El viernes 14 de marzo por la noche, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, pensaba tomar un avión a Europa junto a su pareja, la concejala de Lo Prado Viviana Paredes. Sin embargo, el viaje debió suspenderse. Ese día el edil recibió un oficio del fiscal adjunto de la zona, Mauricio Vergara, con una serie de preguntas relativas a presuntas irregularidades en la venta de permisos de circulación. Hasta ahora la fiscalía mantiene bajo siete llaves los resultados de la investigación que involucra a personal del municipio. Además, el Ministerio Público remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Olavarría, finalmente, voló a España el martes 18 y regresó esta semana para participar en la Fiesta de Cuasimodo, que se celebra hoy. En el viaje, que incluyó unos días en París, el alcalde no pudo desconectarse. Tuvo que encender el teléfono para contestar las acusaciones de la concejala Alejandra Bravo (ex DC), que aprovechó los escándalos que tocan a los municipios gremialistas para resucitar una vieja denuncia que estaba dormida hace cuatro meses en la Contraloría: un contrato con Chilectra que supera los tres mil millones de pesos.

El alcalde acusó a Bravo, vinculada al sector de Adolfo Zaldívar, de iniciar una campaña "sucia" para quitarle el sillón en las municipales. Paralelamente, Olavarría calificó de "show mediático" la fiscalización de Bienes Nacionales que dejó al descubierto el arriendo de un terreno fiscal para la construcción de un supermercado Tottus en la comuna. De cualquier forma, los hechos son contundentes y sustentan dichas denuncias. Mañana, cuatro funcionarios de Contraloría, dos del Departamento de Inspección y dos de Auditoría, se instalarán en las oficinas del municipio.

Uno de los que se frotan las manos con este escenario es el concejal DC Nicolás Pavez. En noviembre, el edil denunció en una nota publicada por LND que la licitación con Chilectra para la instalación de nuevas luminarias y un sistema de ahorro de energía era irregular. "Se acordó adjudicar a Chilectra con el argumento de que era el único proveedor, en circunstancias que en varias comunas se ha hecho lo mismo con diferentes empresas. Por ejemplo, Elecnor ofrece exactamente el mismo sistema", asegura Pavez. Un contrato de similares características es impugnado en la Municipalidad de Huechuraba.

Olavarría se defendió esta semana asegurando que "no existe ningún contrato firmado". Pero el Decreto Municipal E 1282/2007 del 2 de octubre consigna que el consejo aprobó firmar el contrato con Chilectra por un monto de 3.128 millones de pesos. "Deben estar muy nerviosos para decir que el contrato no está firmado, ellos saben que está mal", advierte el concejal DC. El jueves, junto al diputado DC Gabriel Silber, Pavez se entrevistó con el contralor Ramiro Mendoza.

"FUERON POCO ACUCIOSOS"

Desde el propio partido del alcalde, el concejal Max Coloma (UDI) hace una autocrítica al afirmar que él y sus colegas fueron poco acuciosos. "En un contrato de esa envergadura, naturalmente debió haber habido una licitación pública. Técnicamente, creo que hay un déficit tremendo para el municipio", advierte. Según sus cálculos, el sistema de "doble ballast" debe costar poco más de un tercio de la suma convenida. Coloma, vecino y amigo del alcalde, le mostró la diferencia, pero "él me explicó que además se instalarían cámaras de seguridad; después de eso, el tema se diluyó", cuenta.

Además, el alcalde justificó el único proveedor con un informe en derecho del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, el bufete donde trabaja Cristián Olavarría, hermano del alcalde, y del cual también fue socio Ramiro Mendoza antes de asumir como contralor general de la República.

Coloma confía en la inocencia del alcalde "hasta que se demuestre lo contrario", y asegura que "a Mario le pasó lo mismo que a Carlos Massad en el Banco Central, se rodeó de asesores malos". En este grupo, según fuentes del municipio, está Domingo Soto López, jefe de gabinete del alcalde. "Él es Iñaki Busto de Colina", dice Alejandra Bravo, comparándolo con el otrora exitoso asesor municipal del gremialismo del que hoy todos reniegan.

Soto llegó a Colina en el año 2000 desde la Municipalidad de Providencia, "donde limpiaba las piscinas", según la concejala Bravo. En el feudo de Olavarría que había sido concejal de Providencia fue adquiriendo rápidamente más poder, como lo demuestran diversos documentos a los que tuvo acceso LND relativos a contratos y proyectos inmobiliarios, todos con copia para él, cuya función debería limitarse a poco más que manejar la agenda del alcalde. Pero, lejos, los papeles que despiertan más sospecha son los depósitos bancarios de diversas automotoras a la Corporación Privada Colina, una institución sin fines de lucro dedicada a promover actividades artísticas. Los depósitos en la cuenta de la corporación en el BCI por diversos montos están a nombre de Domingo Alberto Soto López. En el municipio cuentan que esta corporación se encargaba de tramitar la inscripción de patentes en el Registro Civil de todos los permisos de circulación de Colina, materia que precisamente investiga el Ministerio Público.

El primer nexo con un contrato municipal de este funcionario data de 2005, cuando se licitó un proyecto para la mantención de luminarias, adjudicado a la Sociedad de Montajes y Construcción Eléctrica Limitada. Domingo Soto entró a esta sociedad el 9 de abril de 2005 a través de Servicios Integrales de Asesorías Capacitación y Desarrollo S.A.

En enero de este año, la Contraloría desestimó una presentación del concejo de Colina que cuestionaba una licitación a la agencia Publidigital, por 95 millones de pesos, para hacerse cargo del sitio web de la comuna. "La Contraloría dijo que no se metía en valores de mercado, mientras que en el tema del aeródromo Los Cerrillos sí lo hizo. Es un informe tibio", acusa Max Coloma.

El contrato publicitario fue adjudicado al estudiante de segundo año de diseño y ex funcionario municipal David Molina, y el nexo de Domingo Soto es a través de su mujer, Patricia Sandoval Basaure, que figura como socia en Publidigital. De cualquier forma, el patrimonio de Soto no es el de cuando empezó como jefe de gabinete. Ante notario aparece pagando una casa de 74 millones de pesos al contado.

"Estoy de acuerdo con Lavín, la corrupción no debe institucionalizarse; si no, puede afectar la viga maestra de la UDI y hacerles perder alcaldes emblemáticos. El partido no resistiría otro Caso Spiniak", sostiene Coloma. Pero, por los antecedentes disponibles en Colina, la telaraña recién empieza a desmadejarse. LND