La fragilidad del sistema de transporte de Santiago quedó una vez más en evidencia luego de que ayer -a partir de las cinco de la mañana- pequeños grupos de choferes sindicalizados de las empresas Alsacia y Express comenzaran a impedir el normal funcionamiento de unos seis recorridos troncales de Transantiago, bloqueando terminales en Puente Alto, Maipú y Pudahuel.

La movilización por condiciones de trabajo (extensión de hasta doce horas de la jornada laboral, ausencia de baños y el pago de horas extras) se extendió hasta pasadas la nueve de la mañana, y pese a la mínima cantidad de manifestantes -entre 20 y 30 conductores, según señalaron el Gobierno y las empresas-, logró afectar el normal flujo y la oferta de transporte en nueve comunas de la ciudad, impactando a 80 mil personas, que en algunos casos debieron esperar más de cuarenta minutos por micro, o bien, sobrecargó el Metro.

La respuesta del Gobierno fue contundente. Primero por la acción de Carabineros, que ante el segundo bloqueo de la salida o pinchazos de ruedas desalojó los terminales y detuvo a al menos ocho conductores. Después vino la unánime condena por la forma en que los choferes intentan resolver sus legítimas reivindicaciones. Casi al unísono, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, y el titular de transportes, René Cortázar, fustigaron la movilización. "No es aceptable que un grupo pequeño de personas bloquee los terminales e impida los servicios de 80 mil ciudadanos que requerían el transporte público esta mañana. Esto, en un Estado de Derecho no es aceptable", declaró Cortázar. "Si tienen demandas específicas con sus empresas, el método no es sacrificar a la población de nueve comunas de Santiago. Si están obstaculizando el tránsito, vamos a caer sobre ellos", lanzó Vidal.

De paso, en La Moneda enrostraron a los conductores. "No puede ser más injusto, porque nunca han estado mejor ahora. No los asaltan ni los matan, tiene mejores remuneraciones y menos estrés", enumeró Francisco Vidal, quien encontró eco en el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, y en las empresas privadas que pidieron a la autoridad "imponer orden y seguridad" -como indicó Express-, para garantizar el transporte público. Gobierno y empresarios anunciaron acciones legales contra los trabajadores.