El informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior fue entregado ayer a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para dar iniciar a una segunda y decisiva fase: transformar las propuestas de los 28 consejeros (eran 29, pero el representante de la FECh, Giorgio Boccardo se retiró de la instancia), en iniciativas legales para reformar la actual legislación en este tramo educativo.

La Mandataria dijo que el informe plantea iniciativas sobre temas como el lucro, selección de alumnos y sistemas de financiamiento, "respecto a los cuales en muchos hay completo acuerdo que hay algunas situaciones que son insostenibles, pero donde las propuestas de cómo resolver esa situación tienen matices y diferencias que el Gobierno estudiará".

Por su parte, el presidente del Consejo Asesor y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, confirmó lo adelantado por La Nación, al señalar que "el informe tiene una constatación unánime en el sentido que la actual situación del sistema de educación superior es insostenible. No es posible tener un sistema de educación superior donde la ley establece que las universidades han de ser sin fines de lucro, pero donde al mismo tiempo todos toleramos, desde el punto de vista público, que haya universidades industriales, con evidente y manifiesto fin de lucro", dijo.

Igualmente, confirmó que los consejeros expresaron dos posiciones al respecto: "unos sostienen que lo que debe hacer el Estado es fiscalizar más severamente las reglas, cuestión que no habría hecho hasta ahora, de manera de no tolerar las simulaciones que hoy existirían, mientras otra parte del consejo, sostiene que lo razonable es reconocer cada situación, transparentarla y luego fiscalizar que cada una de las universidades sea fiel a la índole que declaró".

PSU

En materia de selección estudiantil, en tanto, Peña dijo que "la recomendación unánime es que sería útil que las instituciones de educación superior revisaran su sistema de selección, porque, al seleccionar los estudiantes atendiendo solamente a su rendimiento en pruebas estandarizadas como la PSU, se arriesga el peligro de asignar los cupos más selectivos del sistema solamente a la gente de mayores ingresos, porque en Chile, hay una altísima correlación entre el rendimiento de esas pruebas y el origen socioeconómico". Por ello, proponen "contabilizar actores distintos al puramente cognitivo".

Financiamiento

En materia de financiamiento hay dos propuestas. Un sector del consejo dice que lo que corresponde es crear un sistema de acceso garantizado y gratuito a la educación superior para los tres primeros quintiles. Otra, que se debe ampliar e igualar el actual sistema de beneficios para el acceso de los alumnos, tanto de instituciones privadas como para los de las del Consejo de Rectores -Cruch- (16 estatales y 9 particulares "de carácter público).

Esta última postura, propone que tanto el crédito solidario, administrado por las propias instituciones con fondos públicos, como el sistema de créditos provisto por el sistema financiero con el aval de Estado, tengan el mismo costo (en la actualidad el primero tiene un coste del 2% y el segundo de un 6%). Ello, "porque no es razonable que estudiantes igualmente pobres, a la hora de acceder a la universidad, tengan un tratamiento distinto de parte del Estado en razón de la universidad que escogen", dijo Peña.

Aporte fiscal

Sobre el Aporte Fiscal Indirecto (destinado según puntaje de los alumnos), el consejo estimó que "puede ser regresivo, porque acaba concentrando recursos en las instituciones que reciben a los mejores puntajes, que son habitualmente los alumnos provenientes de los sectores sociales más favorecidos".

Respecto del Aporte Fiscal Directo que se entrega a las universidades del Cruch, la sugerencia fue "usar mecanismos un poco más plurales a la hora de asignarlo", por ejemplo asignar el 5% sobre la base de la calidad de los proyectos.