Una investigación por unos veinte casos de fusilados tras el golpe militar de 1973, que no corresponderían a ejecutados políticos, inició por oficio la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista.
La causa fue abierta por la magistrada luego de recibir -en el curso de anteriores procesos de DD.HH- diversos antecedentes y certificados de defunción de sujetos muertos por impactos a bala.
De acuerdo al abogado Joseph Beraud, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que se hace parte en la investigación que recién se inicia, la investigación comprende los casos de alrededor de 20 personas.
Las víctimas corresponderían a delincuentes comunes y de minorías sexuales, fusilados en distintas fechas en los terrenos donde ahora está emplazado el Cementerio Metropolitano, en el sector sur de la capital. Posteriormente fueron derivados al Servicio Médico Legal y enterrados en el Cementerio General.
La responsabilidad de estos crímenes sería de Carabineros o de efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo, lo cual deberá ser esclarecido en el curso de la investigación.
