Este medio concuerda plenamente con el comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer en su declaración de ayer, respecto a que la renuncia del general de división Gonzalo Santelices Cuevas demuestra de parte de él un alto sentido del honor como persona. Esto no sólo lo ennoblece y prestigia sino que también enaltece la dignidad del Ejército de Chile.

El diario La Nación jamás ha pretendido sustituir a los tribunales de justicia ni menoscabar la honra de las personas, y menos aún socavar la imagen del Ejército, institución fundamental de la República, como lo indica el propio general Izurieta.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental inalienable de todos los chilenos y este diario no ha atribuido mañosamente responsabilidades a nadie, menos aún al general Santelices.

En lo que refiere a este caso, La Nación se limitó a publicar en su edición del domingo antepasado declaraciones del propio general Santelices ante la justicia, realizadas en el año 2002 dentro del marco de la investigación del caso denominado "Caravana de la Muerte". De sus palabras se establece que en su calidad de subteniente le tocó ser testigo directo en octubre de 1973 de un crimen por el cual han sido procesados altos oficiales del Ejército.

Será la justicia quien determinará el grado de responsabilidad que tuvo el entonces subteniente Santelices en los hechos. Se puede suponer que en su caso existen múltiples atenuantes. Puede ser muy legítimo cumplir una orden que de no hacerlo pone en peligro la propia vida, como ilegítimo lo es quitarle la vida a otro. Por otra parte, es de lamentar que recién en el año 2002 el general Santelices haya reconocido su participación en los hechos.

Debemos suponer que el alto mando desconocía esta situación, puesto que de lo contrario hubiera tomado resguardos previos a sus últimos ascensos, asumiendo que ésta es la política seguida por los gobiernos democráticos y materializada en los últimos años por el propio Ejército de Chile.

Lo que se puso en tabla o en discusión en estos días no es la presunción de inocencia, principio básico al que adscriben hoy todas las democracias modernas, sino la colisión que se produce en este caso entre dos derechos, el de presunción de inocencia, al que tiene absolutamente derecho toda persona y por cierto el general Santelices, y el derecho de la sociedad a sentirse gobernada y dirigida por personas absolutamente intachables, más aún si se trata de las jerarquías castrenses, a quienes la sociedad cede el monopolio del uso de las armas.

El mero hecho de que una persona sea llamada a declarar ante los tribunales de justicia en calidad de inculpado en un gravísimo caso de violaciones de los derechos humanos, por más que sea una situación transitoria y que no implique culpabilidad, es razón suficiente para que éste sea puesto en condición de inhabilidad. Creada esta situación, por cierto es esperable que en un alto oficial de la República la materialice por vía de la renuncia, tal como ha ocurrido y debiera ocurrir siempre en todos los estamentos de la sociedad civil, como es el caso de los funcionarios del Gobierno, de la Justicia, del Parlamento y los partidos políticos.