Por un plazo indefinido el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso sobreseyó el caso de la tragedia de Calle Serrano, luego que las empresas responsables y los familiares de las víctimas acordaran el pago de 900 millones de pesos como indemnización.

Los familiares de las cuatro víctimas fatales del incendio ocurrido el 3 de febrero de 2007 se mostraron satisfechos con el acuerdo al señalar que lograron sentar las bases para que un hecho como el ocurrido, al incluir entre las condiciones la revisión de los ductos subterráneos del puerto.

El mencionado apartado, que completa el pago de la indemnización, obliga a las empresas a revisar y modernizar sus instalaciones, por un costo de varios millones de dólares en un plazo de tres años y cuyo detalle ya fue entregado a la Intendencia de Valparaíso y la municipalidad, informó radio Cooperativa.

De esta forma, Chilquinta entubará el 25 por ciento restante de su red eléctrica y GasValpo recubrirá la totalidad de sus ductos subterráneos.

El abogado de esta última empresa, Juan Carlos Manrique, señaló que "por el interés de las víctimas y de la ciudad, estamos muy satisfechos de que se haya aplicado la ley y dictado un sobreseimiento definitivo y total, para que las víctimas puedan comenzar a recibir sus reparaciones".

No obstante lo anterior, el avenimiento no dejó contentas a todas las partes, ya que locatarios de la mencionada vía reclaman no haber sido incluidos en la demanda.

Al respecto, el fiscal Pablo Gómez explicó que las instancias legales son diferentes.

"Entiendo su molestia, pero ellos tienen que entender que el Ministerio Público no tiene facultades para atenderlos a ellos como víctimas civiles. Ellos tienen que reclamar ante el Juzgado Civil. Nosotros quisiéramos ayudarlos pero no tenemos las facultades legales para intervenir", dijo.

Por otra parte, en la resolución emitida por el juez de garantía Fernando Vergara se desagregó el caso presentado por el abogado Javier Rojas Mery, quien representa a los propietarios de tres de los seis edificios siniestrados, para que sean considerados víctimas penales, lo que se zanjará en una nueva audiencia, el próximo 6 de marzo.