Si un gobernante democrático trata de actuar con visión de Estado, vale decir si entiende que debe dar primacía a los intereses del país y no a los de un grupo de presión, aunque éste sea su propio bloque político o incluso su partido, está obligado a hacer opciones que no le gustarán a todo el mundo. Es el costo de conducir.

La semana pasada hubo buenos ejemplos de esta perspectiva en la aprobación del aporte al fondo de los combustibles, el acuerdo sobre el salario mínimo y la resolución de la Cámara sobre la Ley General de Educación.

Es obvio que los principios y valores que inspiran a un gobernante serán determinantes en su modo de entender el bien común, pero eso no resuelve automáticamente las dificultades. Alguien puede estar bien inspirado y al mismo tiempo equivocarse en el diagnóstico de los problemas o escoger los instrumentos inadecuados. De lo que se trata es de gobernar eficazmente, lo que implica claridad de objetivos, pero también flexibilidad en los medios para conseguirlos.

Respecto de la dificultosa tramitación de la Ley General de Educación, el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha tenido que avanzar por un camino lleno de baches, en el que la posibilidad de perder el rumbo ha sido muy alta. Pero las dificultades se han agravado debido al déficit que muestra La Moneda en materia de pedagogía política. Un asunto tan elemental como explicar qué significaba la LOCE que dejó Pinochet y qué avances contiene la LGE, no se efectuó con claridad ni persistencia en los últimos meses, lo que creó el caldo de cultivo para las consignas extemporáneas o simplemente demagógicas.

Ha hecho falta hablarles a los estudiantes y a los profesores de todo el país, incluso a los apoderados, para que todos ellos tengan suficientes elementos de juicio acerca de lo que se discute. Es evidente que en el caso de los maestros la desinformación ha sido muy grande y que los líderes del gremio han fomentado el miedo al cambio.

El país necesita tener un nuevo marco institucional para materializar los cambios educacionales. Por cierto que ninguna ley resolverá los problemas de la desigualdad social, que están en la base de las desiguales oportunidades educacionales. El asunto es cómo acortar las distancias, y ello supone mejorar sustancialmente la enseñanza en los establecimientos que reciben financiamiento estatal.

No bastan los discursos generales sobre la justicia social, la libertad o el progreso. Hay que buscar la forma específica de avanzar hacia tales objetivos en las condiciones de un régimen democrático. Y están excluidos los atajos, por nobles que sean las intenciones.

Ha sido muy compleja la tarea del Gobierno en materia legislativa luego de que la Concertación quedó en minoría en la Cámara y el Senado. El bloque opositor está hoy reforzado por las huestes de Adolfo Zaldívar y Flores/Schaulsohn, pero las cosas se complican mucho más porque algunos parlamentarios concertacionistas actúan como si hubieran llegado a la conclusión de que hay que enterrar a la coalición que les permitió llegar al Congreso. Se equivocan si creen que los desplantes de rebeldía para la TV son bien vistos por la mayoría de los ciudadanos.

El Gobierno debe hacer los mayores esfuerzos de diálogo y entendimiento con los parlamentarios de la Concertación, pero su obligación es sacar adelante las iniciativas. Todas las leyes fundamentales de los años de la reconstrucción democrática han exigido buscar puntos de convergencia con la oposición. El camino de los consensos se ha demostrado fructífero.

La LGE no es la ley óptima; es sólo la mejor posible para conseguir el quórum calificado en el Congreso. Ojalá el Senado la discuta con altura de miras para que se convierta pronto en el primer paso de los cambios educacionales. Se requerirán muchos otros. Desde luego, poner en marcha la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad; definir una dependencia eficiente de los colegios municipales; seguir incrementando el gasto público en educación; acentuar en los próximos años el aumento de la subvención escolar; mejorar la gestión de los colegios; elevar la calidad del desempeño de los profesores; seguir dignificando la carrera docente mediante nuevas mejoras de las remuneraciones; reforzar las buenas experiencias metodológicas en la sala de clases; renovar las carreras de Pedagogía.

Las transformaciones educacionales son parte de la agenda social, es decir se vinculan a la posibilidad de ensanchar el horizonte de los hijos de las familias de los estratos bajo y medio, para que ellos tengan las oportunidades que no tuvieron sus padres ni sus abuelos.