"¿Busca a alguien?", le preguntó Patricia Lara, funcionaria de Contraloría, al extraño que encontró dentro de la oficina que le habían asignado a ella y al equipo que auditaba in situ los contratos suscritos por la Municipalidad de Huechuraba. "No, no busco a nadie", respondió el sujeto, y salió del lugar tranquilamente, confundiéndose con el resto de la "mucha gente que a esa hora pasa por aquí", según dijo la alcaldesa Carolina Plaza.

El incidente ocurrió alrededor de las 14 horas del miércoles. Minutos después del misterioso encuentro, Lara se dio cuenta que faltaban su notebook y el de su compañero Raúl Montecino. Su cartera, el computador de escritorio y el resto de las cosas se encontraban en perfecto orden.

La funcionaria caminó entonces hasta la oficina de la alcaldesa y, algo descompuesta, le contó lo sucedido. Carolina Plaza se puso en contacto con el mayor de Carabineros Rodrigo Salazar, al mando de la 54a Comisaría, y luego con su jefe de operaciones y encargado de seguridad, Alfonso Salgado. Paralelamente fue alertado el fiscal antirrobo José Morales, que llegó rápidamente gracias a que vive en la comuna.

En poco rato, el aire campestre del lugar, como lo describió la edil en el consejo municipal del día siguiente, mutó hacia el de una escena del crimen. Llegaron dos patrullas de Carabineros, un furgón del Laboratorio de Criminalística y un equipo de la Brigada de Delitos Económicos encabezado por su jefe metropolitano, Mauricio Briones.

Pero la guinda para los medios, apostados tras las rejas después de que la alcaldesa ordenara restringir el ingreso de personas y vehículos al edificio municipal, fue el arribo de la fiscal Sonia Rojas, jefa de la zona Centro Norte, cuya frágil figura le dio un aire de importancia a la diligencia.

El día anterior, Rojas había aparecido en todos los noticiarios durante la formalización del ex presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado Luis Ajenjo. Esta vez coordinó desde su oficina la llegada de las policías y se constituyó en el lugar acompañada de José Miguel Ramírez, el fiscal que investiga las denuncias de Plaza contra el yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich. Estas acusaciones cruzadas son, justamente, el germen de la verdadera guerra sucia que se libra en la comuna.

LA PULCRITUD DE LOS LADORENES

El robo de los notebooks ocurrió un día después de que el diario "La Tercera" filtrara parte del contenido del preinforme que la Contraloría hizo llegar a la municipalidad, y que, según los trascendidos, detectó serias irregularidades que podrían incluso dar lugar a delitos.

"Se perdió información relevante, pero lo más probable es que esté respaldada", dijo el fiscal José Manuel Ramírez, refiriéndose a los computadores sustraídos. Fuentes de la Contraloría aseguran que los datos estaban "fragmentados", de manera que sería imposible acceder, a través de los computadores, a las conclusiones de los funcionarios. Éstos informaron al día siguiente que se iban del municipio y que seguirían su investigación en las oficinas centrales del organismo.

"A quien hizo esto le digo, si nos está escuchando, que no tenga miedo, porque vamos a llegar a la verdad igual", dijo Plaza, en tono de arenga, cuando al fin habló con la prensa. Le preguntaron a quién se refería y, aunque no dio nombres, quedó claro que el llamado iba hacia el yerno de Lavín. Esa misma tarde, este último instalaba una doble chapa y un circuito cerrado de televisión en su departamento del tercer piso del condominio Bosques de la Pirámide, también en Huechuraba, donde vive con su esposa, Asunción Lavín.

El sábado 19, a las 19 horas, la pareja había ido al departamento de la familia Givovich para estar junto al padre del joven, sometido a un trasplante de corazón algunas semanas antes. "Estuvieron con él un par de horas, acompañándolo; tomaron onces y se fueron", cuenta un cercano al matrimonio.

Al volver, cerca de las 21 horas, encontraron la puerta del departamento arrancada de cuajo. Pero no robaron nada y el lugar estaba en orden. Lo mismo que ocurrió con el robo en la municipalidad, salvo porque en la oficina que ocupaban los enviados de Contraloría, según ha trascendido, no se hallaron huellas digitales.

En el edificio de los Givovich-Lavín no había cámaras que registraran el hecho, pero en Huechuraba hace cuatro años que las cámaras graban ininterrumpidamente en algunas dependencias clave, entre ellas la que fue asaltada. Salvo ese miércoles.

"Sólo estaban grabando de noche, hace cuatro días, porque el Ministerio Público nos pidió las cintas en el marco de la investigación", explicó después Carolina Plaza. Fuentes de la fiscalía, sin embargo, califican la versión como "vergonzosa". "Es como si dijera que no venden cintas en todo Santiago para poder reemplazarlas. Esa historia no la cree ni su hijo", explican.

