que tomar ciertas medidas. No puede ser que sea un general de División.

-El general Santelices es además el jefe de la Guarnición Militar de Santiago.

-Nada menos. No puede ser posible que aparezca una persona con ese tipo de problema como jefe de la Guarnición de Santiago y que haya dirigido la Parada Militar, eso no es posible. Aquí hay determinados límites, y en el caso de Antofagasta también están clarísimos. Más aún, ahí está casi la confesión del propio general respecto de la actividad que él realizó.

-¿Cree usted que el Gobierno está privilegiando la relación con el Ejército?

-No creo que el Gobierno esté privilegiando la relación con el Ejército, yo creo que quizás peca, y se equivoca, de ser demasiado cauteloso respecto a estos casos que están en tribunales. Hay ahí una confusión: una cosa es lo que está en tribunales y otra cosa es lo que hacen las instituciones, son dos cosas totalmente distintas. Creo que el Gobierno debería tener una posición más fuerte al plantearlo al Ejército, que tiene que tomar determinadas medidas al respecto.

-¿Han fallado los mecanismos de control que tiene que tener el Ministerio de Defensa para el ascenso de los oficiales? Porque no son uno ni dos, sino varios generales.

-En general, en el país ha fallado el monitoreo respecto de autoridades. Hace poco se nombró a una persona que tenía una serie de problemas en la presidencia de un canal de televisión.

-¿Se relajó la Concertación en los temas de derechos humanos, acaso?

-No, creo que no. Pero las investigaciones que han ido realizando los jueces han abierto una caja mucho más grande de la que había. De 2000 en adelante ha aparecido una cantidad de nuevos personajes que estaban totalmente incógnitos, y eso gracias al Departamento de Derechos Humanos y de Investigaciones, como también a la calidad de los jueces y ministros que han llevado estos casos.

-¿Se abrió una caja de Pandora?

-Ha habido una falla de monitoreo, pero también es explicable porque efectivamente se abrió una caja de Pandora y surgieron una gran cantidad de personajes, algo que nadie sabía. Por el caso Berríos, por ejemplo, se supo del grupo de médicos que estaba detrás de eso, y que tenían clínicas privadas donde mataban gente. Ni en el año 90, ni en el 95, ni en el 98, ni en el 2000 sabíamos eso.

-¿Qué le parecieron las declaraciones del ministro Viera-Gallo acerca de la edad y rango que tenían los oficiales en 1973, dando a entender que eran atenuantes?

-Ahí hay una confusión grave, porque una cosa son las medidas que se pueden tomar y otra cosa es la responsabilidad que puedan tener. Ese es un problema de sentencia: el juez dirá si hay algún atenuante, pero eso no tiene nada que ver hoy. Ahí hay una confusión que no corresponde.

-Él está apelando, finalmente, al principio de la obediencia debida: eran subtenientes o tenientes, no los cabecillas, así que no hay que quemarlos en la hoguera.

-Esa es una interpretación de lo que dijo el ministro. Se ha planteado que determinadas personas que estuvieron en la realización de estos hechos eran parte de un engranaje, y hay que considerar cuál era la responsabilidad que tenían dentro de ese engranaje, pero ese no es un tema para estar planteándolo hoy. Creo que eso fue un error de José Antonio; quizás porque es muy jurista, se fue a un tema que es propio de la sentencia y que ya lo verán los jueces, pero no le corresponde analizarlo al Gobierno.

-Desde el punto de vista del derecho universal de los derechos humanos, ¿cabe invocar la tesis de la obediencia debida?

-La obediencia debida no corresponde, nunca ha correspondido respecto a un acto ilegítimo. Eso está claramente excluido.