Claudio Alvarado (UDI): “Viera-Gallo rompió la palabra”

“La indicación abre una opción para que el Estado pueda discriminar arbitrariamente hacia el sector educacional público. Además, el Gobierno rompió el acuerdo de no presentar indicaciones que no estén conversadas con la Alianza. Viera-Gallo, en la sesión anterior de Hacienda, nos pidió un par de semanas para ordenar a la Concertación y nos garantizó que no se presentarían indicaciones que no tuvieran apoyo unánime. Él rompió la palabra empeñada y eso es inaceptable”.

Julio Dittborn (UDI): “Es peligroso añadir la palabra pública”

“La indicación que acorta de cuatro a un año el período de fiscalización a los sostenedores, la aprobamos sin problemas. La que nos parece peligrosa es la otra, que añade la palabra pública en un artículo de la ley. El Estado debe garantizar una educación gratuita, pluralista y libre, pero no sesgada a favor de la pública; son las familias las que escogen en qué educación quieren que esté su hijo, y eso se ve en peligro cuando se plantea esta preferencia del Estado por la educación pública”.

Roberto Delmastro (RN): “Si se aprueba iré al Tribunal Constitucional”

“El Ejecutivo rompió un compromiso, el proyecto debía votarse tal como decía el acuerdo con punto y coma. La indicación se rechazó porque cierra una puerta que la Constitución deja expresamente abierta, al referirse aquélla a que el Estado tiene la responsabilidad de financiar la enseñanza pública, como eludiendo el compromiso de costear la privada. Si este asunto se aprueba, acudiremos al Tribunal Constitucional porque está en colisión con un principio que consagra la Constitución”.

Rodrigo Álvarez (UDI): “Los acuerdos hay que respetarlos”

“Se rechazó por dos razones. Primero, por el incumplimiento absoluto por parte del Gobierno de un acuerdo que tenía con la Alianza. Los acuerdos hay que respetarlos y aquí no se respetó ni en el fondo ni en la forma en que se va a tramitar la ley. Segundo, si bien estamos de acuerdo con una educación pública, libre, gratuita y de calidad, este tema tiene que ser discutido con mucha mayor profundidad, no con una declaración simple de palabras como se está haciendo en esa indicación”.

Karla Rubilar (RN): “La definición de educación pública es inocua”

“La definición de educación pública que se hace en la indicación a la LGE es inocua y puede que se hagan indicaciones discutibles y razonables, pero es cierto que se ha incumplido un acuerdo. Abrir el proyecto a nuevas indicaciones generaría un caos y la posibilidad de que la ley no se apruebe. Creo que, por ahora, el mal menor es aprobarlo como se acordó”.

Germán Verdugo (RN): “Las indicaciones enrarecen el ambiente”

“El proyecto se acordó con dificultad y ambas partes cedieron, era un tremendo avance. Las indicaciones son un elemento que enrarece el ambiente para poder llegar a buen término. Por cierto, el proyecto deja temas como el financiamiento, la municipalización y la carrera docente, pero éstos se deben tratar en un tiempo más largo, no con propuestas que alteren lo que en principio se firmó. Lo que crea mayor dificultad son las formas, y eso es lo que ha causado bastante molestia”.

Germán Becker Alvear (RN): “El proyecto debe aprobarse tal y como se acordó”

“La indicación fue y será rechazada porque al patentar uno de los tipos de educación, la pública, se abre la posibilidad de poner mucho más recursos a ésta. Es decir, se pretende cambiar el subsidio a la demanda por un subsidio a la oferta; esto puede ser muy peligroso, porque tenemos el deber de asegurar a los niños educación de calidad y no otra cosa. El proyecto debe aprobarse tal y como se acordó; además, muchos parlamentarios de la Concertación están en esa posición”.

Maximiano Errázuriz (RN): “Votaré contra la LGE”

“El solo hecho de que se hayan presentado dos indicaciones a un texto que había sido acordado entre la Concertación y la Alianza, para mí es suficiente para votar en contra; no sólo de las dos propuestas, sino de la LGE. Aquí ha habido una actitud de rebeldía de algunos diputados y es sorprendente en el caso de Carlos Montes. Si los diputados de la Concertación no respetan los acuerdos, sencillamente yo no estoy dispuesto a salvar al Gobierno, y como la LGE tiene muchos artículos que requieren de quórum, sencillamente vamos a seguir como estamos”.

Felipe Salaberry (UDI): “La indicación es un cariñito a Montes”

“Cuando un acuerdo se sella y un texto legislativo es refrendado y avalado por la Presidenta de la República, eso se debe cumplir. Si esa garantía no bastó, si los parlamentarios de la izquierda de la Concertación no cumplen ese compromiso, no hay acuerdo que valga. La indicación sobre los sostenedores estuvo en las conversaciones iniciales; en cambio, la otra indicación, que es un cariñito a [Carlos] Montes, no. Por eso, cuando se vote en sala la rechazaré”.

Manuel Rojas Molina (UDI): “Viera-Gallo ofreció consensuar indicaciones”

“Es claro que el proyecto de LGE acordado tiene matices, no deja contentos a todos, pero es un acuerdo marco superior a los intereses propios. Toda modificación debía ser consensuada con la Alianza. El ministro Viera-Gallo ofreció consensuar las indicaciones, por eso una es aprobada –en la que hay acuerdo– y la otra no. En la indicación rechazada puede estar implícito el dejar de entregar recursos a una alternativa educativa que no puede desaparecer: la particular subvencionada”.

René Aedo (RN): “No hay para qué enredar las cosas”

“La indicación que rechazamos no fue consensuada con la Alianza, grave error, pues con eso se rompió el acuerdo. Además, el concepto de educación gratuita para básica y media está en la Constitución, introducirlo en la LGE es redundante, no aporta nada nuevo y sólo complica su redacción. Basta con la Constitución, no hay para qué enredar las cosas”.