Un sólido espaldarazo a la ministra Yasna Provoste brindó el gobierno, a través del secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, tras una breve reunión en La Moneda -encabezada por el jefe de gabinete Edmundo Pérez Yoma- para abordar de urgencia el escenario gatillado por el fraude de las subvenciones irregulares.  

Viera Gallo aseguró que Provoste "ha cumplido a cabalidad con su deber y la ley", y rechazó de plano la acusación constitucional que estudian desde la Alianza contra la titular del Mineduc. Añadió que no hay fundamento "político ni constitucional" alguno para presentar dicha acción.  

Tras poner abruptamente fin a sus vacaciones, la ministra ingresó a La Moneda pasado el mediodía por la puerta de Morandé 80, sin hacer declaraciones a la prensa. No más de 20 minutos después, salió junto al ministro Viera Gallo para formular la declaración del Ejecutivo sobre este tema que ha causado "impacto" en la opinión pública, según reconoció previamente el ministro vocero Francisco Vidal.

Antes de la reunión, el portavoz consideró "subjetivo" hablar de responsabilidad política de su colega en este caso, anticipando el respaldo que el gobierno daría más tarde a la ministra. Y justamente este blindaje se produce en una jornada en que la Unión Demócrata Independiente (UDI)  decidió elevar el tono y exigir a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que pida la renuncia de la titular del Mineduc.   

LA DERECHA AL PIZARRÓN

En La Moneda, Provoste tomó la palabra luego de Viera Gallo, para reiterar que fue el Mineduc el que inició las investigaciones correspondientes y puso los antecedentes en manos de la justicia y la Contraloría.

Apuntando a la derecha, llamó a este sector a "no sacar ventajas políticas" en este caso. De paso, dijo estar disponible para acudir al Congreso para explicar los antecedentes.

La idea de sacar al pizarrón a la derecha también fue desplegada por Viera Gallo, quien subrayó que el fraude se origina en las falencias del actual marco legal. Por ello, recordó que el gobierno pondrá urgencia a la Ley General de Educación que establece exigencias más altas a los sostenedores y sanciones para quienes no cumplan.

En este punto, Provoste recordó el doble estándar de la derecha, ya que mientras se critica el sistema basado en la buena fe con los sostenedores que opera en la actualidad, se niegan a introducir los cambios necesarios. "Hay que ser coherentes", indicó.

Añadió que la cifra de 260 mil millones de pesos que comprende las irregularidades le "preocupa", pero aseguró que esta cifra está aclarada ante la Contraloría, ya que se trata de "conciliaciones bancarias que no estaban revisadas y que fueron revisadas a total conformidad ante el organismo contralor".

Dijo que en este caso la acción significa que "debemos ser capaces de aislar  como sociedad a aquellos funcionarios públicos y privados que se apartan de la probidad".