En Educación, la reforma del Estado impuesta en 1980 por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet tuvo un pecado original, que es una clave para entender la crisis que hoy, casi 30 años más tarde, vive nuestro sistema educacional: equiparar educación y prostitución. Vamos por partes.

Algunos, supongo que serán los menos, verán en la prostitución una forma de vida tan digna como cualquiera. Otros, un grupo mayor que el anterior, la considerarán como un medio desesperado, pero legítimo, para lograr fines respetables (por ejemplo, alimentar mejor a los hijos). Para la mayoría, de seguro, lucrar del arriendo con fines sexuales del cuerpo propio (y, también, obtener placer tomando en arriendo el cuerpo ajeno) es más bien algo triste, lamentable, incluso degradante.

Sin embargo, las sociedades liberales no regulan el mercado de la prostitución. Si entre quien pretende vender y quien busca comprar un servicio sexual determinado se pacta un precio, entonces el negocio es legítimo y no corresponde a los demás (en particular, a la policía) entrometerse. Porque es asunto privado, no público. A partir de 1980, la educación pasó a ser tratada por analogía con la prostitución.

Hasta ese momento, y como lo fuera desde el inicio de nuestra vida independiente, el Estado admitió pocos competidores a sus escuelas. A saber, los colegios administrados por distintas órdenes de la Iglesia Católica Romana y algunas otras denominaciones cristianas (como la metodista, que fundó el Santiago College, y la luterana, que hizo lo propio con la Deutsche Schule); por algunas "colonias residentes" (como, por ejemplo, la francesa con la Alianza Francesa, la italiana con su Scoula Italiana y la judía con su Instituto Hebreo); y por algunas sociedades privadas peculiares (como las que están detrás del Nido de Águilas y The Grange).

Hasta 1970, el sistema educacional público cubría cerca de 90% de la población en edad de asistir al primer ciclo, llamado educación "primaria" mientras su duración fue de seis años, y educación "básica", luego de la reforma del Gobierno de Frei Montalva, cuando se lo extendió en dos años. La cobertura disminuía en el segundo ciclo, denominado Humanidades mientras duró seis años y, cuando se redujo a los últimos cuatro años, educación "media", bordeando 50%. La educación no llegaba a todos, pero era gratuita y de calidad. En el tercer ciclo, la educación universitaria, la cobertura estaba por debajo de 10% de la población en edad de cursarla. Pero, una vez más, era gratuita y de gran calidad. De ahí que, después del golpe de 1973, muchos profesores universitarios chilenos lograron ser empleados en buenas universidades americanas y europeas, y continuar trayectorias productivas y con amplio reconocimiento.

La reforma educacional de 1980 terminó con este sistema y el papel que en él tenía el Estado. El mercado educacional se "liberalizó", es decir, se lo abrió a toda clase de agentes privados, y no sólo al selecto grupo antes mencionado. La transformación fue gigantesca. Basta recordar lo ocurrido en el nivel universitario para dimensionar su magnitud en la educación básica y media. El Estado desmanteló la red de sedes provinciales que habían creado en el medio siglo anterior la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (que ese año pasó a denominarse "de Santiago de Chile"). Sus respectivas sedes en las capitales provinciales fueron fusionadas, dando lugar a las llamadas universidades "regionales" (la Constitución de 1980 dejó atrás las "provincias" y organizó la República en términos de doce regiones, más la Región Metropolitana de Santiago). Al mismo tiempo, se redujo de manera drástica el aporte estatal al financiamiento de sus universidades.

Entre 1980 y 1990 se fundaron más de 40 "universidades" privadas. Demás está decir que este milagro no estuvo acompañado por una multiplicación por el mismo factor del número de profesores ni de bibliotecas ni de laboratorios. Los profesores de las universidades estatales se vieron obligados a dictar también clases en las privadas para suplementar sus ingresos, con lo que las primeras subsidiaron a las segundas. La cobertura del nivel universitario alcanza en la actualidad a 30% de la población en edad de cursarlo.

El más conspicuo empresario educacional surgido en este contexto, Gerardo Rocha Vera, sin contar con grado académico ni título universitario alguno, logró acumular un patrimonio superior a los 100 millones de dólares, antes de su temprana muerte en 2008. Hoy, 70% de quienes cursan estudios universitarios son la primera generación en llegar a dicho nivel en sus familias de origen. ¿Acaso no son estos logros dignos de encomio? Me parece que no.

Cuando cliente y proveedor acuerdan el precio de un servicio en el mercado sexual, cada uno sabe qué está comprando y qué está vendiendo. Tal vez no sea así la primera vez que se compra o se vende sexo, pero de ahí en adelante proveedor y cliente saben de qué se trata el negocio. En el caso del mercado educacional, la situación es por completo diferente. Setenta por ciento de quienes están comprando lo que hoy se comercializa como educación universitaria (es decir, los padres de los estudiantes) no están en condiciones de determinar si lo que sus hijas e hijos reciben es aquello por lo que creían estar pagando.

¿Acaso la educación no puede ser concebida en términos de un mercado que ofrece bienes y servicios? Desde luego que sí, en especial cuando se busca dimensionar sus costos y determinar sus fuentes de financiamiento.

Pero los bienes y servicios educacionales tienen una naturaleza peculiar, la cual los distingue de todos los demás. A saber, que de los bienes y servicios educacionales depende la productividad futura de la sociedad: la cantidad, la calidad y la diversidad de todos los demás bienes y servicios que están disponibles en una sociedad. Pasar por alto este punto y tratar a la educación como análoga a la prostitución fue el pecado original del sistema que en la actualidad impera en Chile. Porque el mercado educacional es aquel en el cual es más fácil estafar, en particular a los clientes más desvalidos. En un próximo artículo examinaré cuáles fueron las consecuencias de las políticas de Estado que trataron a la educación como si fuera equivalente a la prostitución, y propondré una manera de pensar respecto a cómo paliarlos.