Una carrera de diez años como funcionario de la Contraloría General de la República se acabó en un par de horas para Hugo Castillo Aguilera. El 17 de marzo, Castillo renunció a su cargo como subjefe de Auditoría Administrativa de la institución, apenas el diputado PS Fulvio Rossi llegó a la oficina de Ramiro Mendoza y le mostró una serie de documentos, entre ellos depósitos bancarios, hechos por la consultora Syscade en la cuenta del funcionario. Los montos eran iguales a los que la consultora, con domicilio en Irarrázaval 2821, recibía por distintas asesorías de las municipalidades de Putaendo, Lo Prado, Santa María y Huechuraba.

Según el comunicado de prensa emitido ese día por la Contraloría, Castillo dejó el puesto al que había ascendido en diciembre del año pasado "para no entorpecer la investigación" ordenada por Mendoza.  

Aunque en el comunicado dice que aún queda por "establecer la autenticidad de los documentos bancarios" presentados por Rossi, un informe en derecho elaborado en la bancada socialista de la Cámara y enviado al Consejo de Defensa del Estado, establece que Castillo habría recibido "pagos a fin de omitir labores de fiscalización del organismo contralor, así como pagos por la entrega de información concreta reservada". Aunque el informe contiene un lenguaje muy cuidado, incluye las palabras "cohecho" y "soborno", y solicita al CDE hacerse parte en la investigación que deberá iniciar el Ministerio Público.  

 "El mecanismo era que una empresa le prestaba servicios a estos municipios de acuerdo al monto establecido y la misma empresa depositaba en la cuenta de Castillo en el Banco de Chile", explica Rossi.  

Revisando las facturas emitidas por Syscade se puede establecer un monto aproximado de 20 millones de pesos depositados en la cuenta de Hugo Castillo entre los años 2003 y 2004, cuando el funcionario era subjefe de auditoría, pero en la División de Municipalidades.  

Si bien al interior de la Contraloría existe sorpresa por estas acusaciones que involucran a un funcionario, que gozaba de la confianza del contralor y que desde 1999 integraba la plana mayor del organismo, otras fuentes asocian el estallido del escándalo a la función de Castillo en la investigación que dio origen a la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste. "Es seguro que a Rossi le filtraron esa información para perjudicar a Castillo, quien ayudó a redactar el informe de las subvenciones", afirma una fuente de la Contraloría. Lo cierto es que la renuncia del funcionario llega en el mejor momento para la Concertación, que ha logrado concentrar la atención en la crisis de los municipios controlados por la UDI, relegando a un segundo plano la situación de la ministra de Educación, cuyo futuro podría resolverse esta semana. Por el momento, Castillo, de profesión ingeniero comercial, está refugiado en su casa de la calle Monja Alférez de San Miguel.