Recoleta: El origen del mal

Es probable que aquí esté el germen de la triangulación de dinero que la Contraloría busca establecer entre los municipios investigados y GMA.

En este municipio se originó la empresa y quizá por eso el organismo fiscalizador envió a seis funcionarios para investigar, especialmente las relaciones entre la consultora cuestionada y Rush, creada por el alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, y su ex jefa de gabinete Jenny Acevedo en tiempos en que ella era representante legal de GMA.

"Pedimos que se investigara la posible duplicidad de contratos y el verdadero uso de la ficha vecino, que creemos se está ocupando casi militarmente", advierte la concejala Francisca Zaldívar, que la semana pasada declaró por más de dos horas frente al fiscal Sebastián Hamel Rivas, a cargo de la investigación sobre Recoleta en la Contraloría.

El jueves, Jenny Acevedo y Jaime Jullian, socio de GMA, declararon por varias horas ante el fiscal Hamel. Aún falta que declaren los directores de área, y en el caso de Recoleta hay un plazo de 15 días para entregar el primer informe.

Colina: Formalización inminente

Frente al inspector de Contraloría Carlos Rivas, el concejal DC por Colina Nicolás Pavez debió relatar desde el principio la denuncia que había hecho en noviembre sobre un contrato irregular por 3.128 millones de pesos entre la municipalidad y Chilectra.

También respondió preguntas sobre las negociaciones que terminaron en el arriendo por 30 años de un terreno fiscal al supermercado Tottus.

Las funcionarias Luz María Gómez, y María Elena Fuentes, del Departamento de Auditoría, y el propio Rivas, del Departamento de Inspección, están hace una semana en la municipalidad y se han instalado hasta en el escritorio del alcalde a buscar papeles que permitan establecer la verdad de los hechos que se han denunciado.

El fallo sobre Chilectra debería aparecer esta semana, según fuentes de la División Jurídica de la Contraloría, y le daría la razón a Pavez, quien ya inscribió su candidatura a alcalde. Pero eso no es lo que más ocupa a los fiscalizadores.

Por el contrario, el equipo está de cabeza tratando de establecer el verdadero rol del jefe de gabinete del alcalde, Domingo Soto, cuyo sueldo no supera los 1,8 millones de pesos, pero en cuyo patrimonio se han podido acreditar propiedades avaluadas en 270 millones de pesos.

Los números no cuadran porque su trabajo anterior fue la mantención de las piletas en Providencia, labor por la que no habría juntado esa plata ni siquiera en 100 años de trabajo.

La lupa del ministerio público está también sobre el rol de Soto en la Corporación Privada de Colina, una institución sin fines de lucro. Se ha logrado acreditar que existen depósitos bancarios desde distintas automotoras a la cuenta de la corporación, pero a nombre de Soto.

También se rastrean las siete sociedades en las que el funcionario participa junto a Lorenzo Villalón, que ha prestado servicios en Colina a través de Globalexpress, involucrada precisamente en la venta de permisos de circulación.

Desde la Fiscalía Centro Norte ha trascendido que la formalización a Soto es inminente. Lo que aún no se sabe es cuánto involucran los resultados de la investigación al alcalde Mario Olavarría.

Por último, la Contraloría investiga el uso irregular de 15 millones de pesos derivados de la fiesta organizada el 18 de septiembre.

Huechuraba: Buscando la hebra política

En la oficina que ocupaba Ignacio Urzúa, ex secretario de Planificación de la Municipalidad de Huechuraba, están instalados cuatro funcionarios de la Contraloría General de la República. Patricia Lara, Marcos López, Mario Santibáñez y Edmundo Pérez, jefe de la División de Municipalidades, rastrean durante jornadas de diez horas diarias el posible desvío de fondos para financiamiento electoral.

Precisamente Ignacio Urzúa aportó antecedentes en este sentido al entregar datos sobre la licitación a Servicios Integrales por 14 millones de pesos, para realizar un "estudio de impacto sobre los planes comunales".

El ex hombre de confianza de Carolina Plaza quien también fue apuntado por la alcaldesa en su denuncia por "falta de probidad" estuvo cinco horas en las oficinas de Teatinos 56.

Trascendió que en su declaración afirmó que Isaac Givovich, yerno de Lavín, también estaba al tanto de esta licitación que se cerró sólo con una oferta y que Cristián Gore, el administrador municipal, no pudo explicar de manera convincente cuando fue consultado por LND el 14 de marzo.

En este paquete de supuestos fondos de campaña también se investigan los contratos de GMA y cómo están conectados con los convenios del mismo tipo en Recoleta. El viernes se supo que la Contraloría ya envió un informe al Ministerio Público que da cuenta de delitos cometidos desde GMA en Huechuraba.

Givovich, quien está esperando comparecer ante los fiscales José Ramírez e Iván Millán, que investigan las denuncias de Carolina Plaza, ha ido a declarar en tres ocasiones a la Contraloría, y en todas ha estado más de dos horas. Las preguntas se relacionan directamente con el posible uso político de dinero y el tráfico de influencias.

El ex jefe de Informática ha aportado datos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en torno a la licitación de servicios telefónicos, incluida la famosa grabación que Carolina Plaza llevó a tribunales para probar sus acusaciones de que el yerno de Lavín habría influido para favorecer el contrato con GTD Manquehue.

Sin embargo, cercanos a Givovich afirman que la conversación grabada sería en relación a Telmex y no GTD, como asegura la alcaldesa, lo que echaría abajo la tesis de la edil. Quien sustenta esta versión es Ignacio Urzúa, el ex funcionario de Huechuraba, que hace dos semanas dijo a "La Tercera" citando a un ejecutivo de Xteam (Philip Michell) que durante la evaluación de la oferta se habían recibido presiones para favorecer a la empresa mexicana Telmex.

En este sentido, cercanos a la indagatoria aseguran que en la investigación, Cristián Gore, el administrador municipal, sería el más complicado. Y se estaría tratando de probar si efectivamente falsificó una firma en el acta de apertura de la licitación para favorecer a la nacional chilena GTD Manquehue.

Esta semana también llegaron a declarar los concejales de la Concertación que han patrocinado denuncias. Los testimonios entregados por los ediles han sido contrastados con los papeles en torno a la construcción del liceo Diego Portales. Los enviados de Contraloría buscan aclarar por qué se gastó el doble en un proyecto que costaba 600 millones de pesos y además si se hicieron pagos extras o no a la constructora de Carlos Abel Soffia, empresa que no cumplió el contrato y es acusada por la alcaldesa de entregar facturas falsas.

Otra arista que la Contraloría investiga es la rendición de gastos del viaje que Carolina Plaza realizó a París junto a su colega de Recoleta, Gonzalo Cornejo, y la concejala UDI de Huechuraba Valentina Egert en 2004. Hasta ahora, las versiones señalan que se habrían rendido como gastos municipales artículos que no se relacionan estrictamente con la gestión municipal. Cuestión que deberá ser aclarada cuando finalice la investigación.