La defensa de la ex presidenta argentina "Isabelita" Perón alegó hoy ante la Audiencia Nacional que la Justicia argentina no puede juzgarla porque es una ciudadana española y porque además su estado de salud es precario.

Durante la vista celebrada hoy en la Audiencia Nacional para estudiar la extradición a su país, el abogado de María Estela Martínez de Perón se opuso a la entrega de la ex presidenta a Argentina, por considerar que este país no tiene jurisdicción para encausarla, según informaron fuentes jurídicas.

El otro argumento en contra de la extradición fue que se trata de una persona de avanzada edad (77 años) y que su estado de salud desaconseja un traslado a Argentina, añadieron las fuentes.

La ex presidenta, que no quiso hacer declaraciones a los periodistas, salió por su propio pie de la sede de la Audiencia Nacional después de comparecer ante la sección segunda de la Sala Penal de este tribunal, que preside el juez Fernando García-Nicolás y que se pronunciará sobre la extradición en el plazo de una semana.

El fiscal de la causa, Pedro Rovira, se declaró a favor de que la ex presidenta argentina sea juzgada en su país, donde la Justicia ha emitido dos peticiones paralelas de extradición.

Una de ellas responde a una solicitud del juez Héctor Acosta, de la provincia de Mendoza, quien acusa a la ex presidenta de la desaparición del militante político Héctor Fagetti y la detención y torturas del Jorge Valentín Betón en 1976.

El magistrado considera que estos hechos fueron avalados por tres decretos firmados en 1975 por el gobierno de la viuda de Perón que habilitaron a las fuerzas de seguridad a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" de izquierda.

En la causa por la desaparición de Fagetti, quien fue visto por última vez el 10 de marzo de 1976, poco antes del golpe de Estado que derrocó a la ex presidenta, también están involucrados otros miembros del gabinete de Martínez, como los ex ministros Carlos Ruckauf (Trabajo) y Antonio Cafiero (Economía).

También los ex titulares de las carteras de Defensa Tomás Vottero, de Relaciones Exteriores Manuel Arauz Castex y de Bienestar Social Carlos Emery, así como el entonces ministro del Interior, Angel Federico Robledo, ya fallecido.

La solicitud de Acosta derivó en la detención de "Isabelita" el 12 de enero de 2007 en su domicilio de Villanueva de la Cañada (cerca de Madrid), donde reside desde 1981, por orden del juez Juan del Olmo, quien decretó libertad provisional para la ex presidenta.

Dos semanas después, Del Olmo comunicó a María Estela Martínez la segunda orden de detención librada contra ella en su país, relacionada con su presunta responsabilidad en los crímenes de la "Triple A", que investiga el juez Norberto Oyarbide.

Oyarbide investiga las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina, a la que se le atribuyen 1.500 atentados y asesinatos de opositores y militantes de izquierda entre 1973 y 1975.

El magistrado dictó la prisión preventiva de "Isabelita" y de los ex policías Juan Ramón Morales, Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Almirón, quienes fueron jefes de esta organización parapolicial que actuó bajo el paraguas del Estado.

Almirón, que fue la "mano derecha" del fallecido José López Rega -ministro del Gobierno de María Estela Martínez de Perón y creador de la Triple A- fue extraditado el mes pasado por el Gobierno español para responder de las acusaciones de delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante los primeros años 70.

La Audiencia Nacional había dado luz verde en enero a su extradición a Argentina tras considerar suficientes las garantías de las autoridades argentinas de que si el reclamado fuese condenado, la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad.

Más recientemente, el pasado 31 de marzo, fue extraditado, a petición del juez argentino Sergio Torres, el ex militar Ricardo Miguel Cavallo, que será juzgado en su país por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976- 1983).

Cavallo estaba encarcelado en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes del centro de tortura de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).