Álex lleva ocho años trabajando como paramédico en el Hospital Penal y gana 500 mil pesos mensuales. Y los funcionarios de Gendarmería llevan un año conversando con el director nacional, el radical Alejandro Jiménez, respecto a casos como el suyo. Les prometieron subir los sueldos, pero no ha pasado nada. Alegan por las leyes que los rigen y la precariedad en que trabajan. "A una asistenta social, un reo le puso un cuchillo al cuello y la trató de violar; estuvo a punto", cuenta un funcionario. "No tenemos condiciones mínimas para trabajar, ni seguridad ni estabilidad laboral. No tenemos aumentos de sueldo. Hay muchos funcionarios de Gendarmería que ganan menos que el salario ético del que tanto se habla", argumenta María Isabel Sotomayor, portavoz de los huelguistas. Pero lo que exasperó los ánimos fue el despido de tres profesionales de Temuco, que alegaron por la llegada de una sicóloga, hija del diputado radical Carlos Abel Jarpa, que fue contratada por un sueldo mucho mayor al del resto del personal.

Por eso, cuatro funcionarios de la Adiptgen asociación que nuclea a directivos, profesionales, técnicos y auxiliares de Gendarmería comenzaron el lunes pasado una huelga de hambre. Ingrid Reyes, Juan Carlos Olguín, César Chanampa y Carlos Espinoza están desde ese día en la sede de la ANEF. Dirigentes de la agrupación se han reunido varias veces con el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, pero éste los dirigió a negociar con Jiménez, a quien los funcionarios no quieren ni ver la cara. "Estamos muy decepcionados de la actuación del Gobierno. Nos han dado muchas respuestas vagas, nos han dilatado y el ministro no se ha apersonado. El director nacional de Gendarmería sigue en su postura soberbia. Se habla mucho de que los empresarios privados no tienen corazón, pero la empresa estatal también maltrata mucho a sus trabajadores", reclama Sotomayor.