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  La última carta de los conservadores para prohibir píldora

  La última carta de los conservadores para prohibir píldora

  El Tribunal Constitucional está ad portas de tomar una decisión sobre la legalidad de este anticonceptivo de emergencia y de los dispositivos intrauterinos. Según trascendidos, la balanza se inclinaría en contra del fármaco, escenario favorable para sus detractores, quienes pidieron nuevos antecedentes para reforzar la tesis del efecto abortivo.

Lunes 10 de marzo de 2008 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter


Este mes, o a más tardar en abril, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciará sobre el futuro de la píldora del día después, luego de escuchar el año pasado las posiciones a favor y en contra de la política de gobierno que permite su distribución en el país.

Son nueve jueces los que deberán decidir si la pastilla atenta contra el derecho del que está por nacer y, según trascendidos, el escenario sería desfavorable para la continuidad del anticonceptivo de emergencia, ya que cinco miembros del tribunal votarían contra su uso.

Los más interesados en que se prohiba su comercialización y entrega en consultorios son los grupos denominados "pro vida" y parlamentarios de la Alianza por Chile, representados por el abogado Jorge Reyes, quien no descansó este verano y pidió el 15 de enero una última diligencia al presidente del organismo, Juan Colombo: que el Instituto de Salud Pública (ISP) remitiera los informes científicos con los que rechazó la píldora -cuyo principio activo es el levonorgestrel 0,75- a principios de la década de los '90.

El requerimiento de Reyes vino luego de que el TC solicitara al mismo organismo los registros sanitarios de todas las píldoras aprobadas desde 2001: Postinal, Portinor2, Tace, Glanique y Levonorgestrel, los cuales fueron remitidos al tribunal el 4 de enero.

En tanto, los informes requeridos por Reyes llegaron el 6 de febrero. Estos son tan voluminosos que no pudieron ser anexados a las carpetas de la causa y consisten en dos oficios de denegación de registro sanitario, una resolución de denegación de registro sanitario y -lo más importante para Reyes- las actas de la comisión científica del instituto que rechazó el producto entre 1990 y 1991.

NADA NUEVO BAJO EL SOL

 El gran conflicto en torno al fármaco gira en torno su supuesto efecto abortivo. Unos aseguran que lo tiene, porque impediría la anidación del óvulo fecundado en las paredes del útero.

Mientras que otros sostienen que sólo impide la fecundación, alineándose en esta materia con los argumentos científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) postura que se defiende desde La Moneda.

"En el año '90, la comisión médica votó la aprobación del registro y esa aprobación fue rechazada por el carácter abortivo que tenía el medicamento. El año '91 se volvió a presentar, hubo una apelación y se volvió a rechazar por la misma razón.", dijo Reyes.

"El año 2001, cuando finalmente le dan el registro (al fármaco), 10 años después, no se aporta ningún argumento para que el criterio (del ISP) hubiese cambiado", aseguró el abogado.

"La ciencia no había aportado absolutamente nada, seguían siendo los mismos argumentos. Todos estos antecedentes vienen a probar que no ha habido un cambio científico, sino que un cambio político, y así no se manejan los organismos técnicos".

 El abogado no se atreve a hacer un pronóstico de cómo viene la mano, pero se le escucha confiado: "Nuestra legislación es totalmente proclive a la protección de la criatura desde la concepción, esto a mí me hace imposible pensar que el tribunal no vaya a fallar a favor nuestro".

EL RIESGO PARA LA T DE COBRE

Desde la vereda del frente, la abogada de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, ironiza con el planteamiento de Reyes que se niega al avance de la ciencia y, bajo ése criterio, todavía se debería creer que la Tierra es el centro del universo.

"Jorge Reyes insiste en pensar en que la gente se queda pegada. Es decir, si un comité en el año X determinó tal cosa, entonces de ahí para adelante, ¿nadie puede cambiar de criterio? Lo que hacen estos comités es revisar la literatura científica hasta un momento determinado", aseguró.

Casas no sabe qué pasa por la cabeza de los ministros ni cuál será la postura definitiva del pleno del TC, pero cree que la decisión no puede atentar contra las Normas de Regulación de Fertilidad.

"El debate hoy día no está radicado sólo en la píldora del día después, entonces siento que no sólo tiene que haber una mirada jurídica, sino que también de sentido común sobre lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años. Sería raro que los ministros vinieran a desconocer la historia de política pública sanitaria de este país", sostuvo.

La abogada recordó que la cruzada de los conservadores no es sólo contra la pastilla, sino que también contra los dispositivos intrauterinos (DIU), entre los que se encuentra la T de cobre, que utiliza el 58% de las mujeres que van a los consultorios, y también contra la entrega de cualquier método anticonceptivo a menores de edad, sin el consentimiento de los padres.

 Por ello, Casas insiste que la decisión de los ministros deberá considerar varios aspectos y el "sentido común" deberá ser orientador a la hora de emitir el fallo.

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