Los votantes de la República de Irlanda rechazaron, la semana pasada, el Tratado de Lisboa. Al hacerlo postergaron, por un tiempo indefinido, la entrada en efecto de las nuevas normas que debían regir a las 27 naciones que integran la Unión Europea (UE). Archivada queda la idea de que la asociación cuente con un Presidente y un ministro de Relaciones Exteriores capaces de articular una política común. O, en otras palabras, responder a la mofa, con profundo contenido práctico, de Henry Kissinger que, con malicia, preguntó a qué teléfono había que llamar para entenderse con los europeos.

Los irlandeses fueron los únicos que tuvieron el privilegio de ser consultados, en un referéndum, si aprobaban las nuevas normas. La abrumadora mayoría de la población, como ocurre con este tipo de consultas, sabía poco y nada sobre los acuerdos. Pero sí tenían claras algunas cosas como que, por ejemplo, delegarían un poder creciente a Bruselas, donde se encuentra la sede de la UE. En el caso de los irlandeses, que son una de las naciones más católicas y conservadoras de Europa, ello significaba dar luz verde a las investigaciones sobre células madre, entre otras materias valóricas a las cuales se opone el Vaticano. Aunque la jerarquía católica no se pronunció contra los acuerdos, la masa del clero sí lo hizo.

En 2005, ya los franceses y holandeses rechazaron la propuesta de una Constitución en sendos referendos. Esta vez, para evitar el rechazo se optó por presentar ideas similares pero no a los pueblos, como dicta un espíritu democrático, sino que por la vía indirecta a los parlamentos respectivos. Eludir a la ciudadanía conlleva una pérdida de legitimidad que es, en definitiva, el principal atributo de una Constitución. En todo caso, 18 parlamentos ya lo han aprobado y, esta semana, se sumaron los británicos.

El proceso de ratificaciones parlamentarias seguirá adelante, aunque nadie sabe cómo la UE saldrá del brete creado por 54% de los votantes irlandeses.

Un electorado de tres millones de personas ha puesto en jaque a un conglomerado de 480 millones de personas. Lo que se encuentra en juego es hasta qué punto los pueblos están dispuestos a ceder a instancias supranacionales su derecho a regir sus destinos. Es claro, luego de varias elecciones nacionales, que la UE vira hacia la derecha. Y ello comienza a sentirse en decisiones como las relativas a la inmigración. Esta semana fueron aprobadas nuevas directivas que regirán para los inmigrantes indocumentados y las personas que han excedido el período de sus visas.

Según ellas los infractores podrán ser detenidos hasta por 18 meses y luego deportados, prohibiendo su reingreso por cinco años. Las nuevas reglas se harán efectivas a partir de 2010. Varias de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han cuestionado esta decisión, porque temen que sean el preludio de grandes redadas para expulsar a los trabajadores inmigrantes que no tienen sus papeles en regla. En particular, se señala que la extensión del derecho a retener ha ido estirándose hasta alcanzar una lógica de lo que durante la Segunda Guerra Mundial se conoció como la "internación" y, en consecuencia, los centros de retención para verificaciones breves se han ido transformando en campos de detenciones.

Es una decisión que amenaza, a lo largo de todo el viejo continente, a doce millones de personas. Esto es tres veces más que toda la población de Irlanda. Una decena de indicaciones de parlamentarios socialistas, que exigían mayores garantías legales para los retenidos, fueron descartadas por la mayoría conservadora que las aprobó por 369 a 197 votos. Hay quienes ya denuncian que es un paso más en lo que llaman la Europa fortaleza.