Fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar. "Lo lógico es que el Ejecutivo sea un actor relevante para proteger los glaciares y no que ceda a las presiones de las mineras", dice el senador Antonio Horvath. Pero las señales que llegaban desde la Conama iban en esa dirección: el proyecto de ley espera hace más de un año las indicaciones del Ejecutivo para pasar desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la sala.

Junto con el turismo, la actividad minera es la que mayor impacto negativo genera en los glaciares, pero las empresas que los realizan no están de acuerdo con someter a un Estudio de Impacto Ambiental sus actividades. Eso establece uno de los artículos del proyecto que luego fue complementado en un trabajo conjunto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar.

Presiones

"Las presiones se iniciaron con el proyecto Pascua Lama cuando la Barrick quería remover glaciares", explica el presidente de la SNA, Luis Schmidt. La minera canadiense pretendía remover los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que habría provocado problemas en el embalse Santa Juana y en los valles del Carmen y del Tránsito en la III Región. "Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país. Pero ya ves lo que pasó con Pascua Lama: no se intervienen glaciares, pero el proyecto se hará igual. Eso demuestra que pueden invertir y hacer más sustentable sus proyectos".

Schmidt explica que el proyecto de ley recorrió un largo camino para evitar la confrontación con las mineras. Él mismo participó en reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Agricultura, Álvaro Rojas; de Minería, Karen Poniachik; y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso. "Tratamos de llegar a consensos para que no hubiera dificultades", cuenta Schmidt. Incluso, a principios del año pasado, la SNA y la Sonami acordaron trabajar en conjunto en una propuesta de ley, pero la idea se cayó por choque de visiones. Horvath también se reunió con el mundo minero para tratar el tema. "Nosotros tuvimos reuniones con la Sonami y después ellos negaron los acuerdos. No quieren avanzar en esto", acusa.

Política Nacional de Glaciares

En un principio, el Ejecutivo estuvo dispuesto a trabajar sobre este tema. "Incluso la Segpres le hizo indicaciones al proyecto", cuenta Schmidt. Pero el escenario cambió y hoy está buscando una vía alternativa a través de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que tiene la tuición sobre las aguas líquidas y que reconoce el daño que la actividad minera genera en los glaciares. Según fuentes de Conama, el proyecto de ley no está del todo descartado, pero se optó por avanzar en la elaboración de una política nacional de glaciares y un registro de glaciares, según determinó el Consejo Directivo de Conama el año pasado. "Sin perjuicio de lo que se está intentado hacer por medio de la DGA, es más importante una ley", sigue Schmidt.

Los datos no dan para relajarse. En Chile se han catastrado 1.751 glaciares hasta el año 2002. El 87% presenta evidentes retrocesos, según los estudios más recientes. "Yo no doy la pelea por perdida. Vamos a sacar una ley sí o sí", dice Horvath.