Se sentaron frente al juez y se mostraron los dientes. Habían asesinado juntos, pero esta vez el conductor del camión que transportó a los 22 campesinos prisioneros de Paine a la muerte le faltó el respeto.

Juan Quintanilla Jerez, uno de los civiles que participó en el operativo, tenía al frente a quien fue su jefe en la masacre, el ahora coronel retirado Andrés Magaña Bau.

Esa noche de octubre de 1973, Quintanilla condujo por caminos ocultos hasta hallar la quebrada que serviría de paredón. Ahora, más de tres décadas después, confrontados ambos ante el juez Héctor Solís, surgió un antecedente relevante: habían matado de día “con el sol en la cara de los detenidos”, declaró el civil.

Y aunque siempre los soldados contaron a la justicia que actuaron de noche, alumbrados tan sólo por los focos del camión y algunas linternas, fue esa la presunta penumbra donde se escudaron para asegurar que nunca pudieron distinguir los rostros de sus superiores.

Quintanilla no tenía dudas de que junto a él, en la cabina amplia del camión iban, además de Magaña, otros dos oficiales jóvenes con el grado de subteniente.

Son los militares que ahora busca el juez. O, mejor dicho, los dos “fantasmas”, porque, extrañamente, nadie recuerda sus nombres. Según los querellantes están atados por un “pacto de silencio” que por más de 34 años han conservado como el mayor secreto de familia.

Dos fantasmas a los que no sólo vio Quintanilla, sino también varios de los conscriptos que fueron obligados a disparar, entre ellos Carlos Lazo Santibáñez y Víctor Sandoval Muñoz, tal como lo confesaron al magistrado.

El pelotón de la Escuela de Infantería de San Bernardo que actuó aquel amanecer contaba con unos 30 efectivos. Todos comienzan ahora a recordar que el sol ya brillaba por el este cuando apretaron el gatillo y escondieron los cuerpos.

Pero el coronel Magaña se mantuvo estoico en su negativa frente a Quintanilla y el juez. “¡Jamás hubo otros dos subtenientes!”. Quintanilla insistió y lo agredió verbalmente: “Usted me obligó a disparar, diciéndome que si no lo hacía, también iba a parar al fondo de la quebrada junto al resto”.

Los dos subtenientes que viajaban en la cabina junto a Magaña, según quienes los vieron, no se quedaron dentro del camión. Descendieron y ninguno llevaba el rostro cubierto cuando el sol brillaba.

Quintanilla entregó otro dato preciado. Interrumpiendo a Magaña, que seguía negando, dijo: “Eran dos subtenientes recién egresados de la Escuela Militar”.

¿Cómo conocía aquel detalle certero?

Unos pocos meses después, hacia fines de 2007, el impenetrable Magaña, vuelto a ser interrogado por el magistrado acerca de los dos jóvenes fantasmas, cometió un desliz, tal vez involuntario: “Si hubiesen viajado otros oficiales, debieron ser subtenientes recién egresados de la Escuela Militar, en agosto de 1973”. Pero súbitamente volvió a recuperar su línea y siguió negando.

Había deslizado exactamente el mismo antecedente que entregó Quintanilla: subtenientes recién egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar, destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

EL NUDO FANTASMAL

Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, son los nombres de los cuatro generales en servicio activo que irrumpieron en la prensa este verano ardiente, haciendo sonar las alarmas en el edificio de calle Zenteno, sede de las FFAA.

Forman parte de los 39 subtenientes egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar que fueron destinados a la Escuela de Infantería y que hoy son sospechosos de haber acompañado a Magaña ese triste amanecer de octubre.

Ahí está el nudo del conflicto para ellos, porque, aunque quizás sean inocentes, entraron en el universo acotado donde el juez busca identificar a los dos subtenientes que nadie quiere revelar.

Una lista de 1984 enviada por el entonces ministro de Defensa, Patricio Carvajal, a la justicia militar (ver entrevista a Pamela Pereira) con todos los oficiales y suboficiales que servían en la Escuela de Infantería en esa fecha, incluye a Castro, Baeza y Le Dantec.

La nómina identifica a 39 subtenientes. Aldunate no figura, pero altas fuentes militares dicen que fue destinado también a ese cuartel en agosto de ese año.

