De ceguera. Así calificó al Gobierno, a la derecha o a quien intentara siquiera evitar la discusión el senador socialista Ricardo Núñez el martes pasado cuando exigió, junto a otros 10 senadores y 39 diputados de la Concertación, quitar la suma urgencia con que se debatía en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Educación (LGE). Ese día, el parlamentario reclamó apasionadamente su derecho a debatir sobre la materia y firmó junto al resto de sus colegas un acuerdo que establecía los ejes más importantes para una ley en materia educacional. No era de extrañar su vehemencia e interés; después de todo, además de ser un férreo defensor de la educación pública, Núñez había sido uno de los artífices del bloque concertacionista que lanzó constantes diatribas contra la iniciativa del Gobierno y la derecha.

Pese a los intentos del senador por Atacama, y con una fuerte negociación desde La Moneda, la Cámara aprobó el polémico proyecto con 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones. Tras las intensas tratativas de la Presidenta Bachelet, los ministros secretario general de Gobierno, Francisco Vidal; de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; de Interior, Edmundo Pérez Yoma, e incluso de los telefoneos de José Miguel Insulza, hasta la indicación sobre educación pública consensuada con la Alianza fue aprobada por 85 votos a favor. Un lobby incansable en el Congreso, que tenía a los presidentes de los partidos oficialistas con los pelos de punta, y esta vez, Núñez estaba del otro lado.

LOS ARTÍFICES

Por curioso que parezca, Núñez, el barón del PS catalogado como parte del establishment del oficialismo, en esta ocasión no era parte de la jugada de La Moneda. Tanto así, que no sólo está en desacuerdo con aprobar la LGE sin indicaciones que la "perfeccionen" , sino que además fue uno de los más críticos a la hora de hablar de la iniciativa gubernamental. De hecho, cuando Carlos Montes anunció públicamente que no aprobaría legislar sobre la LGE y destapó la olla en ebullición que más tarde sería la votación de esta iniciativa, y que una vez más mostró las diferencias al interior de la Concertación, había un parlamentario que estaba en silencio pero que conocía perfectamente la cruzada del diputado: el profesor de historia y socialista desde hace más de 50 años Ricardo Núñez.

Dos meses antes de que la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, iniciara las gestiones para conformar un acuerdo con la derecha en materia educacional, en octubre de 2007, Núñez y el diputado Montes entregaron un documento alternativo de 15 páginas con nuevas propuestas que, según ellos, eran los puntos más críticos de la educación chilena. Y aseguraron que Chile tenía que recuperar una educación pública, gratuita, democrática, participativa, laica y universal.

Semanas después, la Alianza emprendería la acusación contra Yasna Provoste, por lo que la cartera se concentró en aquello y, aunque eso bajó el perfil de las tratativas, la mesa de negociación en educación continuó funcionando sigilosamente.

LA VICTORIA POLÍTICA DE... ¿QUIÉN?

Pese a que la aprobación de la LGE en la Cámara de Diputados es interpretada al interior de los pasillos de La Moneda como un golpe de timón de la Presidenta y de sus ministros del comité político, en el segundo piso reconocen que hubo incapacidad de alinear a sus parlamentarios producto de la incertidumbre de la votación del proyecto de ley. "El Gobierno evalúa y sabe que hoy decrece su influencia y la de los presidentes de los partidos por alinear a los legisladores mientras éstos aumentan su autonomía, y obviamente eso genera inseguridad", aseguran en La Moneda. Mientras cercanos a Viera-Gallo afirman que se encuentra tranquilo de haber "cumplido la tarea", parlamentarios de la Concertación dicen desconfiar del ministro, pues su gestión en la negociación de la LGE estuvo rodeada de errores políticos. "En la segunda sesión de la mesa de conversación sobre el proyecto apareció una negociación con la derecha que la Concertación desconocía, y ese fue Viera-Gallo, que en aras de su ansiedad provocó esta disputa con la derecha muy prematuramente, antes de que la Concertación estuviera definida. Fue un proceso de negociaciones sin calidad alguna", afirma un parlamentario oficialista.

Este fin de semana, la sensación de distintos parlamentarios oficialistas era de derrota. La mayoría sentía que se había hecho un manejo mediático sobre la lealtad y la gobernabilidad haciendo creer al país que, de no aprobarse el proyecto, el gobierno se vería en una seria crisis.

Al interior del PS, donde hay mayor molestia frente al tema, no sólo los barones pasan a ser díscolos, sino que hay incluso la convicción de que el procedimiento utilizado por La Moneda atentó contra las facultades de la Cámara y pasó a llevar la dignidad básica de los parlamentarios. "Este tipo de situaciones generan bronca en el Parlamento, es un capítulo negro de los procedimientos, demuestra incapacidad de dialogar y asumir la diversidad real que existe. Es una vergüenza para los 20 años de historia de la Cámara. Estoy seguro de que aunque la Presidenta logró resolver un problema, de los 60 diputados de la Concertación, a 50 no les gustan ni el proyecto ni la forma en que se hicieron las cosas", afirma el diputado PS Carlos Montes.

Está claro que en el Senado donde ingresará la LGE durante las próximas semanas , el escenario no se ve fácil y desde ya algunos senadores PS aseguran que, de no permitir la incorporación de indicaciones, buscarán rechazar el proyecto. "El Senado no se pondrá de rodillas frente a una tramitación que agravia la esencia de la representación popular; estamos por discutir la ley", asegura el senador PS Alejandro Navarro. LND