Ciudad de México.- México ha dado los primeros pasos para poner fin a un sistema de justicia medieval que fomenta la corrupción y la impunidad. El Gobierno del centroderechista Felipe Calderón puso en vigor una serie de cambios constitucionales que permitirán juicios orales con público, elevan a rango constitucional el principio de presunción de inocencia del inculpado y hacen más accesible la justicia al ciudadano común.

Por extraño que parezca, en México no existía la presunción de inocencia. Si una persona era acusada, podía ser detenida y permanecer en prisión hasta demostrar su inocencia.

Con la reforma se pretende pasar del llamado sistema de justicia inculpatorio (donde uno es culpable hasta que pruebe su inocencia) a un sistema acusatorio (donde se presume la inocencia hasta que se constate la culpabilidad). Asimismo, se quita a la confesión (muchas veces obtenida con tortura) su carácter de prueba central.

Hasta ahora los juicios federales están incluidos en un sistema de justicia del que muchos mexicanos desconfían por estar plagado de irregularidades y poca transparencia. En México los juicios se celebran a puerta cerrada, sin audiencias públicas.

Es el juez quien en su despacho llama por separado a abogados, fiscales, acusados, testigos, y luego dicta sentencia, lo que propicia la corrupción y las arbitrariedades.

El 80% de quienes han recibido sentencia nunca vieron el rostro del juez, ya que su declaración la tomó un auxiliar. El poder otorgado a los jueces dio pie a una creciente injusticia y corrupción, ya que el ciudadano es atendido en función de sus recursos.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que "quien se ve involucrado en un asunto penal, parece condenado a protagonizar una película de terror". Informó que más de 90.000 personas están encarceladas sin sentencia.

CAMBIO RADICAL

El Presidente Calderón pretende revolucionar el sistema penal, que en la actualidad deja impune el 97% de los delitos y se ensaña con los más pobres. Hay tan poca confianza en la justicia, que más del 90% de los delitos ni se denuncian, según indican estadísticas dadas a conocer por organizaciones no gubernamentales.

Los juristas prevén que la reforma se podrá implantar a lo largo de ocho años, ya que el Estado no tiene los recursos ni la capacidad para hacer modificaciones de tal magnitud. Además, se deben adecuar los códigos penales de los estados (regiones) y el sistema judicial federal.

Para pasar de un sistema escrito a uno oral hay que cambiar mentalidades y preparar jueces, abogados, fiscales y crear salas donde se llevarán a cabo los juicios públicos. Implementar los cambios legales supondrá una inversión de unos 2.000 millones de dólares. Nadie sabe aún de dónde saldrá ese monto, pues no figura ninguna cantidad en los presupuestos generales del Estado.

La reforma crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a homologar las reglas para seleccionar, capacitar, evaluar y certificar a los cerca de 400.000 policías del país, ahora dispersos en diversas corporaciones y sin un mando central, lo que favorece la ineficiencia y la corrupción.

Las enmiendas constitucionales promulgadas por el Mandatario mexicano también proporcionan mayores instrumentos para combatir el narcotráfico, en la que se ha embarcado Calderón desde su llegada al cargo, en diciembre de 2006.

El Jefe de Estado dijo que se podrá enfrentar con más eficacia a los violentos carteles de la droga al estipular prisión preventiva hasta por 80 días y que los bienes de los mafiosos pasen al Estado.

CIFRAS Y APOYOS

Según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en las cárceles mexicanas "no se encuentran los peores delincuentes sino los más pobres y aquéllos cuya detención ofrece menos dificultades".

Según el CIDE, la mayoría de los presos cumple condenas por pequeños robos por valor entre menos de 115 y 625 dólares. Apenas el 5% son por robos de más de 7.800 dólares.

La mayoría de políticos, portavoces del sistema judicial y directivos de las facultades de leyes y Derecho del país se pronunciaron a favor de las reformas, destacando el cambio en el esquema de los juicios.

"Ésta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo", es un paso para "fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública", dijo el Presidente Felipe Calderón la semana pasada al promulgar las reformas.

Para algunas autoridades y observadores, la reforma impulsará un "cambio cultural" a favor de la legalidad. "Es una reforma retadora, representa un cambio total en la cultura de la legalidad o casi inexistente cultura de la legalidad. Vamos a tener que aprender a respetar la ley", declaró el subprocurador jurídico (fiscalía), José Luis Santiago.

La nueva norma contempla polémicos artículos cuestionados por grupos humanitarios y de juristas, en especial el que permite mantener detenido a un sospechoso por hasta 80 días sin presentar cargos.

La Vanguardia
The New York Times Syndicate