Manuel Curilem está nervioso. Nunca antes viajó a Europa y nunca antes tuvo al frente a "gente tan preparada", pese a las incontables reuniones con intendentes, alcaldes y seremis. "Esta gente es distinta, tiene la disposición de escucharme porque le interesa el tema indígena", dice. Esa gente forma parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la sesión del 6 de agosto a partir de las 15 horas en Ginebra, tomarán nota de lo que Manuel les va a decir: "Voy a reafirmar la acusación de racismo ambiental contra el Estado chileno por los basurales y las plantas de tratamiento de aguas servidas en territorio indígena".
Dice que no es un experto y que le falta vocabulario técnico, pero el menosprecio de la autoridad lo exaspera. Entonces, afloran las palabras. "Chile firmó un convenio contra todo tipo de discriminación y esto no debería ocurrir". Pero ocurre. Él lo sabe bien porque vive en la comunidad de Ancúe que recibe 143 toneladas mensuales de basura de Gorbea. "Este vertedero debió cerrar el 2003 y ya estamos en 2008. Eso ilustra la preocupación que tiene la autoridad".
El escenario de Ancúe no es único: 18 vertederos de un total de 25 funcionan en territorios indígenas de la Novena Región. En el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, uno de los siete del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo saben. El 24 de agosto de 2007 llegó a la oficina del representante chileno en la ONU, Juan Antonio Martabit, una carta con un listado de preguntas al Estado chileno sobre el tema. Como no hubo respuestas, el Comité reiteró la carta en enero de este año, agregó que Chile no envía informes sobre discriminación racial desde el 2000 y dio como plazo máximo este viernes 30 de junio. Si nadie contesta se revisará la situación de nuestro país en la próxima reunión a realizarse entre el 28 de julio y el 16 de agosto en Ginebra. No es todo: Manuel invitará al relator especial de la ONU, James Anaya, para que vea la basura en que vive.
"El gobierno firma todos los acuerdos internacionales que le ponen por delante, pero no genera modificaciones para implementarlos internamente", apunta Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. "Eso ha ocurrido especialmente en materia medioambiental y de derechos humanos, que es el caso de esta convención", agrega.
Consultados por el tema, varios personeros de Gobierno declinaron referirse sobre la carta y la petición de la ONU. En tanto, la ministra de Mideplan, Paula Quintana dijo que "ese tema lo está viendo la intendenta de la novena región quien preside la mesa indígena regional- y el equipo del Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña".
A 120 metros de una escuela
A las comunidades se les agotó la paciencia y la confianza en las autoridades. Todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó con la ex intendenta Berta Belmar. "Mientras conversábamos con ella para resolver el tema, autorizó la vida útil de varios basureros, entre ellos la ampliación de Boyeko. Lo que hizo fue un desprecio hacia las personas que no tienen cómo defenderse", dice Manuel. "Hay gente que está viviendo y respirando al lado de la basura todos los días del año", refuerza Claudio Sandoval, miembro del colectivo Acción por los Derechos Ambientales. "En Temuco, el vertedero de Boyeko se encuentra a 120 metros de la Escuela Básica, pese a que la legislación pide como mínimo 300. Y en otro casos, como el de Lumaco, la planta de tratamiento y el vertedero están a 500 metros de la primera casa de la comunidad. En Villarrica hay una planta de tratamiento de aguas servidas que se instaló en un terreno que es patrimonio cultural. Allí se celebró hace 100 años uno de los encuentros más grandes del pueblo mapuche. Y reconocido esto por el Consejo de Monumentos y con una resolución de la Corte Suprema, aun así la planta de tratamiento se instaló acá" agrega.
Blaise Pantel, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto, sostiene que hay comunidades que no tienen agua potable y que ahora reciben el agua por camión. "Las soluciones del municipio han sido bastante básicas, como fumigar lugares o hacer llegar el agua a los lugares donde no hay. Pero el problema de fondo no se soluciona", explica. El tema pudo ir más lejos. En agosto de 2000 falleció Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo. El menor, de 4 años, vivía en el sector Boyeko cerca del vertedero. Se cortó en uno de sus pies y fue curado con hierbas medicinales contiguas al basural. Los padres presentaron un recurso de protección donde atribuían la muerte del menor a las condiciones de funcionamiento del vertedero. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el escrito. Los mapuches dicen que es la primera víctima de la basura en tierras indígenas. Tal vez, lo es.
