"¡Por favor, dialoguen!", implora el intendente de la Región de los Lagos, Sergio Galilea (PPD). El clamor se escucha desde el Gobierno, la Iglesia y la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón. Pero tanto los trabajadores como los ejecutivos de Aguas Claras hicieron oídos sordos durante toda la semana. "No negociamos con violentistas", aseguraba el gerente general de la empresa, Agustín Ugalde, mientras los dirigentes del sindicato, presidido por los hermanos Benjamín y Juan Teneb, aseguraban que no dejarían las medidas de fuerza.

Todo comenzó los primeros días de enero con una movilización común y corriente, en el marco de una negociación colectiva totalmente legal, hasta que los trabajadores, al no ver ofertas satisfactorias de parte de la empresa, decidieron tomarse la planta de Aguas Claras.

"Nos ofrecían 13.500 pesos mensuales 450 pesos diarios y un bono por término de conflicto de 200 mil líquidos, que no compensa las remuneraciones que hemos perdido", asegura Juan Teneb, secretario general del sindicato en huelga. La empresa, por su parte, prefirió no referirse al conflicto.

VALOR DESAGREGADO

Nuevamente los salmoneros serán acusados de dumping laboral o social . La primera vez fue el 2001, cuando empresas de Escocia e Irlanda tiraron el gatillo para disparar a Marine Harvest, la principal exportadora de salmones de Chile. Todo quedó absuelto, pero con recomendaciones claras de parte de la Dirección del Trabajo de respetar la legislación laboral chilena y no incurrir en prácticas antisindicales.

Esta vez la acusación ya no viene de Europa sino de más cerca. La Federación de Trabajadores de Industrias Pesqueras de la X Región (Fetrainpes), a la cual pertenece el sindicato de Aguas Claras, presentará entre el 25 y el 29 de febrero una acusación contra todo el sector salmonero por dumping social (consecución de bajos precios gracias a que se favorecen de una legislación laboral poco exigente).

"La razón de esta acusación son las malas condiciones laborales: sufrimos prácticas antisindicales, bajos salarios, deudas previsionales que incluso llegan a 80 millones, etcétera. En relación a otras partes del mundo, ganamos muy poco. Nuestros sueldos son de 430 dólares mensuales en promedio y en Noruega reciben alrededor de dos mil por el mismo período e idéntico trabajo", explica Juan Teneb (ver recuadro).

En términos económicos, esta acusación no debería afectar mayormente a las empresas chilenas. El salmón que se produce en este país no es más barato que el de otras naciones, ya que el chileno tiene valor agregado (viene fileteado, desespinado o ahumado). Por eso sería difícil comprobar la práctica de dumping por parte de los salmoneros chilenos. Además, el dumping social no está considerado en la regulación de la Organización Mundial de Comercio, que es el organismo internacional que dirime estos asuntos.

No obstante, la acusación puede traer problemas para la imagen-país, justo cuando se está intentando a toda costa acceder a la

OCDE, grupo que tiene altas exigencias en materia laboral en comparación con Chile, y que nuestro país deberá asumir si quiere ser parte del selecto grupo.

"No queremos afectar la imagen-país, ni buscamos sanciones para los empresarios, pero esta es la medida que tenemos para enviar la información al extranjero de lo que está ocurriendo en ámbitos laborales en Chile, en este caso con el sector salmonero", explica Araceli Alvarado, secretaria general de Fetrainpes.

Durante la próxima semana, la agrupación de sindicatos trabajará en recolectar información que acredite las malas condiciones bajo las que trabajan.

"Sin duda, esto puede desprestigiar a Chile. A nivel mundial, el prestigio no sólo se ve por la calidad de los productos, sino también por la de los procesos productivos, y eso supone atender los asuntos laborales y ambientales. Hay que empezar a tener una visión más integral en las discusiones económicas", manifiesta el subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez (DC).

