Mediante oficio Nº 8132, fechado el 31 de diciembre de 2007, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un sumario para determinar las responsabilidades comprometidas en varias irregularidades relacionadas a un contrato entre ese municipio y Gestión Municipal Avanzada S.A., la misma empresa que hace unos días cuestionó el yerno de Lavín, Isaac Givovich, por sus vinculaciones con militantes de la UDI y sus tratos con el municipio de Huechuraba.

El órgano contralor constató en este caso diversas omisiones, tales como la contratación directa, mediante decreto de la alcaldesa UDI Virginia Reginato, descartándose la licitación sólo por una apreciación de "confianza y seguridad" del proveedor que estimó la alcaldesa, sin adjuntar documentación alguna.

La institución también estableció que el único respaldo al contrato, por un monto de 790 UF (aproximadamente 15 millones de pesos), es una carta oferta suscrita por la representante legal de la empresa, Jenny Acevedo Sepúlveda, enviada a solicitud de la propia alcaldesa.

A esa fecha, Jenny Acevedo se desempeñaba como asesora de la diputada UDI Claudia Nogueira, también militante de la UDI.

Hasta junio de 2005, había sido jefa de gabinete del alcalde de Recoleta, el también UDI Gonzalo Cornejo, esposo de la parlamentaria (ver recuadro).

En este caso, la Contraloría detectó otros incumplimientos a la ley y reglamentos que norman este tipo de contratos, por ejemplo, que no se haya fundamentado la inexistencia de otros proveedores de confianza para el mismo servicio.

"No se advierten las razones por las cuales la empresa contratante estaría en una situación especial respecto de otras entidades que pueden realizar las mismas prestaciones", se lee en el oficio de Contraloría.

MÁS IRREGULARIDADES

El documento agrega que la administración municipal tampoco publicó la resolución en el Sistema de Información dentro de las 24 horas siguientes, tal como establece el Reglamento Base sobre Contratos Administrativos y Suministro y Prestación de Servicios.

El informe señala, además, que tampoco se exigió a la empresa el depósito de la caución correspondiente para garantizar el cumplimiento del contrato, "situación advertida oportunamente por el Departamento Jurídico del Municipio.

En virtud de todo ello, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó entonces a la Municipalidad de Viña del Mar que "disponga, dentro de un plazo de 15 días, la instrucción del correspondiente proceso sumarial destinado a determinar las responsabilidades comprometidas, informando a esta sede regional".

Consultado el municipio, el encargado de Relaciones Públicas informó que fueron notificados en los primeros días de febrero y que el sumario se inició a mediados de febrero, estando aún en curso, a cargo de la contraloría interna del municipio.

En tanto, en la Contraloría Regional de Valparaíso se informó a La Nación que el organismo "no se puede pronunciar respecto de asuntos que son materia de sumario, porque estos son secretos hasta que se formulan los cargos". La funcionaria agregó que "todo lo que la Contraloría podía decir al respecto, ya lo hizo en el Oficio 8132.