En un nuevo capítulo de la polémica abierta por el apoyo que el senador UDI, Jorge Arancibia, dio a los ex oficiales de la Armada procesados en el Caso Woodward, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos, acusó a la derecha de no valorar la defensa del respeto a los Derechos Humanos.

Este jueves, 13 diputados de la UDI, leyeron una carta en el Congreso en que acusaron persecución judicial contra los ex uniformados en la investigación de la muerte del sacerdote Miguel Woodward luego de permanecer detenido en el buque Esmeralda.

"La derecha nunca ha logrado entender e internalizar el respeto a los derechos humanos que son fundamentales, la base ética de toda democracia", indicó esta mañana la autoridad parlamentaria  radio Cooperativa.

De acuerdo al abogado PS, "es un déficit grave de la Alianza y repercute para ella en todas sus aspiraciones a gobernar este país. Para gobernar este país es necesario tener claro que los derechos humanos son fundamentales para una democracia".

"No hay respeto a lo que deciden los tribunales de justicia ( ) se trata de una investigación judicial seria, responsable, que ha durado largo tiempo, con una resolución judicial muy bien fundamentada, por lo tanto no puede haber persecución", afirmó.

En una inusual declaración descalificando la investigación de la jueza Eliana Quezada, los diputados UDI se preguntaron si la magistrada "persigue otros fines ajenos a la justicia" y expresaron "sorpresa y rechazo" a lo actuado por la ministra.

Con ella solidarizaron con el ex almirante de la Armada quien fue abucheado el día anterior desde la galería del Congreso por señalar en una carta que todos los oficiales (R) encausados son inocentes.

La defensa del grupo gremialista generó la reacción del diputado PPD, Rodrigo González, generándose una dura discusión en los pasillos del edificio porteño que los acusó de defender a "asesinos" y recibió como respuesta acusaciones de robo.

Esta semana, una sala de la Corte de Valparaíso constituida especialmente para resolver, concedió finalmente la libertad provisional previa fianza de un millón de pesos a los seis oficiales (R) procesados por el crimen en 1973 del sacerdote Miguel Woodward.