
Miércoles 26 de marzo de 2008
Como estaba previsto la ministra de Educación, Yasna Provoste, presentó esta tarde ante la comisión ad hok de la Cámara de Diputados, sus descargos referentes a la acusación constitucional que la Alianza presentó en su contra y que busca su salida de la cartera por los desórdenes administrativos que derivaron en la entrega de subvenciones a sostenedores que no eran tales.
Acompañada de su equipo jurídico y de su abogado defensor y ex ministro de Justicia, Luis Bates, la secretaria de Estado llegó pasadas las 17:00 horas al Palacio Ariztía en Santiago, para entregar la carpeta de 190 páginas que contiene los fundamentos que a su juicio invalidan el libelo de la derecha.
Es así como uno de los argumentos principales de la defensa de Provoste para contrarrestarla es la "cuestión previa", esto es que la acusación en sí no obedece a los requerimientos que la Constitución establece para presentar un requerimiento de este tipo.
Según planteó Luis Bates, el documento de su defendida se articula en 9 títulos, en cada uno de los cuales se desechan las aseveraciones de la oposición contra la ministra Provoste. Asimismo, al documento se adjuntaron varias carpetas que contienen los anexos sobre los cuales se fundamenta el rechazo a la acusación.
El trámite no duró más de 15 minutos, tras lo cual la titular de Educación habló con la prensa para reafirmar su inocencia y seguridad de que la resolución que tome la comisión que preside el diputado PPD, Eugenio Tuma, la favorecerá.
Ya recibida la argumentación, la instancia legislativa tiene un plazo de 6 días para analizarla junto al libelo y pronunciarse al respecto, tras lo cual la Cámara Baja en pleno deberá votarlo a favor o en contra.
Para que se apruebe la acusación se requiere el respaldo de la mayoría de los diputados presentes en la sala. Si ello ocurre, la ministra Provoste quedaría suspendida de sus funciones hasta que el Senado defina su destino que en caso de seguir esa eventual lógica, de destituiría, quedando inhabilitada para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años.