COSTOS DEL ÉXITO

En diciembre de 2007, la símil de la CUT de Noruega, el mayor productor de salmones del mundo, visitó las salmoneras en el sur de Chile y luego elaboró un informe que envió al ministro de Relaciones Exteriores de su país, en el que quedaron claras las diferencias entre ellos y los trabajadores de nuestro país. "La legislación chilena no es suficiente. Las empresas noruegas deben ser un modelo para toda la industria salmonera en Chile", concluye el informe, y manifiesta la necesidad de que las empresas nórdicas que operan aquí mejoren los salarios, respeten los sindicatos y reduzcan el uso de antibióticos en la salmonicultura chilena.

"Al año 2007 la industria salmonera exportó 2.250 millones de dólares, lo que la convierte en un sector muy importante de la economía nacional. Estas empresas tienen utilidades altísimas y, por lo tanto, se esperaría de estos sectores que sean un modelo de bienestar y de trabajo para los que laboran en este rubro", explica Jélvez. Sin embargo, esa esperanza está lejos de ser realidad.

La tasa de accidentabilidad de la industria salmonera es la segunda más alta a nivel nacional (10,62%), después del sector de la construcción (10,83%). Las bajas temperaturas, las largas horas de pie, la alta exposición al ruido y el uso excesivo de químicos y antibióticos son algunas de las causas de la enorme cantidad de accidentes de los trabajadores del salmón. Lo peor es que todo se podría evitar con una mayor preocupación por parte de los empleadores.

Según datos del Ministerio del Trabajo, durante el primer semestre de 2006, del total de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, la infraccionalidad fue de un 80,43%, del cual un 32% fue por condiciones de higiene y seguridad. La situación no se arregla con las sanciones, ya que las empresas prefieren pagar las multas a mejorar las condiciones laborales.

Sin embargo, la lucha de los trabajadores no está centrada en la seguridad, sino en los sueldos. La exigencia es de un salario líquido de 350 mil pesos, de los cuales un 60% debería ser remuneración fija.

Un informe del Observatorio Laboral de Chiloé dice que las remuneraciones actuales alcanzan un promedio mensual de 218 mil pesos. "Si se considera que la media de miembros por hogar en la Región de los Lagos es de cuatro personas y que en no pocos casos este sueldo es la única fuente de ingresos del grupo familiar, se obtiene que la renta per cápita de estos hogares es de 54.500 pesos, una cifra muy cercana a la línea de la pobreza", explica el informe.

El Estado chileno ha apoyado desde el inicio a la industria salmonera con políticas públicas que van desde subsidios hasta apoyo a la innovación. Incluso, la mayoría son beneficiados por el bono para contratación de mano de obra en zonas extremas o Chiloé, que asciende a 27 mil pesos mensuales por trabajador. Los empleados piden que eso se destine a los sindicatos o a aumentar sus sueldos, pero hasta el momento los beneficios los siguen obteniendo los empresarios. Todo para que este rubro se convierta en un sector competitivo a nivel nacional e internacional. Pero el esfuerzo que ha hecho el Estado por ellos, con dinero de todos los chilenos, no ha sido retribuido de igual manera para con sus trabajadores.

"Uno esperaría la máxima reciprocidad posible para generar condiciones óptimas de trabajo. Es lo que se desea de una industria que ha sido especialmente apoyada por el sector público. Las salmoneras no pueden tener estas ventajas comparativas y al mismo tiempo producir externalidades negativas ambientales o laborales", apunta el subsecretario Jélvez.

El providencial Monseñor Caro

Por el momento, la reciprocidad parece lejana y el diálogo entre los trabajadores y los empresarios está en punto muerto. Pero el jueves apareció un posible mediador: el arzobispo de Puerto Montt, Cristián Caro, que dialogó con los directivos de la empresa, para luego dirigirse a conversar con los trabajadores. "Fue una reunión en la que le planteamos nuestra posición al arzobispo. Él nos escuchó y luego nos dijo que iba a hacer lo posible para acercar posiciones", recuerda Juan Teneb.

"Entre medio de todo esto ha aparecido la figura providencial del arzobispo Cristián Caro. Su autoridad moral permitió que consiguiera conversar el mismo día con representantes de la gerencia de la empresa y con los de los trabajadores", dice Sergio Galilea, y agrega que este hecho le da la esperanza de que el conflicto entre en un camino en que la oferta salarial de la empresa sea mejorada y que los trabajadores depongan sus acciones de fuerza. Una posibilidad que hoy no se vislumbra. LND