Su foto resalta en la revista de la Escuela Militar “Cien Águilas” de 1973, dentro de los destinados a Infantería junto a los otros tres generales en servicio activo. Ahora, el juez Solís trabaja con esa publicación, para descubrir la identidad de los otros dos subtenientes de Paine.

En entrevista concedida en 2005 a La Nación, Aldunate reconoció que estuvo destinado en la CNI algunos meses y que sólo realizó labores de seguridad para visitas extranjeras. Sin embargo, LND tuvo acceso a información que lo vincula al organismo por lo menos hasta 1982, siendo visto en al menos dos cuarteles.

Nadie menciona hasta ahora en el proceso a Aldunate, Baeza y Le Dantec como los posibles subtenientes que junto a Magaña al mando del grupo por antigüedad tomaron parte en los crímenes.

Pero el recientemente retirado prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo, sí nombra a Castro. “El señor Magaña deja entrever que uno de los subtenientes involucrados en estos hechos es el señor Castro, que actualmente sería un general en servicio activo. No tengo problemas en carearme con Magaña”, afirmó Castillo al juez relatando parte de su investigación.

Por cierto, Magaña negó en el careo entre ambos, realizado el pasado 15 de enero, haberle entregado algún nombre.

CASTRO EN CERRO CHENA

En su declaración judicial del pasado 14 de enero en calidad de “inculpado” ante el juez Solís, el general Castro negó haber actuado junto a Magaña. Pero admitió algo que, a juicio de los querellantes, es grave: sirvió en una compañía de fusileros adscrita al “Cuartel Dos”, nombre con que se conocía el otro estamento de la Escuela de Infantería ubicado en cerro Chena.

“Pero allí nunca vi detenidos, sólo supe después por la prensa que los hubo”, se adelantó a decir al juez. Sin embargo, el mismo coronel Magaña declaró: “Yo quería fusilar a los detenidos en el campo de prisioneros que tenía la escuela en cerro Chena”, pero sostiene que sus superiores no le aceptaron la propuesta esa noche.

El general Castro agrega en su declaración judicial a otro subteniente a la ya larga lista que indaga el juez. “Cuando fui asignado en octubre de 1973 a la Compañía de Fusileros que estuvo en el Cuartel [Dos], ésta era comandada por el capitán Rojas, y también la integraba el subteniente Benjamín Ovalle”, declaró.

En la ya citada revista “Cien Águilas” aparece junto a los cuatro futuros generales un subteniente destinado a Infantería: “Benjamín Ovalle Maturana”. Tampoco éste figura en la lista de Carvajal de 1984.

CAMINO DIFÍCIL

La tensión producida por la aparición de los nombres de generales activos mencionados en casos de violaciones de los derechos humanos nuevamente volvió a generar las reuniones extraordinarias entre representantes políticos y castrenses.

El propio Comité Político de la Presidenta Bachelet trató el tema y se vio enfrascado en una breve pero fuerte diferencia de opiniones entre los ministros secretario general de Gobierno y de Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo (ver página 10).

La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, debió postergar sus vacaciones para reunirse con los abogados Pamela Pereira y Luciano Fouilloux.

Ambos tienen una trayectoria íntimamente ligada a casos de violaciones de derechos humanos, no tan sólo por ser querellantes de las víctimas del caso Paine, sino porque ambos integraron la Mesa de Diálogo, intento fallido para dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos.

Trascendió que en dicha reunión el jefe castrense, que estaba acompañado por el auditor general, Juan Arab, comprometió toda su voluntad para colaborar con la justicia y aclarar presuntas responsabilidades.

Sin duda que el más afectado por esta disposición es el general Gonzalo Santelices, actual jefe de la Guarnición de Santiago, involucrado en un caso que nada tiene que ver con Paine.

En una nota entregada durante la semana al Ejército, el Gobierno sugirió la necesidad de que Santelices sea separado de sus funciones lo antes posible. Y casi al mismo tiempo, Izurieta habría manifestado a su Estado Mayor que resolvería este tema en marzo, aunque no se descarta que sea reasignado a otras funciones mientras la justicia determina si se lo somete a proceso o si queda libre por falta de méritos.