TODOS SON SOSPECHOSOS

Es probable que ninguna de estas coartadas haya salido desde la cabeza de Carolina Plaza. En la municipalidad apuntan al jefe de operaciones, Alfonso Salgado, general en retiro de Carabineros y ex director nacional de inteligencia. Él es la persona que controla las cámaras.

De cualquier forma, el ambiente policial hace rato que envuelve a la municipalidad, y aunque la alcaldesa dice que "todos los funcionarios tienen mi confianza, aunque sean de corrientes políticas distintas", desde que estalló el escándalo se ha estrechado su "círculo de titanio".

Éste está conformado por el administrador municipal, Cristián Gore, a quien Givovich, ante el fiscal Ramírez, habría culpado de falsificar su firma en un documento clave; Valentina Egert, concejala en Huechuraba, jefa de gabinete del alcalde de Colina y amiga de la alcaldesa desde que fueron compañeras en el colegio de las Monjas Inglesas. Igual que con la directora de Obras, Carmen Gloria Zúñiga.

El grupo lo completan Carlos Norambuena, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y Carmen Cavieres, de la misma repartición. A esta última la investiga la Contraloría porque habría presionado a un par de subalternos para conseguir un permiso de circulación. Trascendió que estos antecedentes estaban en los computadores robados desde la oficina, que antes era suya. "Cavieres es la que lleva a su 'claque' a los concejos, para que la aplaudan y la defiendan de los ataques", dice una fuente del municipio.

Fue fácil comprobarlo durante el último concejo, el jueves, donde quedaron al descubierto los bandos a favor y en contra de la alcaldesa. Por lejos ganaron los primeros, mientras los que se atrevían a tocar temas conflictivos para la administración eran violentamente abucheados.

A ellos se suman los encargados de prensa Álex Hernández y Macarena Armijo, quienes nos han hecho el favor de comprar todos los ejemplares de LND en Huechuraba cada vez que se han publicado reportajes sobre la comuna.

El resto de los funcionarios son todos sospechosos. Incluso los más antiguos y leales, como el secretario municipal, Carlos Tapia. Militante socialista y cercano a Camilo Escalona, la alcaldesa "cargó con él, después de que durante años le tapó todo", según explican en la municipalidad, luego de acusarlo de "grave negligencia" en el marco de la investigación por el contrato con GTD Manquehue. Hace dos semanas, Tapia cambió la chapa de su oficina, luego que se percató de que Gore, el administrador municipal, entró a ella mientras él no estaba.

"REZA POR EL ALMA DE ISAAC"

Pero la batalla más cruenta sigue librándose entre Isaac Givovich e Iñaki Busto, su antiguo mentor. Cercanos a la investigación aseguran que el fiscal Ramírez tiene en su poder un correo electrónico enviado por Busto a Joaquín Lavín, donde el cuestionado asesor gremialista le dice al ex presidenciable: "Reza por el alma de Isaac".

Las mismas fuentes aseguran que, en su declaración, Givovich le reveló al fiscal una conversación telefónica sostenida en febrero, poco después del quiebre entre ambos, en la que Iñaki le aseguró: "Si dices algo te vas a acordar de mí el resto de tu vida". Hasta ahora, el yerno de Lavín había contado este episodio sólo a su esposa.

Givovich, a través de sus abogados, solicitó está semana protección policial, asunto que no está resuelto aún, según aseguran en la fiscalía. En el caso de Carolina Plaza, una pareja de carabineros hace rondas periódicas en el perímetro de su casa.

Por ahora, las amenazas alcanzan para todos. El jueves, en el concejo, la concejala Camila Benado (PS) recordó que interpuso una querella por las amenazas que recibió en una feria libre de parte de Marcela Plasencia, ex militante socialista y hoy funcionaria de confianza de la alcaldesa.

Plaza no se quedó atrás: "Gente vinculada a usted, señorita Camila, me amenazó cuando nos conocimos", le dijo. "Hace cuatro años amenazaron con secuestrar a mis hijos y no estoy dispuesta a pasar por lo mismo", recordó.

Sin embargo, en la municipalidad aseguran que la alcaldesa "mezcla dos cosas distintas". Hace cuatro años, en medio de una crisis conyugal, su marido, Juan Pablo Duhalde, "amenazó con quitarle la custodia de sus hijos". Y en 2005, tras la derrota de la Alianza en las presidenciales, un grupo de militantes socialistas se paró frente a su departamento y comenzó a gritarle: "Ahora te toca irte a ti". Un presagio que, algunos aseguran, podría cumplirse en los próximos meses.