Un juez que investiga el fusilamiento de 16 guerrilleros en el sur de Argentina en 1972 ordenó la detención de dos altos cargos de la dictadura que gobernaban entonces el país y que presidía el general Alejandro Lanusse, informaron fuentes judiciales.

Se trata del brigadier mayor Ezequiel Martínez, quien ocupaba el cargo de secretario de la Junta Militar, y de Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del gobierno de Lanusse, precisaron los portavoces.

Las detenciones fueron ordenadas por el juez Hugo Sastre, quien hace unos días procesó a los detenidos ex marinos Emilio Del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Marandino como supuestos autores materiales de la matanza, y a Horacio Mayorga y Rubén Paccagnini como partícipes necesarios.

El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, expresó su "satisfacción" por la decisión del magistrado tras un pedido suyo.

El juez Sastre investiga las torturas, homicidios, tentativas de homicidio y la privación ilegal de la libertad de los guerrilleros en la denominada "Masacre de Trelew", perpetrada en esa ciudad del sur argentino.

A mediados de agosto de 1972, veinticinco miembros de grupos armados de izquierda huyeron del Penal de la ciudad de Rawson y tomaron el aeropuerto de la vecina Trelew, donde fuerzas militares apresaron a 19, mientras que otros seis escaparon en un avión a Chile.

Los 19 guerrilleros apresados fueron llevados a la base naval, donde 16 murieron y los restantes sufrieron graves heridas al ser ametrallados en sus celdas en la llamada "Masacre de Trelew", ocurrida cuando el país era gobernado por Alejandro Lanusse, fallecido el 26 de agosto de 1996.

El juez Sastre, quien reactivó la investigación en 2006, ha dicho que estos crímenes no han prescrito porque él dio "un golpe de timón" en el expediente, al considerar que se trata de delitos de lesa humanidad.

El magistrado basó los cargos contra los ex oficiales en testimonios de personas que cumplieron el servicio militar en la base naval Almirante Zar, de Trelew, cuando ocurrió el fusilamiento.

El mes pasado, el juez también ordenó la captura del general retirado Eduardo Betti y del capitán de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, quien reside en Estados Unidos.

Hasta ahora, el único detenido que ha reconocido el fusilamiento de los guerrilleros fue el ex cabo Marandino, quien al declarar ante Sastre, dijo que los detenidos "fueron acribillados sin ton ni son" y "los mataron como a perros".