Por delitos de fraude al fisco y estafa en calidad de autor inductor, además de ejercicio ilegal de la profesión, la Fiscalía de Quilpué formalizó ayer a la ex alcaldesa y hoy diputada de RN Amelia Herrera.

La parlamentaria es acusada de financiar su campaña a diputada de 2005 con fondos municipales, que ascenderían a los 30 millones de pesos para la elaboración, impresión y distribución de una revista que, en lugar de reflejar los avances de su gestión edilicia, fue utilizada con fines político-propagandísticos.

De acuerdo con los antecedentes, en enero de 2004 Herrera le encomendó al jefe de marketing de la municipalidad, Ricardo de la Barra, que contactara a distintas empresas con el fin de que realizaran aportes en dinero para una revista que destacara los logros de su gestión en el período 1996-2004.

Para ello le entregó una lista de empresas deudoras de derechos municipales por concepto de publicidad. A éstas debían ofrecérseles "compensaciones" según el aporte que hicieran a la revista.

De la Barra, en conocimiento de que las deudas municipales no se pueden cancelar de esa forma, le encargó la producción del trabajo de levantamiento de fondos y de impresión a la firma Estudio Digital Limitada, sociedad en la cual posee el 50%.

La mayoría de las morosas aceptó la fórmula, entre ellas, Geosal, Inmobiliaria Caleuche, Anepco, Inmobiliaria Familar y Eduardo Gaete y Cía.

Sin embargo, el alcalde socialista que asumió en 2004, Mauricio Viñambres, recibió quejas de una de las empresas por continuar apareciendo morosa, por lo que ordenó un sumario que derivó en una querella criminal a la que se sumaron seis concejales -incluida la UDI- y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La indagación, que comenzó hace dos años y donde ya existen funcionarios municipales formalizados, determinó que en abril de 2004 Herrera solicitó al director de desarrollo comunitario, Guillermo Molina Gálvez, que encomendara a cuatro funcionarios hacer un trabajo de recolección de datos para la revista.

La publicación tuvo un costo total de 12 millones 618 mil 655 pesos. Se imprimieron 17 mil ejemplares que se utilizaron en noviembre de 2005 en plena campaña parlamentaria.

Durante la audiencia de ayer se estableció que en distintos actos públicos, la página web de RN, en su presentación ante el tribunal de garantía de Quilpue y otras instancias, Herrera aparentaba ser abogada, en circunstancias que no ha jurado ante la Corte Suprema. A raíz de eso se le imputó el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

Herrera calificó de "infamias" las acusaciones. "Me parece sorprendente que la UDI, un partido de la Alianza, y el PS hayan efectuado un pacto gravísimo de exterminio a mis derechos humanos".