La grave crisis desatada por el ataque militar colombiano en territorio de Ecuador provocó una de las coyunturas más serias vividas por América Latina.

El proceder del Gobierno del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, al ignorar fronteras despierta el fantasma de transgresiones características de las décadas dictatoriales.

Entonces, los servicios de inteligencia de varios países hemisféricos operaban, a lo largo y ancho de la región, con total libertad para abatir a presuntos enemigos.

Hoy, tras su ataque transfronterizo, el Gobierno colombiano argumenta que el asunto es tan claro que incluso parece causarle cierta perplejidad la reacción adversa que recibió su acción en buena parte de Latinoamérica. Uribe se interroga: ¿cómo puede privilegiarse una frontera deshabitada por encima de la captura o eliminación de terroristas que amenazan la vida de inocentes?

Es una reflexión similar a la de quienes practican secuestros bajo el eufemismo de "entregas extraordinarias" y mantienen cárceles clandestinas. La seguridad nacional, en esta óptica, es el bien mayor. El derecho internacional y los derechos humanos son consideraciones secundarias que son relegadas en función de la meta primordial: la seguridad.

Cada día surgen nuevos detalles del operativo que acabó, la semana pasada, con la vida de Raúl Reyes, el segundo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y otros guerrilleros. Existen, como suele pasar en este tipo de incidentes, versiones encontradas sobre lo ocurrido. Las declaraciones de algunas de las insurgentes que sobrevivieron y se recuperan en un hospital militar ecuatoriano señalan que dormían cuando se desencadenó el bombardeo.

Las fotos tomadas en el lugar muestran a los cadáveres semidesnudos, lo que tiende a confirmar que los militantes de las FARC fueron tomados por sorpresa. El Gobierno colombiano, por su parte, señaló que se trató de una persecución en combate ("sobre caliente" o hot pursuit, según la jerga bélica en inglés). La convivencia entre los Estados veda las transgresiones fronterizas, pero hacerlo al calor de un combate es un atenuante mayor.

EL ENEMIGO EN CASA

Vulnerar con fuerzas militares una frontera internacional, en forma deliberada y consciente, es una agresión que puede desencadenar un conflicto mayor. En América Latina, a diferencia de muchas regiones de África y el Medio Oriente, las fronteras están bien establecidas desde hace mucho.

Por ello, desconocerlas resulta más grave aún que en otras latitudes. En la región está fresca la memoria de doctrinas que postularon la irrelevancia de los límites físicos de los países. La visión imperante entre altos mandos dictatoriales privilegiaba las "fronteras ideológicas".

Esto es, que los países estaban divididos según sus opciones, con el Este o el Oeste, en el marco de la guerra fría. Al interior de los países se libraba el mismo combate, dando así justificación a la noción de una guerra interna. Como el enemigo ideológico no reconocía fronteras, cabía combatirlo donde se encontrara.

Sobre esta lógica fue desarrollada en los años setenta la Operación Cóndor, en que agentes de diversos Estados exterminaron a centenares de disidentes bajo la imputación de terroristas. Lo que enseñan estas prácticas es que cuando se erosiona el Estado de derecho se destruye un bien precioso para toda autoridad: la legitimidad. Incluso se abona el terreno para actividades insurrecciónales y también terroristas.

Colombia es un ejemplo de ello. Desde la llegada a la Presidencia de Uribe han sido asesinados, según Human Rights Watch, más de 400 líderes sindicales. La abrumadora mayoría de los casos permanecen sin esclarecer. Desde la perspectiva del Gobierno, el terrorismo es el método aplicado por las FARC, pero los asesinatos cometidos por agentes con vinculaciones gubernamentales son ignorados.

Uribe ha hecho la vista gorda ante las acusaciones de que altos funcionarios de Gobierno están vinculados a crímenes cometidos por paramilitares. Entre ellos destaca Jorge Noriega, su antiguo jefe de servicios de inteligencia, además de 40 parlamentarios, entre ellos su primo y estrecho colaborador, el senador Mario Uribe.

El Presidente ha intervenido en defensa de los acusados, criticando a jueces y periodistas por constituir "un coro" que, según él, favorece a la insurgencia. En el caso de Noriega, el asunto es tan manifiesto que Washington le negó una visa de ingreso al país. El Congreso norteamericano, por su parte, rechaza la aprobación de un Tratado de Libre Comercio con Colombia mientras no se respete la vida de los sindicalistas y se aclaren los vínculos del Gobierno con los paramilitares.

Esta postura de Capitol Hill ha sido irritante para el Presidente George W. Bush, quien aprovechó la actual crisis para señalar: "Mi mensaje al Congreso de Estados Unidos es que este tratado es más que una cuestión de economía: es una cuestión de seguridad nacional ( ).

Si fallamos en la aprobación de este tratado decepcionaremos a nuestro aliado, perjudicaremos nuestra credibilidad en la región y fortaleceremos a los demagogos del hemisferio". Sin embargo, dado el momento electoral que vive Estados Unidos, es poco probable que se apruebe algún Tratado de Libre Comercio.

