Tal como había trascendido, el comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, general de división Gonzalo Santelices Cuevas, dejó de pertenecer al Ejército.

Su salida fue anunciada a las 10:30 de ayer por el comandante en jefe de la institución, general Óscar Izurieta, quien interrumpió sus vacaciones en Rocas de Santo Domingo para informar de la situación en una rueda de prensa.

La fórmula que se buscó para la baja del oficial general luego de que el Gobierno comunicó a Izurieta la semana pasada que Santelices debía salir de las filas, fue su "retiro voluntario", camino que el propio comandante en jefe diseñó conversando con el afectado en los últimos días.

La otra posibilidad para llamar a retiro al ahora ex comandante de la guarnición era la decisión del comandante en jefe mediante una propuesta al Ejecutivo quien debía dar curso a la baja a través de un decreto supremo.

El general Izurieta leyó una declaración (ver texto completo) en la que manifestó "he resuelto aceptar la solicitud de retiro voluntario de la institución presentada por el general de división Gonzalo Santelices Cuevas, fundada en el elevado propósito de no implicar al Ejército en una causa que se tramita en los tribunales de justicia".

La decisión del Gobierno para cortar la carrera de Santelices le fue informada a Izurieta la semana pasada por el vocero y ministro de Defensa (S) Francisco Vidal. Éste declaró públicamente que "el Gobierno ya entregó su opinión" al comandante en jefe, advirtiendo que ahora le correspondía a Izurieta resolver la situación.

LA CAUSA

Lo que motivó la salida de Santelices del Ejército fue su declaración judicial del pasado 24 de septiembre de 2002 ante el juez Juan Guzmán en la causa "Caravana de la Muerte".

Aunque en ella declaró en calidad de testigo ("bajo promesa de decir verdad" y no "exhortado" a decirla como declaran quienes lo hacen en calidad de inculpados en el sistema procesal penal antiguo), admitió su participación en las acciones preparativas que culminaron con el asesinato de catorce prisioneros en Antofagasta la noche del 18 y madrugada del 19 de octubre de 1973.

Santelices admitió que, siendo un subteniente de la Escuela de Blindados de Antofagasta, retiró a los catorce detenidos desde la cárcel de esa ciudad, los condujo en dos camiones militares hasta un lugar de la pampa, los bajó y formó frente a los vehículos con la luces encendidas para que el escuadrón del general Sergio Arellano y oficiales superiores de la Escuela de Blindados les dieran muerte. Luego, reconoció haber recogido los cadáveres y llevado a la morgue en los mismos camiones.

Si bien en 2002 Santelices declaró como testigo, ahora será interrogado en marzo en calidad de inculpado por el juez Víctor Montiglio, que instruye el proceso por estos episodios.

Quien era el comandante de la Escuela de Blindados en ese tiempo, coronel Adrián Ortiz Gutmann, se puso esa noche en contacto con el general Sergio Arellano Stark, jefe del escuadrón de la muerte, para facilitarle los dos camiones que utilizó Santelices.

Ortiz llegó a general de Ejército y está procesado en la causa desde el 15 de marzo de 2004, en calidad de coautor de los catorce homicidios calificados.

Santelices se encontraba haciendo uso de sus vacaciones y ayer debía reasumir sus funciones en la guarnición, pero ya estaba resuelto desde la semana pasada entre el Gobierno e Izurieta que ello no podía ocurrir. Entre otros motivos, porque el cargo de comandante de la guarnición es una función que tiene en parte carácter protocolar, siendo una de las caras públicas de la institución.

EL PRIMER CASO

El caso de Santelices es el primero -desde el fin de la dictadura- en que un oficial de Ejército en servicio activo debe dejar la institución sin ser antes sometido a proceso por una causa en que se indagan delitos de lesa humanidad.

Es también la primera vez desde el retorno de la democracia en 1990, en que se rompe el principio invocado de la "presunción de inocencia" hasta que un tribunal no procese y/o condene a un funcionario de las Fuerzas Armadas.

La última situación similar conocida ocurrió en noviembre de 2000, cuando el general activo Hernán Ramírez Hald intentó rebelarse durante la investigación del crimen de Tucapel Jiménez y fue dado de baja del Ejército.

La diferencia está en que Ramírez Hald fue procesado por el juez Sergio Muñoz y se ocultó intentando impedir ser notificado de la resolución.

Esta vez, Santelices no está en esa condición y no se sabe si el juez Montiglio, tras interrogarlo en marzo, lo encausará o no.

Si bien Montiglio es un magistrado que defiende la aplicación del decreto ley de amnistía en sus sentencias (aunque las cortes revocan sus exculpaciones por ese motivo), se caracteriza por ser un juez que, en opinión de los abogados querellantes, "procesa hasta el gato si encuentra fundamentos".

De esa manera, es un magistrado que rara vez hace uso del principio de la "obediencia debida", cuando un joven oficial o suboficial debió actuar en un crimen obedeciendo órdenes de sus superiores.