Cuando llegó la noticia del catastrófico terremoto en Sichuan, recordé a Zheng Sun Man, un ejecutivo especialista en seguridad que conocí en un viaje reciente a China. Él dirige Aebell Electrical Technology, una empresa con sede en Guangzhou que fabrica cámaras de vigilancia y las vende al Gobierno.

Zheng, un egresado de una escuela de administración de empresas de 28 años de edad, quiso persuadirme de que sus cámaras y altavoces no estaban siendo usados contra los activistas prodemocracia o los sindicalistas. "Son para lidiar con desastres naturales", explicaba, poniendo como ejemplo las monstruosas tormentas de nieve antes del Año Nuevo Lunar.

Durante la crisis, me aseguró, las autoridades "fueron capaces de usar los datos de las cámaras del ferrocarril para organizar una evacuación". De esa manera "el Gobierno central pudo lidiar desde el norte con las emergencias en el sur".

Por supuesto, las cámaras de vigilancia también tienen otros usos. Contribuyen a diseñar los afiches de los "más buscados" entre los activistas tibetanos.

Pero Zheng sí tenía un punto a su favor: nada aterroriza tanto a un régimen represivo como un desastre natural. Los Estados autoritarios gobiernan por el miedo y proyectan un aura de control total. Cuando, súbitamente, se ven cortos de personal, sus habitantes pueden envalentonarse.

Es algo para tener en cuenta cuando dos de los regímenes más represivos del planeta, China y Myanmar (la antigua Birmania), luchan para responder a desastres devastadores: el terremoto de Sichuan y el ciclón Nargis. En los dos casos, los desastres han expuesto graves debilidades de esos regímenes y ambas crisis pueden encender niveles de furia difíciles de controlar.

Cuando China está ocupada construyéndose a sí misma, creando trabajos y nuevas riquezas, los residentes suelen quedarse mudos sobre los constructores que se burlan de los códigos de seguridad, mientras los funcionarios locales son sobornados con el propósito de que hagan la vista gorda.

Pero cuando en China un terremoto derrumba edificios, la verdad encuentra un modo de escapar de los escombros.

"Miren a todos los edificios de alrededor, todos tenían la misma altura; pero, ¿por qué se derrumbó la escuela?". Un habitante de Juyuan hizo esa pregunta a un periodista extranjero, y se la contestó él mismo: "Es porque los contratistas desean conseguir ganancias a costa de nuestros niños", añadió.

Una madre en Dujiangyan le dijo a un reportero del periódico "The Guardian": "Los funcionarios chinos son demasiado corruptos y malos... Ellos tienen dinero para pagar a prostitutas y concubinas, pero no tienen dinero para nuestros niños".

Pero nada de esto se compara con la furia que está bullendo en Myanmar, donde los sobrevivientes del ciclón han apaleado al menos a un funcionario local, furiosos frente a las fallas en la distribución de la ayuda.

Simon Billenness, copresidente del Consejo Directivo de la Campaña en Favor de Myanmar en Estados Unidos, me dijo: "Esto es Katrina multiplicado por mil. No sé cómo podrán evitar que se transforme en una convulsión política".

Para el Gobierno de Rangún, la mayor preocupación proviene de los militares. Tal vez eso explique la errática conducta de la Junta gobernante.

Según un informe del diario "Asia Times", el régimen ha estado confiscando los envíos de alimentos suministrados por organismos internacionales, y los ha distribuido entre sus 400 mil soldados. Este robo de alimentos, a una escala relativamente pequeña, está fortaleciendo a la Junta para su robo más grande: el referéndum constitucional que los generales, pese a la catástrofe, han insistido en realizar.

Sacando una página al libreto del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, los generales han bosquejado una Constitución que intenta garantizar que ningún gobierno tendrá jamás poder suficiente para enjuiciarlos por sus crímenes o recuperar su riqueza mal habida.

El ciclón, mientras tanto, le ha presentado a la Junta una última pero vasta oportunidad de negocios: bloquear el acceso de ayuda al fértil delta de Irrawaddy. De esa manera, cientos de miles de agricultores de arroz, en su mayoría de la etnia karen, quedarán sentenciados a muerte. Según Mark Farmaner, director de la Campaña por Myanmar en el Reino Unido, esas tierras "pueden ser transferidas a los compinches de los generales", algo similar a lo que ocurrió con tierras costeras de Sri Lanka y Tailandia luego del tsunami de 2004. Y esto no es incompetencia, como muchos han sostenido. Es limpieza étnica por medio del liberalismo económico.

Si la Junta de Myanmar evita el motín y consigue estos objetivos, será en gran medida gracias a China, que ha bloqueado todo intento de Naciones Unidas para una intervención humanitaria en Myanmar. Dentro de China, donde el Gobierno central intenta mostrarse compasivo, pues esta complicidad podría resultar explosiva si llegara a ser de dominio público.

¿Recibirán esta noticia los ciudadanos de China? Tal vez sí. Hasta ahora, Beijing ha mostrado una asombrosa determinación para censurar y controlar cualquier forma de comunicación. Pero en el velatorio del terremoto, el controvertido programa "Great Firewall", que permite censurar información en internet, está teniendo serias fallas. Los blogs se han vuelto locos, e incluso los periodistas del Gobierno insisten en revelar la verdad de lo ocurrido.

Esta puede ser una amenaza más grande para los regímenes represivos contemporáneos que los propios desastres naturales. Para los gobernantes de China, nada ha sido más importante para mantener el poder que controlar lo que la gente ve y escucha. Si pierden eso, ni las cámaras de vigilancia ni los altavoces serán capaces de ayudarlos.