Si el informe de Contraloría y sus coletazos mandaron a Carolina Plaza a la pieza 409 de la Clínica Las Condes, los antecedentes que evacuará esta semana el organismo fiscalizador podrían enviar a su colega de Recoleta, Gonzalo Cornejo, a la UTI. Y de paso dejar en un muy mal pie a la directiva de la UDI, que se la jugó por apoyarlo a pie juntilla, a diferencia del trato recibido por la alcaldesa de Huechuraba.

Cuando el 13 de febrero pasado, Cornejo presentó con orgullo el portal de transparencia de su comuna, jamás se imaginó que cuatro meses después, no usarlo le traería tantos dolores de cabeza. Esto porque la Contraloría General de la República se apresta a dar a conocer el informe final por las irregularidades detectadas en Recoleta, luego de que se hiciera pública la relación que mantenía con la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), comandada por el operador político UDI Iñaki Busto. Desde hace meses la empresa se encuentra en tela de juicio debido a que no prestaría todos los servicios por los que ha cobrado suculentas sumas de dinero en varias comunas ligadas al partido de calle Suecia.

Lo más grave hasta ahora sería que el órgano fiscalizador, que generalmente lleva a cabo investigaciones administrativas, solicitó ayuda a la Policía de Investigaciones para desarrollar pesquisas respecto de las acciones de GMA y las personas relacionadas con ella.

La indagación se centró en determinar quiénes formaron la empresa y su participación. Entre los más comprometidos estarían: el alcalde Gonzalo Cornejo; su ex jefa de gabinete, Jenny Acevedo; el ex asesor y administrador municipal, Jaime Jullian; el empresario Octavio Azócar; el abogado Aníbal Rodríguez; el contador Jesús Báez, con contratos vigentes en la comuna, y la ex funcionaria de la Contraloría y actual abogada del jefe comunal recoletano, Lilian Jijena.

Otro hallazgo fue que en la génesis de GMA está la empresa Asesorías y Servicios Limitada (ver infografía), formada en 2000 por Jaime Jullian, como socio mayoritario, y su hermano menor con un 2% de las acciones.

El primer contrato que firmó la municipalidad para innovación tecnológica fue en 2003. A esa fecha, Jullian cumplía además labores de asesor del alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo.

JUNTOS Y REVUELTOS

Al año siguiente, en 2004, nació GMA, empresa que comenzó a adjudicarse los contratos de la comuna relacionados con innovación tecnológica. Hasta ese momento, Jullian no aparecía relacionado con la firma; sin embargo, en 2005 asumió funciones ahí y, actualmente, es su gerente comercial. Además, según antecedentes del "Diario Oficial" correspondientes a 2008, Asesorías y Servicios está domiciliada en El Manzano 377, igual que GMA.

También tiene sus oficinas en esa dirección la empresa Rush -especializada en asesorías comunicacionales-, formada en 2005 por Gonzalo Cornejo, Jenny Acevedo y Octavio Azócar, militante de la UDI y candidato a alcalde por la comuna de Independencia en 2004.

Según lo estudiado por Contraloría, el hecho de que Cornejo aparezca como socio de esta empresa configuraría negociación incompatible.

Pero hay otra empresa más que también tiene como domicilio El Manzano 377. Se trata de Full Call, donde, según un ex funcionario de la Municipalidad de Huechuraba, la alcaldesa Carolina Plaza habría tenido participación. Si bien Plaza no aparece en la estructura societaria de la compañía, sí está su actual asesor personal y brazo derecho, Aníbal Rodríguez.

Sus socios en esa firma fueron Octavio Azócar y Cristián Otaegui, que figura como actual jefe de informática en Huechuraba.

Rodríguez, además de ser asesor de Plaza, tiene un contrato vigente a tiempo completo en la Municipalidad de Recoleta.

Pero las únicas boletas emitidas por Full Call, 18 en total, corresponden al período de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2005. Siete de ellas son por la campaña de Joaquín Lavín y otras dos a campañas de diputados UDI, por servicios de publicidad y llamados telefónicos.

Respecto de este punto, un ex funcionario de Recoleta recuerda que Jenny Acevedo era la encargada de hacer andar Full Call. "En 2005 ella entregaba los antecedentes a los candidatos de la Alianza para que grabaran sus mensajes electorales y luego éstos fueran rebotados a miles de hogares", recuerda.

¿Por qué comparten el mismo domicilio la empresa de Cornejo y Acevedo (Rush) con la de Rodríguez (Full Call), GMA y Asesorías y Servicios? Es parte de lo que Contraloría debería dilucidar en su informe. Lo claro es que todos los personajes de esta historia se encuentran vinculados de una u otra forma a la cuestionada GMA.

DOS EJEMPLOS CONTRADICTORIOS

En la comuna de Maipú, en 2004 se instaló un moderno sistema computacional que permite mantener en línea una gran cantidad de información. El número de hoyos de las calles y su ubicación, el estado de los grifos, las familias que han recibido ayuda municipal, y muchas cosas más se encuentran ahí.

Los datos que contiene, además, son actualizados regularmente, ya que cada una de las reparticiones de la municipalidad va agregando detalles de las materias que le competen. Asimismo, cualquier vecino puede acceder a ella, en línea, desde su computador personal.

En total, cuenta el coordinador del Sistema de Información Territorial de Maipú (nombre que le dieron al sistema en la comuna), Guillermo Tapia, "todos los softwares, más otros programas computacionales y la capacitación, nos costaron un total de 40 millones de pesos. Pero los vale, porque el sistema es realmente útil".

