El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, criticó duramente a Interpol por un informe técnico acerca de los computadores confiscados en marzo pasado a las FARC. Aquella vez, en un ataque militar colombiano en suelo ecuatoriano resultó muerto el segundo jefe de esa organización, "Raúl Reyes", y otras 25 personas.

El informe se limitó a establecer que la información hallada en las ocho piezas analizadas y que vincularía a la guerrilla de las FARC con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, no fue intervenida por el gobierno de Colombia como Chávez sospecha.

Ese fue el escenario en el que el ex militar venezolano revivió la historia del director de la Policía de Investigaciones chilena y actual presidente interino de Interpol, Arturo Herrera, y el caso del desentierro de los cuerpos de los asesinados por la Caravana de la Muerte en 1973 en Calama.

Chávez declaró que "según un informe policial, el actual presidente de Interpol está implicado en la Operación Retiro de Televisores de finales de 1975 o a principio de 1976, ordenada por el general Augusto Pinochet, que consistió en el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Según documentos, Herrera Verdugo habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transporte C-47 de la Fuerza Aérea chilena. Hay un juicio incluso por esto".

El desentierro de los cuerpos en Calama

El 3 de mayo de 2005, La Nación (LN) publicó una crónica en la que, de acuerdo a antecedentes del proceso abierto por la exhumación de los cuerpos de los prisioneros ejecutados en Calama realizada entre diciembre de 1975 y los primeros días de enero de 1976, un teniente o capitán llamado Miguel Trincado Araneda comandó la operación de desentierro de esos restos y su traslado desde el desierto al aeródromo de Calama. Allí Trincado y el suboficial Manuel Cortés Aguirre, según la declaración judicial de Cortés, subieron los cuerpos ensacados a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que luego los arrojó al mar.

El mismo 3 de mayo, el Ejército desmintió la información de LN calificándola de falsa y negó que Trincado tuviese participación en la operación. Recién entonces se supo que Trincado era un general, comandante de la II División del Ejército (la más importante de Chile en la Región Metropolitana) y además el juez militar de Santiago.

El 7 de noviembre de 2005, LN profundizó la información e insistió en Trincado. Ese día se publicó la declaración del mecánico del avión C-47 de la FACH, Sergio López Maldonado, en la que reconoció que ayudó a subir los cuerpos al avión y él mismo los lanzó al mar.

Frente a frente

Días después, el general Trincado pidió hablar con el autor de esta crónica y de las dos anteriores mencionadas, según él para entregar antecedentes que avalaban su inocencia.

Una primera reunión se realizó en la oficina de Trincado. Pero el general no entregó ninguna prueba que avalara su nula culpa. Dijo que LN mentía al informar que en el expediente del proceso existía un informe de la Policía de Investigaciones de 1 de julio de 2005, que establecía que, al menos, Trincado no pudo desconocer la operación de desentierro (llamada Retiro de Televisores por la inteligencia del Ejército) porque en 1975-1976 era el jefe de la Sección de Inteligencia del Regimiento Calama.

Además, negó haber sido jefe de inteligencia en ese regimiento en ningún período, aunque admitió estar en Calama en 1975 y 1976.

Para demostrar la veracidad de la existencia del informe al que LN accedió, se envió a Trincado las líneas que se referían a él.

Dos días después de esa conversación se recibió la información de que el director de Investigaciones, Herrera, a través de su jefe de gabinete Claudio Preller, habría ordenado cambiar el informe policial en la parte referente a Trincado, para establecer en cambio que el general no tenía culpa en la operación.

Los policías de la Brigada de Derechos Humanos, autores del informe, se negaron a ello. A partir de ese momento nació entonces una nueva fase de la investigación de la ministra Rosa María Pinto, de Antofagasta, que indagaba el desentierro de los cuerpos: el intento del cambio del informe Trincado.

Visita a domicilio

En su edición del 25 de agosto de 2006, el semanario "El Periodista" publicó un nuevo reportaje del caso Trincado-Calama. En él se aportaron nuevos testimonios judiciales de militares (R) que reconocieron a Trincado como el jefe de inteligencia del regimiento Calama en la fecha del desentierro.

Por este nuevo reportaje, el general volvió a llamar al autor de esta nota (también autor de la publicación de "El Periodista") y dijo que ahora sí probaría su inocencia. En aquella segunda reunión tampoco aportó nada para exculparse.

Le preguntamos quién en el Ejército había pedido al director Herrera que se cambiara el informe policial en cuestión, -fui yo mismo, y fui a la casa del director a pedírselo porque lo que allí se dice es falso respecto a mí-, fue su respuesta directa y sin titubeos.

Se le pidió entonces que mostrara su hoja de vida en la que podría comprobarse si fue o no jefe de inteligencia del regimiento Calama. Pero no aceptó. Preguntó Trincado entonces: ¿Cree usted que soy inocente? No, pues en el proceso hay mucha información que lo hace culpable, general-, fue la respuesta.

A fines de 2006, Trincado fue pasado a retiro de las filas del Ejército.

Un epílogo

La jueza Pinto continuó su indagatoria, ahondando ahora también en la fase Herrera-Trincado-Informe. Interrógó al director Herrera y a Preller. A este último lo careó con los oficiales que se negaron a cumplir la orden del cambio. Los oficiales se mantuvieron en sus dichos confirmando la orden del cambio recibida. Herrera y Preller negaron tal orden. Pero Herrera no negó la visita de Trincado.

Durante tres horas fuimos careados por la jueza con Trincado. Cada uno mantuvo sus dichos. El general no negó las dos reuniones en su oficina referidas anteriormente, ni tampoco haber ido a la casa de Herrera a pedir el cambio del informe. Sin embargo, él insistió en que jamás fue el jefe de inteligencia del Calama.

Un documento que el Ejército envió a la jueza Pinto el 27 de enero 2006 con la lista de los jefes de inteligencia de ese regimiento entre 1973-1978, sindicó al oficial Domingo Flores Figueroa como quien ocupó ese cargo entre 1974 y 1976. No obstante, Flores desmintió a su propia institución negando judicialmente haber ocupado ese cargo entre esos años.

Lo claro es que Trincado tiene una anotación de felicitación en su hoja de vida, justamente por servicios prestados en una operación en Calama en la fecha en que se produjo el desentierro.

El general, hoy en retiro, fue efectivamente el jefe de inteligencia y el autor principal de la operación, junto al oficial de inteligencia que viajó desde Antofagasta a supervisar el desentierro, Julio Salazar Lantery. Por ello, junto a otros suboficiales, la jueza Pinto los procesó el 23 de noviembre de 2007. Acerca del affaire Herrera-Trincado-Informe, no resolvió nada.