Recordando antiguos llamados a terminar con el desfile de militares en los tribunales, esta semana trece diputados UDI salieron en defensa de la "familia naval" y cuestionaron la investigación de casos de detenidos desaparecidos a manos de la Amada, lo que es considerado una presión indebida por parte de organismos de Derechos Humanos.

Javier Rodríguez, vocero de la Agrupación de Amigos del desaparecido sacerdote Miguel Woodward, que fue torturado en la Esmeralda, dijo que la declaración pública emitida el jueves compromete a "13 diputados rastreros", que están cerrando filas en torno al ex almirante y actual senador de ese partido, Jorge Arancibia, quien envió hace una semana un mail a gente de la institución y de la derecha cuestionando el trabajo de la jueza Eliana Quezada, quien dictó los procesamientos contra seis ex oficiales de a Armada, los que obtuvieron el miércoles la libertad bajo fianza.  

"Ellos quieren hacerle el trabajo a la jueza y eso es una presión indebida", recalcó Rodríguez, destacando que tanto la declaración de la UDI como el mail de Arancibia contienen "errores" respecto a la investigación.  

"Arancibia dice que Miguel no está detenido porque alguien certificó su defunción, pero el médico Carlos Costa declaró que no tuvo participación en la identificación, por lo tanto lo que dice Arancibia y los diputados es mentira", indicó.  

Por eso, sostuvo que "Arancibia ha instruido bien a sus tropas, que son estos trece diputados obedientes. Se les ordenó decir esto, pues la declaración es fiel copia de un mail que anda recorriendo dependencias de la Armada y los globos de la derecha".  

Otro miembro de la agrupación, Jaime Contreras, agregó que existe "una multitud interminable de mentiras y tergiversaciones de la Armada en torno a lo sucedido a Woodmard y en general en la Esmeralda y otras reparticiones de la Armada".  

María Eliana Comené, ex prisionera en la Esmeralda, apuntó que no se puede personalizar en la jueza Quezada lo que está ocurriendo en los tribunales porteños, pues "no es ella la que ha declarado reos, sino que es el producto de la investigación y de nuestras declaraciones, de que estamos vivos y somos testigos".  

El secretario ejecutivo de la Comisión Ética contra la Tortura, Nelson Aramburú, llamó a entregar información sobre el paradero de los desaparecidos a manos de la Armada. "Si quieren terminar con esta figura del secuestro permanente el camino es muy fácil, que entreguen los cadáveres de Miguel y los demás detenidos desaparecidos que son responsabilidad de la Armada".  

Subrayó que "cuando 13 diputados UDI cuestionan a la jueza están cuestionando al poder judicial, está interfiriendo de manera grosera con otro poder del Estado y eso es inaceptable", añadiendo que en todo caso esto es muestra de "cómo es la derecha cuando muestra su verdadera alma y con quien están cuando tienen que tomar definiciones".  

La declaración y el mail  

Tanto en la declaración de los diputados UDI como en el mail del senador Arancibia se hace hincapié en que Woodward no es un desaparecido porque hubo un acta de defunción, a pesar que el propio médico involucrado declara no haber visto el cadáver.  

El mail que envió el parlamentario dice que al doctor Costa "le cupo comprobar la defunción del ex sacerdote Woodward, lo que hizo de cuerpo presente (y no como dice la jueza que habría firmado el acta de defunción sir haber visto el cadáver)".  

La declaración de los trece señala que "el detenido es trasladado a un hospital, a causa de su mal estado de salud, falleciendo de un paro cardio-respiratorio, lo que es certificado por el médico Dr. Costa.  Es decir, el detenido falleció, constando este hecho como corresponde, por lo cual desaparece totalmente la posibilidad de utilizar el artificio del "secuestro permanente", como vía para no acatar la amnistía y la prescripción".  

Arancibia plantea en el mail "la magnitud de la injusticia que se está cometiendo con nuestros distinguidos camaradas" y su "profundo desencanto por la falta absoluta de reacción y respuesta de nuestra tan mentada "Familia Naval", la pasividad con que se marcha al sacrificio en tanto esto le afecte a otros".  

La reacción de la UDI, donde se menciona a los ex oficiales investigados como "personas mayores" y se cuestiona por ello que puedan ser un peligro para la sociedad, pone en tela de juicio también "por qué 35 años después de acaecidos los hechos, y habiendo gobernado la Concertación por ya 18 años, una jueza ordena estas detenciones", señalando que "es legítimo preguntarse si con ello se persiguen o no fines ajenos a la justicia"  

Subrayan los diputados gremialistas que exigen "una explicación, porque la seriedad y prestigio de los tribunales no pueden ponerse a prueba ni menoscabarse con acciones incomprensibles como ésta".