Cuando GMA comenzó a ofrecer el ya célebre Sistema de Información Georreferencial (SIG) y la Ficha Vecino, que, según el informe de Contraloría General de la República del 20 de junio pasado sobre Huechuraba, no funciona, emulaba un sistema como el de Maipú. Claro que la comuna que dirige Alberto Undurraga adquirió todos los programas computacionales y la capacitación con la empresa extranjera y líder del mercado, ESRI.

Sin embargo, GMA cobró a Recoleta y Huechuraba casi 500 millones de pesos por la supuesta instalación y mantención del SIG y la Ficha Vecino, instrumentos que están en tela de juicio debido a que no habrían prestado una utilidad práctica real.

De hecho, de los antecedentes recopilados en Huechuraba, Contraloría sólo pudo acceder, vía internet, a una cartografía (ver recuadro) que indica los lugares donde la alcaldesa ex UDI entregó cenas navideñas (ver imagen).

SOSPECHA DE PIRATEO

Durante la investigación de Contraloría en Huechuraba, determinó que GMA poseía una licencia para la utilización comercial del programa Arc IMS, que permite ver en línea desde un PC la información de la comuna que es subida a la red. En la práctica, este software es el más costoso de una serie de programas que, en conjunto, permiten visualizar la información que GMA ha publicitado como la panacea para las municipalidades.

Luego, en la investigación realizada por el órgano que dirige Ramiro Mendoza a Recoleta, se habrían encontrado con un soporte idéntico al que se usaba en Huechuraba. Así que solicitó los datos a la empresa que por excelencia provee este servicio, ESRI. Dicha firma, que controla el 80% del mercado chileno en estas materias, es la creadora y propietaria de las licencias de los programas.

No obstante, la respuesta de la compañía norteamericana fue clara: en agosto de 2007, GMA adquirió el grueso de las licencias comerciales para la instalación de los sistemas de avanzada en Recoleta. En Huechuraba, también habrían comprado algunos productos, aunque de menor envergadura.

Como el ArcIMS es el programa madre que sostiene la visualización y conjugación de los datos que se quieran obtener en una zona geográfica determinada, y GMA sólo compró una licencia del costoso producto, las sospechas de Contraloría apuntaron a una posible "piratería" de programas por parte de la cuestionada empresa ligada a la UDI.

LND se contactó con el gerente comercial de ESRI Chile, Juan Enrique Silva, para consultarle sobre los usos de las licencias de sus programas. Este fue el resultado:

-Si GMA les compró una licencia a ustedes (ArcIMS) y con eso ellos elaboraron un sistema que no es más que la conjugación de los programas que ustedes proporcionan y se lo venden a un cliente distinto de Recoleta, ¿es correcto?

-No es correcto. Para ello deben adquirir una licencia de ArcIMS ASP, o bien una licencia de ArcIMS comercial para cada comuna.

-¿Para que otra municipalidad hubiera visto los datos en línea necesariamente debería haber tenido otra licencia ArcIMS?

-Alguien le debió dar acceso a esa base de datos. Si GMA compró una licencia comercial para Recoleta e instaló el programa en la oficina de GMA y, además, en la misma licencia puso a Huechuraba y le está dando servicio a Huechuraba, eso la licencia no lo permite. No podría GMA cobrar por ese servicio. Si ellos compraron para Recoleta, y me dicen acá que es así, sólo Recoleta la puede usar internamente. Esa licencia tiene otro valor.

-¿Y GMA no la tiene?

-No, para eso tienen que comprar otra licencia. El IMS que compraron es sólo para uso interno de Recoleta y por eso no pueden cobrar por el acceso a esos datos a otros usuarios distintos de esa comuna. La compra fue hecha a nombre de Recoleta. Nadie podría cobrar por acceder esos datos.

Lo que hoy se pregunta la Contraloría es si lo que hizo GMA fue utilizar la misma licencia de Recoleta para ofrecer el servicio a otras municipalidades. Si esto fuese así, el programa, entonces, realmente no existía, por eso resultó ser deficiente. Desde internet nunca se pudo rescatar la información. Se mandaba por CD o de otras formas parecidas. ¿Se trataría entonces de un pirateo?

Pero entonces surgió otra pregunta: si GMA firmó contratos desde 2004 con Recoleta y desde 2005 con Huechuraba, ¿de dónde sacaba los programas computacionales para llevar a cabo la tarea de proporcionar las complejas soluciones tecnológicas que utilizaba?

Según fuentes de la Contraloría, el ingeniero del ente fiscalizador comprobó que GMA nunca tuvo una licencia comprada antes de 2007. ¿Los pirateaba?

RECUPERANDO LO INVERTIDO

Lo cierto es que, según una fuente que tuvo acceso a gran parte del dictamen final de Contraloría, en Recoleta se habría gestado una red con alcances muy lucrativos y que tendría a GMA como intermediaria. Esto porque tras comprar el software a ESRI, los cerebros de Gestión Municipal Avanzada habrían decidido recuperar los 15 mil dólares que habían invertido y con creces.

Lo interesante ahora es que no sólo la Contraloría habría detectado esta irregularidad, ya que, según declaró una alta fuente de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la Bicrim estaría realizando investigaciones respecto de la procedencia de los softwares.

Algo que no deja de tener sustento, tomando en cuenta que a fines de abril el fiscal José Manuel Ramírez ordenó la incautación de los computadores de GMA.

El domingo 25 de mayo, Carolina Plaza declaró en "El Mercurio": "¿Sabrá Lavín que Isaac Givovich tenía hackeado mi mail?". Y la pregunta que vale la pena hacerse es: ¿sabrá la alcaldesa que cabe la posibilidad que GMA haya pirateado el programa del SIG y la Ficha Vecino? Es una pregunta que varios en Recoleta tendrían que aclarar. LND