El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado chileno, por la precaria situación en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La entidad universitaria presentó, en noviembre pasado, recursos de amparo a favor de 278 jóvenes infractores de la ley que se encontraban recluidos en los centros de Puerto Montt (Décima Región), Lihuén (Quinta Región), Antuhué (Sexta Región) y San Bernardo, los que fueron rechazados. Posteriormente la Corte Suprema ratificó dicho dictamen, lo que gatilló la presentación de la denuncia ante el organismo internacional.

Los primeros recursos fueron presentados con el objetivo de "denunciar las condiciones graves de hacinamiento, segregación entre población adulta y menor de edad, la falta de programas educacionales sustantivos, la existencia de celdas de aislamiento o castigo, la falta de personas tanto cuantitativo como cualitativo" y "graves faltas de condiciones de seguridad al interior de estos centros de privación de libertad", afirmó el director del Centro de Derechos Humanos, Nicolás Espejo.

El resultado negativo de los primeros recursos presentados ante la justicia chilena fue lo que impulsó al centro a elevar esta denuncia ante la CIDH.

"Estamos confiados en que esta denuncia será acogida plenamente por la comisión y establecerá un precedente de condena al Estado de Chile por la falla estructural (del sistema)", fallas que hacen que los objetivos principales de la ley penal adolescente fallen, agregó Espejo.

"La denuncia que presentamos no sólo se refiere a hechos que han ocurrido en el pasado" sino que las malas condiciones siguen plenamente vigentes en la mayoría de los centros de privación de libertad de adolescentes de Chile, precisó.

Esta acción legal fue llevada a cabo luego de una investigación del Centro de Derechos Humanos de la universidad privada, durante la que se verificaron en terreno las carencias de los centros, las que llegan incluso a la falta o deficiencia en el suministro de agua potable, entre otros ejemplos.

"Sin un diagnóstico adecuado, sin reconocer el estado de crisis del sistema de implementación de la ley penal adolescente, difícilmente se podrá diseñar una política integral de protección" sentenció Espejo.

Los miembros del Centro esperan que esta denuncia siente un precedente y que empuje al Gobierno a mejorar las condiciones de estos centros para que así la ley 20.084, de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, pueda funcionar de manera correcta, sin mermar los derechos fundamentales de los jóvenes recluidos.