Michelle usa pelo castaño oscuro y muy largo. Es un travesti conocido en Combarbalá: su nombre real es Honorino Muñoz. A muchos les extrañó que don Manuel, un hombre muy querido en la zona y bastante mayor, se emparejara con "ella". Y la relación no terminó bien: Michelle agredía sicológica y físicamente a Manuel y a su hijo del mismo nombre. Manuel acudió a la justicia y Michelle recibió dos condenas de 41 días por el delito de maltrato habitual, figura establecida en la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF). Fue un hecho inédito.

La VIF entraba al área de los homosexuales, un terreno al que pocas parejas del mismo sexo se atreven a entrar. "Si la pareja homosexual va a denunciar a Carabineros, existe miedo a la discriminación y a la burla", comenta Marcelo Aguilar, coordinador de Acciongay en Valparaíso. "No está trabajado en los funcionarios públicos ni judiciales que puede aplicarse la violencia intrafamiliar entre homosexuales y cómo hacerlo".

La discordia está en el artículo 5 de la normativa. "La ley no define si se trata exclusivamente de convivencia entre heterosexuales u homosexuales", explica Marcos Rendón, jefe del Departamento de Reformas Legales del Sernam. En los tribunales es posible encontrar pronunciamientos disímiles. "Es una norma de 2005 y lleva poco tiempo. Por eso las interpretaciones judiciales no son concordantes. ¿El espíritu de la norma? El legislador no definió el concepto de convivencia y lo dejó entregado al arbitrio judicial".

Lorena Fries, abogada y presidenta de Corporación Humanas, estima que entregar el criterio a la justicia atenta contra la correcta aplicación de la ley. "Eso funciona cuando tienes un cuerpo de jueces y fiscales progresistas en el tema, lo que no pasa en Chile", comenta. "Mientras no existan garantías de cómo se interpretan las leyes para que estén en consonancia con los principios de derechos humanos, la única forma de evitar que haya una discrecionalidad en la aplicación de la ley es regular sobre la materia".

Pero que la ley quede a interpretación de un fiscal o de un juez es sólo un aparte del problema. "Lo que tiene que hacer la comunidad homosexual es conocer y usar la ley porque ya existe jurisprudencia", dice Rolando Jiménez, presidente del Movilh. "Si se encuentran con un caso de un fiscal o un juez que se niegue a utilizarla y a otorgar las medidas de protección, lo denunciaremos".

Organizaciones como Movilh o Acciongay no tienen estudios sobre cómo ha evolucionado la violencia entre parejas homosexuales ni índices sobre denuncias. En Estadios Unidos, existen antecedentes que revelan el aumento de la violencia entre parejas gay e incluso existen programas y centros de acogida para agredidos.

"Lo que está claro es que el actual escenario no asegura que una pareja homosexual que entra en el espiral de violencia cuente con las medidas de protección que otorga la ley. La única garantía es el criterio de un fiscal o un juez. "Para mí está claro: si la ley no me dice entre qué personas se tiene que dar la violencia intrafamiliar, no tengo por qué establecer ningún tipo de discriminación", apunta la jueza Ana Naranjo, quien dictó la sentencia contra Michelle.