El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ayer una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el caso de las subvenciones escolares. La acción legal está dirigida en contra de la sostenedora Gladys Audala y dos ex funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación. Se trata de Franka Grez y Julio Jiménez Alquinta, éste último, presidente del Colegio Nacional de Contadores.

Los tres aparecen mencionados en el informe que la Contraloría General de la República dio a conocer a fines de la semana pasada en que se denuncian irregularidades en los pagos de subvenciones estatales a colegios particulares. Grez fue destituida de su cargo por estos hechos y Jiménez, suspendido por tres meses. Por su parte, Gladys Audala Sánchez aparece en el informe de Contraloría cobrando una subvención en 2006, por 34 millones de pesos, siendo que el establecimiento a su cargo comenzó a operar en 2007. Audala también figura en otro hecho denunciado a fines de 2006 por el seremi de Educación, Alejandro Traverso, por "clonación de cheques", en su caso, por un monto de 59 millones de pesos, y otros pagos duplicados de subvenciones escolares. "A esa persona ya la teníamos detectada en los casos de duplicidad y empezamos a investigarla. Se confirmó así su relación con la contadora auditora del Departamento de Financiamiento y Subvenciones de la seremi, Franka Grez, quien fue destituida", explicó Traverso en entrevista publicada por este medio el domingo recién pasado.

El informe de la Contraloría se refiere a una serie de anormalidades ocurridas en colegios de Quinta Normal, La Pintana, Puente Alto, La Cisterna, El Bosque, Estación Central, Pudahuel, San Joaquín, Renca, San Ramón, Macul, Peñaflor y Santiago Centro, detectadas en el proceso de fiscalización del Mineduc a mediados de 2006 y denunciadas ante el Ministerio Público a fines de ese año.

También incluye antecedentes de una fiscalización posterior que arrojó que en 2007 más de 160 mil alumnos aparecen inscritos en más de un colegio, de los cuales 70.306 son de la capital. El informe además advierte que, de mantenerse estas situaciones, durante el 2008, el Estado perdería más de 10 mil millones de pesos. El ente fiscalizador también sugirió la destitución de Traverso, quien ya había renunciado a su cargo en dos oportunidades. En tanto, la Fiscalía Centro Norte, donde está radicada judicialmente la causa, informó ayer que Traverso no figura como imputado.

OTRO CASO

En tanto, este fin de semana fue conocido otro caso de irregularidades en torno a subvenciones escolares, al ser detenida en el aeropuerto Arturo Merino Benítez la ciudadana colombiana Elynn Duarte, formalizada este domingo por un fraude al fisco por 113 millones de pesos. La mujer, sostenedora de un colegio en Maipú, quedó en libertad cautelar con arraigo , medida dictada por el titular del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.