Hace más de cinco años que el militar reconoció judicialmente que participó en la comitiva que trasladó a 14 prisioneros políticos de Calama, que posteriormente fueron fusilados por la Caravana de la Muerte. Bastó que se recordara este hecho en La Nación y que el abogado Hugo Gutiérrez solicitara que declarara en el proceso que instruye el ministro Víctor Montiglio como “inculpado”, para que su suerte quedara aparentemente sellada. Su alejamiento o traslado de la guarnición sería inminente.

La generación de generales mencionados eran subtenientes en 1973. Tanto Pereira como Fouilloux critican que no se informara oportunamente acerca de sus pasadas destinaciones, especialmente aquellas que podían haberlos expuesto a delitos de lesa humanidad.

Pero no es la única información que no se ha entregado. ¿Hay más miembros de las FFAA, Carabineros o Investigaciones en servicio activo que hayan tenido un mínimo de participación, desconocida hasta hoy, en los organismos represivos de la dictadura? ¿Qué debiera suceder con ellos? (ver recuadro de Investigaciones)

En el Gobierno reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes que pasaron por el temido organismo represor. Sólo el Ejército conformaba el 70% de la dotación de la CNI y destinaba cada año cerca de 250 efectivos.

Al interior del actual alto mando, se dice que la principal defensa en el Ejército para enfrentar esta situación es que la diferencia radical con generaciones anteriores es que se trata de oficiales y suboficiales que no cumplieron labores operativas antisubversivas, violentas, ni funciones que actualmente sean objeto de investigaciones judiciales.

“La CNI era un organismo muy grande. Tenía una de las dotaciones más numerosas y las funciones que se cumplían ahí eran múltiples”, comenta un alto oficial militar que pide mantener su anonimato.

Estimaciones realizadas por el propio Ejército calculan que entre un 30 ó 40% de los oficiales pasó por los cuarteles de la CNI. Se trata de oficiales que actualmente ostentan los grados de mayor, coronel y general.

Sólo a finales del 2005, cuando Izurieta asumió la Comandancia en Jefe, 13 de los 30 generales que se encontraban en servicio activo habían pasado por la CNI.

Durante la administración del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, se sentó un precedente claro para los casos de militares involucrados en causas de derechos humanos: si algún juez los procesaba, inmediatamente se les cursaba el retiro. Uno de los casos que inició dicha doctrina fue el procesamiento del general Hernán Ramírez Hald, por el caso Tucapel Jiménez.

Sin embargo, la situación que actualmente enfrenta el general Santelices podría cambiar radicalmente este panorama, ya que el solo reconocimiento por su parte de la participación en un hecho delictivo, probablemente se traducirá en su alejamiento de la institución, tal como lo recomendó el Gobierno, no obstante que Izurieta pidió esperar a su regreso de vacaciones para resolver.

En momentos en que los tribunales se encuentran en plena fase de condenas en los casos de DDHH, los funcionarios que por cualquier motivo pasaron o vivieron una situación cercana a hechos relativos a delitos de lesa humanidad se escudan en la jerarquía institucional para invocar en su defensa la obediencia debida.

Pero más allá de eso, la abogada Pamela Pereira cuestiona que no se transparente la información de modo que el Gobierno tome una mejor decisión en torno a quiénes componen el alto mando.

“No puede ser que se sostenga que aquí hay antecedentes que se omiten para que no nos enteremos y no se produzca el impacto que produce el saber este tipo de información. Ésta debe ser real y no se pueden omitir datos para que entonces no se haga la vinculación entre determinados hechos con determinadas personas”, sostiene.

Por su parte, Luciano Fouilloux dice que el general Izurieta ha manifestado su intención de colaborar en torno al esclarecimiento de las violaciones de los DDHH. “Hay un compromiso público, dicho en una reunión con él, de que no van a repetirse actitudes de secretismo legal ante los tribunales de justicia y que se va a entregar toda la información que se posea”, dice.

Más allá de quienes son investigados por la justicia y aquellos que por azar les tocó pasar por organismos represivos o estar cerca de lugares donde ocurrieron hechos de sangre, la actual situación pone el principal acento en el proceso que debe concluir con el nombramiento del sucesor del general Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército, que debe salir de los actuales generales en activo, para que el nominado tenga una hoja de vida impecable.

Por otro lado, los organismos defensores de los DDHH aspiran a que el bicentenario traiga consigo, por primera vez desde el retorno a la democracia, un alto mando libre de toda sospecha.