Representantes de seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ecologistas protestaron ayer frente a La Moneda en contra de la construcción de represas en la zona sur y austral del país, a la vez que entregaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet para pedirle detener proyectos como HidroAysén.

Miembros del Consejo de Defensa de la Patagonia se reunieron con pancartas en la Plaza Bulnes para pedir al Ejecutivo detener la construcción de represas en los ríos Baker y Pascua, de Aysén; en San Pedro, en el Maipo; en Puelo, en Panguipulli; Alto Bío Bío, Huequecura y en el lago Maihue.  

En el marco del "Día Mundial de Acción Contra las Represas", las organizaciones se manifestaron fundamentalmente en contra del proyecto Hidroaysén, que propone la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, para aportar anualmente una potencia de 18 mil 430 gigawatts al Sistema Interconectado Central (SIC).

El coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia, Juan Pablo Orrego, destacó que las organizaciones que representa están trabajando con un equipo de abogados para impedir que Hidroaysén y otros proyectos similares se lleven a cabo.

"Que secretarios de Estado (Interior) como (Edmundo) Pérez Yoma, estén dando espaldarazos a proyectos que no se han evaluado, es algo súper grave, más encima cuando él tiene un pasado laboral ligado al consorcio Enersis", subrayó Orrego.

Posteriormente, tanto Orrego como Sara Larraín, miembro del Partido Ecologista de Chile, acudieron al Palacio de La Moneda para entregar una carta donde instan a la Presidenta Michelle Bachelet “a cumplir las promesas hechas a la nación el pasado 21 de mayo de 2006, en que aseveró que ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente".

"Existe un consenso en el mundo entero hoy día de que las megas centrales hidroeléctricas de embalses son destructivas, invasivas y degradan comunidades", sostuvo Orrego a la salida de La Moneda.

"La escasez (es un) error de políticas públicas y de un sector empresarial que solamente tomó criterios de mercado para planificación eléctrica, por lo tanto, no se puede solucionar el problema con el mismo criterio que generó el problema", explicó por su parte Larraín.

La misiva emplaza además a Bachelet a reformular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que sea "verdaderamente una herramienta que cautele el interés nacional", en esta materia, dijeron los ecologistas.