Los hechos en Mehuín sorprenden por la violencia desencadenada entre dos bandos que, hasta hace unos meses, eran cercanos. Pero ahora sus posiciones parecen irreconciliables. Hemos sido testigos de una invasión con piedras, hachas y palos a la sede del Comité de Defensa del Mar, en Mississippi, y de personas que por esa acción resultaron lesionadas. El ataque de pescadores artesanales que en 2007 llegaron a un acuerdo de asistencia recíproca con Celco por nueve millones de dólares (en total), marca una fuerte división entre la gente de la zona. Mientras unos se oponen a la decisión de la celulosa de construir un ducto que evacue los desechos de su planta en Mehuín, en el mar, otros apoyan hacer un estudio de impacto ambiental que vea la viabilidad del proyecto.

Este acuerdo, ante estos hechos, perseguía un propósito que ahora se materializó: enemistar a las comunidades entre sí. ¿Aparte de Celco alguien saldrá airoso de este negocio? Las agresiones son ejemplo de la enemistad que se perseguía concretar. Hemos escuchado las denuncias de mujeres de la cocinería de la Agrupación Agro Turística Lafkenche, ilegalmente privadas de su libertad por adherentes a Celco. Se suman las amenazas de muerte a algunos dirigentes, como Boris Hualme, y la presencia desmedida de carabineros que, lejos de ayudar a dar seguridad, están para proteger a los agresores.

Hace poco se interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en favor de 51 adultos y 20 menores, que pretende salvaguardar el derecho a la vida, a la integridad física y síquica y a la seguridad individual de los habitantes de Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chanchán y Quillalhue. Hace unos días, como director del Centro de Estudios de DDHH de la Universidad Central, me reuní con los pescadores de Mehuín amedrentados. Ahora analizamos el inicio de acciones judiciales. En medio de este violento conflicto, ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué guardan silencio? La Presidenta Michelle Bachelet habló de trabajar por un nuevo pacto social y hacer de Chile un país orgulloso de su multiculturalidad. La relación entre el Estado y las comunidades indígenas debe ir más allá de los discursos y traducirse en acciones concretas que contribuyan a restituir las confianzas. El silencio, en nada ayuda.

La confianza no se reconstruye con frases como la del intendente Iván Flores: "Lo que una empresa privada acuerde con otros privados está en el ámbito de lo privado y el Gobierno y el Estado no pueden intervenir". Flores no ha captado al parecer que este conflicto dejó de ser un simple acuerdo entre privados. Se está ante una guerra sucia en que los adherentes a Celco abrazan la violencia para proteger intereses de la empresa. Comparto la declaración del vocero del Comité de Defensa del Mar y werkén lafkenche, Boris Hualme: "Lo dicho por el intendente demuestra el doble discurso del Gobierno. Repite lo mismo que viene diciendo el Gobierno a lo largo de todo este conflicto: aquí no pasa nada, bajándole el perfil a la gravedad que tiene. Cuando dicen que esto es un conflicto entre privados se demuestra que no tienen ninguna intención de hacerse cargo de este conflicto".

Aquí están en juego el orden público, la tranquilidad y la vida de los habitantes de Mehuín; además, el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la preservación de especies para el sustento de muchos habitantes de la República.