Entre las varias propuestas contenidas en el informe de la Comisión de Trabajo y Equidad, una parece ser la más determinante, la cuestión del poder. ¿Cuánto poder, para quiénes y para qué?
En esto, la propuesta de institucionalizar un Consejo Económico y Social ha resultado ser un parteaguas en la Comisión. Hubo quienes optaron por fortalecer la organización y la acumulación de los intereses sociales en una democracia participativa, y quienes, en su reverso, se inclinaron por mantener la fragmentación y vulnerabilidad del tejido asociativo, en presencia del régimen presidencialista.
Así pues, los primeros propusieron un organismo consultivo de no más de 30 miembros procedentes de los ámbitos sindical, empresarial y de la sociedad civil, que, a través de dictámenes e informes, expresara su opinión al Gobierno y al Parlamento sobre materias económicas y sociales. Lo plantearon persuadidos de que hace falta diálogo.
De que hace falta restablecer confianzas entre los interlocutores del diálogo. De que deben ser escuchados sectores que, hoy por hoy, carecen de voz porque no están en la mesa de los debates.
Pero, sobre todo, lo hicieron convencidos de que se necesita una institucionalidad que, más allá de los gobiernos y de los avatares de la coyuntura, mantenga la perspectiva de las estrategias de desarrollo. Convencidos de que así se verá incrementado el capital social, y el país podrá asumir de mejor forma los riesgos de conflictividad social que se ciernen en el horizonte.
Al otro lado, los detractores no ven la utilidad práctica que puedan prestar los consejos económicos y sociales en la generación de pactos sociales. No sólo eso. Sospechan de sus orígenes y de su historia. Los vinculan a una tradición ideológica corporativista que, cuando no ha sido fruto del autoritarismo, lo ha sido del parlamentarismo.
En todo caso, hablan de un corporativismo en abierta pugna con la democracia representativa a la que definen como el conjunto de individuos capaces de celebrar pactos, esto es, de suscribir contratos individuales. Luego, descreen también de las organizaciones sindicales y empresariales, a las que atribuyen escasa representatividad. En su lugar, reivindican la superioridad política del ciudadano y de la voluntad general a la que éste concurre.
Y custodian más allá de lo razonable las prerrogativas del Parlamento, última instancia de deliberación pública, dicen, donde se filtran y universalizan los intereses ciudadanos. Concluyen de ello que este corporativismo sólo conseguirá despolitizar y debilitar al Congreso Nacional hasta su total deslegitimación.
Parece excesivo, pero son los contrapuntos que precisamente justifican la deliberación democrática en instituciones de diálogo social y político.
