La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, desistió de aplicar a los movimientos indígenas, durante su mandato, la ley antiterrorista impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Lo anticipó hoy Rodrigo Egaña, comisionado presidencial para asuntos indígenas, durante un diálogo con la prensa extranjera en el que sostuvo que "la Presidenta ha dicho claramente que durante su gobierno no ha aplicado ni va a aplicar la ley antiterrorista".

La ley ha sido motivo de fricción y de condenas al gobierno por parte de organismos internacionales dedicados al tema indígena, debido al procesamiento de mapuches por la aplicación de una norma contra el terrorismo. La aplicación de la ley es solicitada continuamente por grandes propietarios de tierra y empresas forestales cuyos predios en la zona sur son atacados por grupos indígenas en acciones directas dentro de lo que denominan "recuperación de tierras ancestrales".

Egaña agregó que "hay procesos que vienen de antes, en los cuales se aplica la ley antiterrorista y que ya han sido sancionados en los tribunales en los cuales hay casos juzgados". Egaña informó que está en contacto con los indígenas a quienes se aplicó esta ley con anterioridad y que reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Esperamos llegar a una solución amistosa adecuada con aquellos que acudieron a la CIDH porque consideraron que fueron violados sus derechos", aseveró. "La ley antiterrorista no es una ley diseñada en función de una política indígena sino una ley general de la República para enfrentar los temas del terrorismo", explicó. Egaña informó, asimismo, que el gobierno trabaja en la solución de los problemas de fondo que originan los enfrentamientos entre propietarios y comunidades indígenas "para darles una adecuada solución al más breve plazo posible".

"Se trata fundamentalmente de demandas por tierras, en algunos casos de regularizar tierras ocupadas por comunidades (indígenas) y en otros de tierras demandadas por comunidades y cuyo tema no ha estado resuelto. Esa es una prioridad a resolver", subrayó. Egaña destacó, asimismo, la aprobación parlamentaria del convenio 169 de la OIT de reconocimiento a los pueblos indígenas, anunció que el Tribunal Constitucional ya informó positivamente ese acuerdo y sólo falta que el organismo internacional lo ratifique para que la presidenta Bachelet lo promulgue como ley. "Pero nosotros el convenio 169 es válido y trabajamos como si se hubiese promulgado", aseveró. Egaña precisó, empero, que no se dará a los pueblos indígenas ningún tipo de autonomía territorial.

"Claramente no es nuestra política hablar de autonomía ni territorial ni política de ningún grupo especial en el país. Sí queremos fortalecer el sistema político democrático y allí reconocer un espacio propio de representación para los pueblos indígenas", aseveró.

"Una república, un estado y una nación en la cual conviven pueblos distintos y donde tenemos que trabajar para mejorar esa convivencia", resumió Egaña.