Sobrepasando sus atribuciones y cometiendo un serio error de procedimiento habría actuado el presidente del Senado Adolfo Zaldívar, al declarar inadmisible por inconstitucional la discusión en sala del proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal, para excluir la extinción de la responsabilidad penal por el beneficio de la amnistía o la prescripción a quienes hayan cometido crímenes de guerra y lesa humanidad.

Así lo consideraron los senadores (PS) Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo, mientras el senador (PS) Camilo Escalona lo acusó de aliarse con la derecha y defender a los violadores de derechos humanos. "Paga compromisos con el presidente del Partido Regionalista Independiente (PRI), Juan Carlos Moraga" a quien identificó como ex socialista y "activo colaborador y partícipe del lado oscuro del régimen militar".

Naranjo culpó a Zaldívar de realizar "una maniobra de último minuto" para favorecer a los "defensores de la impunidad" que pretenden "detener la aprobación definitiva de este proyecto".

Sin embargo, los senadores coinciden en que, más allá de las verdaderas intenciones de Zaldívar -quien declaró inadmisible el proyecto a instancias del ex jefe de la Armada y senador UDI, Jorge Arancibia- se cometió un grave error de forma.

El proyecto de ley había sido aprobado por la Cámara de Diputados, la que lo envió al Senado, instancia que aceptó su tramitación, enviándolo a su vez a la Comisión de Constitución, que lo aprobó con cambios menores.

"Esto no tiene precedente y es muy serio, porque precisamente fue la Comisión de Constitución del Senado la que no objeto la constitucionalidad del proyecto y lo envió a la sala para su discusión", dijo Gazmuri.

El referido proyecto -elaborado por los diputados Juan Bustos (PS) y Antonio Leal (PPD)- es una aspiración de los familiares de las víctimas de la dictadura y los abogados de derechos humanos. Con él se busca interpretar el artículo 93 del Código Penal (CP) que regula la extinción de la responsabilidad penal, para ponerlo acorde con la legislación penal internacional que protege los derechos humanos y condena los crímenes de guerra, genocidio, y de lesa humanidad, amparada en el artículo 5 de la Constitución.

Se trata de impedir que quienes hayan cometido estos delitos, cualquiera sea el momento, sean beneficiados por una amnistía, la prescripción por el transcurso del tiempo, o el indulto.

A Zaldívar se le critica su argumento de que el proyecto es inconstitucional (en materia de amnistía e indulto sólo pueden originarse en el Senado y no en la Cámara) porque sus detractores afirman que la iniciativa sólo busca interpretar un artículo del CP para "precisar" la aplicación de la ley.

El asunto se debatirá hoy en el Senado y Zaldívar estaría dispuesto a reconocer su error y a quitar la inadmisibilidad para que resuelva la sala. LN