Si el Tribunal Constitucional falla contra el uso de los dispositivos intrauterinos, ¿las mujeres se tendrán que sacar la T de cobre? El ginecólogo del Ministerio de Salud (Minsal) René Castro se encoge de hombros y no sabe qué responder. No le cabe en la cabeza que este organismo pueda pronunciarse en contra de un mecanismo utilizado desde el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y que ni siquiera fue eliminado durante la dictadura militar.

Castro es el encargado del Programa de Salud de la Mujer del Minsal y sabe que la prohibición de la T sería un duro golpe a las políticas de fertilidad de los últimos 40 años. ¿La razón? Hasta diciembre de 2007, más de 1,16 millones de mujeres son parte del Programa de Regulación de la Fecundidad del ministerio, de las cuales 545 mil usan este DIU, que tiene una vida útil de 12 a 15 años.

La T es un dispositivo plástico –enrollado en hilo de cobre– que es considerado abortivo por un grupo de parlamentarios de la Alianza, que el año pasado presentó un requerimiento al TC contra las Normas de Regulación de la Fertilidad del Gobierno, y que también objeta la distribución de la píldora del día después.

“Si el dispositivo fuera abortivo, cómo explicamos que haya mujeres que se embarazan con el dispositivo y que incluso llegan hasta el final del embarazo con la T puesta”, dice Castro.

ESTAMPIDA EN LOS CONSULTORIOS

El ginecólogo sostiene que la eliminación de los DIU podría provocar una estampida de las mujeres que asisten a los consultorios, tal como ocurrió en 1978, cuando se hizo un llamado a aumentar la familia por razones geopolíticas, en pleno conflicto con Argentina, medida que se malinterpretó, pero que podría provocar el mismo efecto después de un fallo adverso del TC.

“Yo era médico en ese entonces y muchas mujeres me decían que no querían ir al consultorio porque tenían temor a que les retiraran los dispositivos. La población sabía la ventaja de tener un método anticonceptivo y por temor dejaron de ir a los consultorios, costó mucho para que volvieran”, recordó Castro.

En caso que se elimine la entrega de los DIU y la pastilla, el ministerio tendrá que potenciar los métodos hormonales que utilizan 555 mil mujeres y los preservativos, aunque éstos son usados en mucha menor proporción –no se solicitaron más de 60 mil unidades en 2007.

Otro de los impactos que se derivarían de una resolución negativa del TC es el aumento de las esterilizaciones. Solución drástica que no tiene la reversibilidad de un dispositivo. “A lo mejor, muchas mujeres decidirían esterilizarse, porque no le darían seguridad las pastillas o han tenido mala experiencia con ellas. Si toma esta decisión, tiene que tener claro que es definitivo”, explicó.

PÍLDORAS EN CARPETA

Para la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), ONG que desde 1965 trabaja en políticas de planificación familiar, el TC debería pronunciarse en contra de los diputados conservadores, debido a la evidencia científica que demuestra que ambos métodos no son abortivos. “Sin embargo, de no ser así, apoyaremos iniciativas tendientes a hacer prevalecer el derecho a decidir cuál de ellos usar por parte de las personas”, señaló Aprofa.

“Existe evidencia que en ninguna sociedad ha sido posible terminar completamente con el riesgo de embarazos no deseados, sea por el inadecuado uso de métodos, falla de los mismos, no acceso, o bien como consecuencia de la violencia sexual contra las mujeres. Por lo que una medida como la planteada generaría consecuencias gravísimas en mujeres adolescentes jóvenes y adultas en la esfera de la salud sexual y reproductiva, trastornos en el desarrollo de sus proyectos vitales y en el de los niños y niñas. Es razonable pensar también que dado el volumen de estas situaciones, cuando no sea posible impedir la fecundación, llevará a un inevitable incremento de abortos inseguros”, advirtió el organismo.

“Ninguna investigación ha demostrado que la píldora sea abortiva, incluso las más recientes. Esto es para mí un intento de dictadura moral, donde unos pocos deciden obligar a la gente; eso es inaceptable en una sociedad como la nuestra”, afirmó Horacio Croxatto, presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

Aprofa promueve hoy un conjunto de métodos anticonceptivos y se encuentra realizando los trámites para obtener un registro sanitario definitivo para el Optinor, píldora del día después importada y para la cual esperan la pronta aprobación del Instituto de Salud Pública.

Sin embargo, en caso de no poder legalizarla por una resolución adversa del TC, habrá que esperar que el doctor Croxatto termine de fabricar una nueva píldora del día después, que no tendrá el polémico levonorgestrel 0.75, cuestionado por los diputados de la Alianza, sino que será a base de una droga común.

Croxatto señaló que están probando el nuevo fármaco, pero no estará listo antes de dos años en el mercado nacional, si es que alguna empresa farmacéutica se interesa en producirlo. El médico sostuvo que las razones que lo motivaron a buscar un nuevo medicamento que no pueda ser objetado son científicas y de orden social.