En lo que respecta al proceder colombiano, Bush declaró que le había señalado a Uribe lo siguiente: "Le dije que Estados Unidos apoya totalmente la democracia colombiana, y que nos oponemos a cualquier acto de agresión que pueda desestabilizar la región. Le dije también que Estados Unidos continuará respaldando a Colombia en su lucha contra la violencia, el terror y los narcotraficantes".

Estas palabras constituyen un "bushismo", como apodan en Estados Unidos los dichos contradictorios del Presidente. Porque si el ataque colombiano no es una agresión con un efecto desestabilizador para la región, cabe preguntarse qué tiene en mente el Mandatario norteamericano.

URIBE A LA OFENSIVA

El Presidente Álvaro Uribe llegó al Gobierno, en agosto de 2002, con una voluntad decidida de acabar con las FARC. Para ello recibió un claro mandato popular, y fue reelegido en 2006. La gran mayoría de los colombianos, desde la derecha a la izquierda, repudia a los insurgentes. Mientras fue una guerrilla rural que operaba en regiones remotas, el grueso de los colombianos las ignoró.

Pero en forma creciente las fuerzas guerrilleras que no tienen arrastre electoral ni popular en las ciudades, donde residen las tres cuartas partes de los 44 millones de colombianos comenzaron a asfixiar al país. La salida de las grandes ciudades se tornaba cada vez más peligrosa.

Los insurgentes establecían retenes donde filtraban el tráfico en lo que, con un siniestro humor negro, llamaban la "pesca milagrosa"; esto es, detectar "peces gordos", o sea, gente con dinero o influencia política para secuestrarlos. Eran liberados sólo a cambio del pago de rescates. Los guerrilleros comenzaron, además, a inquietar a los residentes urbanos con frecuentes atentados con bombas.

El empleo de métodos terroristas contra la población de las grandes urbes por parte de las FARC fomentó el repudio ciudadano en su contra. A lo largo de los años se desarrollaron una serie de negociaciones de paz entre diversos gobiernos y los insurgentes que no prosperaron. Mi último libro, "El mundo y sus guerras", incluye un largo acápite sobre Colombia y el desarrollo de las FARC.

La voluntad de Uribe de derrotar militarmente a las FARC está reflejada en el incremento de las partidas bélicas, que fueron aumentadas en 10% en 2006 y 11% en 2007. Además, las Fuerzas Armadas obtienen recursos de un impuesto especial a la riqueza, que les brindó 800 millones de dólares entre 2004 y 2006, y debe aportar 3.600 millones de dólares más entre 2007 y 2010.

El propósito de semejante impuesto no ha sido sólo incrementar las arcas castrenses, sino que comprometer a las clases pudientes en el esfuerzo bélico. Los militares también reciben el grueso de los 4.500 millones de dólares que ha aportado Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, el que, iniciado en 2000, asegura una voluminosa transferencia de armas y capacitación de personal.

Bogotá encabeza el ranking del gasto militar en América Latina, con 5.100 millones de dólares destinados a la defensa, correspondientes al 4% de su producto interno bruto. Así, ha desplazado a Chile, que ocupa el segundo lugar, con 3,2%. Para fines de comparación, Venezuela destina el 1,4% y Ecuador el 1,9%, según lo consigna la edición 2008 del "Military Balance" de Londres.

DELICADO EQUILIBRIO

El impacto de la acción colombiana reverbera en toda la región. Ecuador, Venezuela y Nicaragua cortaron sus relaciones diplomáticas con Bogotá, aunque Managua ya anunció que las restablecía. Caracas y Quito han reforzado militarmente sus fronteras.

Y Venezuela considera restringir las relaciones económicas entre ambos países. Como quedó de manifiesto en la reunión del Grupo de Río de este viernes, en República Dominicana, el grueso de los asistentes reprueba la violación a las fronteras soberanas. Pero como siempre ocurre, cada Estado vela por sus respectivos intereses nacionales. La reducción del comercio entre Venezuela y Colombia abre expectativas para Argentina y Brasil, que podrían hacerse con parte de los seis mil millones de dólares de intercambio comercial entre los dos países.

En el caso de Chile, la atención está puesta en Ecuador. Para Santiago es importante contar con el respaldo de Quito en la pugna abierta con Perú por la delimitación marítima. Tanto Ecuador como Chile convergen en su interés por no alterar el statu quo impugnado por Lima, y Chile tiene desde hace mucho tiempo relaciones muy estrechas con Ecuador en el ámbito militar.

De hecho, Chile acaba de vender dos de sus fragatas dadas de baja a la Armada ecuatoriana, la que además enviará sus dos submarinos a los astilleros de Asmar, en Talcahuano, para una amplia refacción y modernización.

Uribe ha obtenido importantes éxitos militares en su lucha contra las FARC. La situación económica de Colombia está en alza y la popularidad del Presidente es notable. Pero la incursión para eliminar a Reyes y las subsecuentes acusaciones contra Venezuela y Ecuador, por su presunto apoyo a los insurgentes, han sido mal recibidas en América Latina.

La mayoría de los mandatarios latinoamericanos creen que las raíces del conflicto, que dura inéditos 50 años, están en Colombia, y que no cabe culpar a terceros. El consejo casi unánime a Uribe es: mientras antes pueda encontrar una solución negociada con sus antagonistas, tanto mejor para todos.