Irregularidades por 3.108 millones de pesos en la municipalidad de Colina que encabeza el UDI Mario Olavarría denunció el concejal de de esa comuna, el DC Nicolás Pavez, dato que enciende aún más el escándalo que sacude a la tienda gremialista.

El concejal objeta una adjudicación directa a Chilectra para el recambio de luminarias en el municipio, denuncia que se suma a la planteada ayer por la también concejal falangista, Alejandra Bravo, quien reveló anomalías en la entrega de permisos de circulación, adjudicación de contratos municipales sin licitación, entrega de terrenos fiscales a privados y dineros de entradas de una fiesta realizada el 18 de septiembre.  

Según Pavez, en este caso "se ha vulnerado gravemente la Ley de Chilecompra. Se ha hecho una adjudicación directa de 3.108 millones de pesos, vulnerando el principio de que debe haber una licitación pública en toda adjudicación que supere las 200 UTM". 

El concejal aseguró que el contrato fue entregado vía asignación directa, debido a que el alcalde señaló a los concejales que no había más oferentes. Ello no era cierto, insiste, porque había más interesados en participar en una eventual licitación. Como elemento adicional, subraya que las cifras del contrato son abultadas, dado que un trabajo similar hecho en la comuna de Curicó demandó un desembolso de sólo 299 millones. Asimismo, al momento de votar la propuesta, denuncia que no hubo quórum en el concejo.  

Además, para avalar la adjudicación, Olavarría encargó un estudio al bufete Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, donde figura como asociado Cristián Olavarría, hermano del edil, subraya el concejal acusador.  

CONTRALORÍA  

Pero si bien la tónica en la detonación de estas irregularidades ha sido dejar en manos de la Contraloría la investigación y pronunciamiento, Pavez cuestionó la labor del contralor Ramiro Mendoza.  

El concejal asegura que presentó la denuncia en noviembre de 2007, y aún no recibe una respuesta del órgano contralor. La explicación que Pavez le da a este hecho es el nexo entre Mendoza y el estudio contratado por Olavarría. De hecho, en el currículum del contralor disponible en la página web del organismo fiscalizador, se precisa que "antes de ser nombrado Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga era el socio a cargo de la Unidad de Asuntos Regulatorios del Estudio Jurídico Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner".

“Yo estoy solicitando que el concejal se inhabilite porque llevo cinco meses esperando y no ha pasado absolutamente nada (...) es legítimo preguntarse cuál es el nivel de amistad que existe entre el alcalde de Colina y el contralor”, dijo el concejal.

También advirtió la diferencia en la actuación de la Contraloría en este caso y en el de denuncias como Huechuraba, avaladas por el ex presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. “Por qué en otros casos tenemos en tres días a la Contraloría instalada en la municipalidad y no sucede lo mismo en la municipalidad de Colina”, espetó.

El diputado DC Gabriel Silber respaldó al concejal y habló de un eventual “conflicto de interés”. Por ello, planteó que el contralor “debiese marginarse de participar” en la investigación con el objeto de “dar una señal de transparencia”.