Como un peligro para la sociedad fueron considerados por la  Corte de Apelaciones de Valparaíso los seis oficiales de la Armada procesados por el crimen del sacerdote inglés Miguel Woodward, luego del golpe de Estado de 1973, en el Buque Escuela Esmeralda por lo optó mantenerlos en prisión.

Se trata de los almirantes Sergio Barros y Guillermo Aldoney Hansen, el vicealmirante Adolfo Walbaum, y los oficiales Juan McKay, Ricardo Riesco y el doctor Carlos Costa, todos en retiro.

Por tres votos contra cero, los ministros Julio Miranda, Mónica González y el presidente del tribunal, Manuel Silva, dejaron sin efecto la decisión de otorgarles la libertad bajo fianza que les concedió ayer el juez Luis Alvarado, que subroga a la jueza con dedicación exclusiva del caso, Eliana Quezada.

La abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, explicó que "por la gravedad de los antecedentes de la causa, porque constituyen un delito de lesa humanidad y, tras recoger todos los argumentos dados por las partes, se les consideró un peligro para la sociedad".

En un hecho inédito en casos de violaciones a los derechos humanos que involucra a la Marina, el pasado 18 de abril la jueza Quezada procesó y dictó orden de detención en contra de los seis uniformados.

Todos ellos fueron sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Marina, responsables de la represión en Valparaíso y de numerosas detenciones.