
Martes 29 de abril de 2008
Los pasos en falso del último tiempo en el aparato gubernamental indican a las claras que la incompetencia, el desorden y la falta de rigor tienen un alto costo político. Para qué decir el daño que puede provocar la desaprensión moral. Hay que extraer lecciones de estos episodios para corregir sobre la marcha las fallas de conducción que los hacen posibles.
Deben ser obviamente más estrictas las normas sobre el uso de los autos fiscales, pero ello es sólo la manifestación de un problema de fondo: la confusión de algunos funcionarios de confianza acerca de las exigencias que les impone el cargo. Es como si nadie les hubiera dicho cuán seria es la responsabilidad que asumieron y la obligación que tienen de cumplirla recta y dignamente.
Mientras más cerca de la Presidenta estén los funcionarios que cometen errores de bulto, más graves son las ondas sísmicas. El control de calidad en este ámbito no debe dejar espacio a la indulgencia porque es la propia institución presidencial la que puede verse afectada. Esa es la enseñanza del Hospital de Curepto y también de lo ocurrido con el jefe de la escolta presidencial.
El verdadero reto es lograr una gestión de excelencia. No sirven de mucho los grandes planes si su puesta en práctica queda en manos de funcionarios ineptos, que carecen de credenciales profesionales, ignoran los fundamentos de la administración moderna o no tienen criterio para usar bien los recursos públicos. Las líneas de trabajo pueden estar correctamente diseñadas, pero si el trabajo mismo se hace mal, el resultado es el fracaso.
Ya hemos visto todo lo que acarreó el hecho de que el Ministerio de Educación no contara con los equipos humanos adecuados y fuera sobrepasado por la tarea de administrar diligentemente el mayor presupuesto de su historia. Es de esperar que la ministra Mónica Jiménez despeje las zonas grises que dejó el triste capítulo de las subvenciones escolares y que su conducción del Mineduc demuestre, en los hechos y no sólo en los discursos, que la preocupación del Gobierno es elevar la calidad de la educación financiada por el Estado.
No pocos hospitales muestran gruesas falencias de gestión, lo que necesariamente provoca inquietud sobre la labor del Ministerio de Salud. Lo ocurrido en el Hospital San José fue visto por todos los chilenos y la única conclusión que puede sacarse es que hay personas que no están haciendo bien su trabajo en esa cartera, una de cuyas responsabilidades es asegurar el óptimo funcionamiento de los hospitales y consultorios.
En cualquier área los defectos de gestión son reprobables, pero lo son mucho más en aquellas que atienden directamente las necesidades de la población y en las que están puestas las mayores esperanzas de materialización del programa de protección social.
¿Va a estar todo dispuesto para el pago de la pensión solidaria en julio? Allí no puede haber falta de prolijidad. Lo primero que se requiere, para evitar bochornos, es informar debidamente acerca de quiénes tendrán derecho inmediato a ese beneficio y cómo se pagará.
El balance final del Gobierno de la Presidenta Bachelet depende de que, en los 22 meses que quedan, se produzca un visible mejoramiento de la gestión del Ejecutivo, lo cual remite obligatoriamente a la perspectiva de modernización del Estado enunciada por el ministro Edmundo Pérez Yoma el 8 de abril.
No se puede hacer todo al mismo tiempo ni eliminar de una vez el lastre acumulado (¿sobran ministerios?), pero hay que mostrarle al país una vía modernizadora que, aunque fije objetivos estratégicos, empiece de inmediato a combatir la inercia burocrática, introduzca mejores métodos de gestión, incorpore nuevas tecnologías y, especialmente, seleccione mejor el personal.
Si la modernización del Estado implica que los partidos de Gobierno tengan menos militantes en los cargos públicos, que así sea. El país necesita servidores probos y competentes, que respondan por sus actos.
Hay que poner fin al cuoteo desquiciador. Esto supone que el Gobierno rompa con las servidumbres que derivan del hecho de que los senadores y diputados reivindiquen "su cuota" de seremis y jefes de servicio en cada región, o de que las ternas para llenar un cargo lleguen sólo con un nombre (respaldado por algún cacique). Esos vicios deben ser extirpados.
Si La Moneda apuesta resueltamente por el buen Gobierno, los ciudadanos sabrán apreciarlo.