Hoy asistimos a enfurecidos discursos de representantes empresariales en favor de Celco que citan una de las ocho hipótesis del Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces (de un equipo de la Universidad de Chile a cargo de Víctor Marín) para cuestionar el consenso democrático sobre la creación del Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

El modelo da pie a que grupos interesados defiendan la actual institucionalidad ambiental, pese a sus crisis de legitimidad y credibilidad y a innumerables y crecientes casos de discrecionalidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esos interesados ensalzan hoy el "notable desempeño ambiental de Celco" y la "tecnología de punta" de sus procesos industriales, pese a que la firma rehúsa incorporar sistemas de producción de circuito cerrado, que reducirían 70% del consumo de agua y permitirían manejar sus desechos como lodos posibles de secar, confinar o incinerar.

La hipótesis en cuestión señala que una variación meteorológica (supuestas falta de lluvias, escaso caudal y temperaturas bajo cero grado) habría reducido la presencia de luchecillo y causado la muerte o la migración de cisnes de cuello negro, y no los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río Cruces en Valdivia.

Pero los científicos de la Universidad Austral -autores de seis de las ocho hipótesis, con que ya se estableció materialmente la implicancia de Celco-, argumentan -documentos en mano- que las temperaturas (medidas en la estación climatológica de Isla Teja) fueron similares a períodos precedentes y el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue en mayo de 2004 mayor que en el período anterior. Los interesados obvian -aclara hoy Conaf, licitadora del modelo- que "en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores". La "consultoría", al seleccionar a los actores sociales a los que pediría antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo cooptado por Celco y otro que se está querellando. Por si fuera poco, el equipo de la U. de Chile no hizo pruebas y muestreos en terreno ni explicó la muerte de cisnes y taguas por daño hepático, por la ingesta de plantas contaminadas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Celebramos que el Gobierno anuncie que no considerará esta consultoría en el plan de recuperación del humedal.

Más allá de la responsabilidad de Celco en esta contaminación, la empresa cometió otras tantas irregularidades como la construcción de una planta que produce 100 mil toneladas de celulosa más que lo declarado y aprobado; la instalación de un ducto ilegal y pozos para extracción de agua no presentados a discernimiento del SEIA. Es decir, presentó un proyecto pero materializó otro y, en paralelo, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema por los cisnes, atribuyó un estudio propio a la Universidad de Concepción.

El lector informado sabe que este afán de reescribir la historia no mella los esfuerzos por operacionalizar los derechos ambientales consagrados en la Constitución y los consensos políticos sobre el desempeño ambiental de Chile.