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  Es lo que hay

  Es lo que hay

  Pese a la ardua fiscalización de Contraloría, el gremialismo seguirá apoyando a los alcaldes vinculados a la cuestionada empresa del operador de la UDI Iñaki Busto. Sólo restan tres semanas para la inscripción de la plantilla y los emblemáticos jefes comunales están enlodados… pero no hay reemplazos en la banca.

Domingo 29 de junio de 2008

¿Qué significa eso de que el informe viene malo? ¿Sabes tú exactamente qué significa", inquiere sin levantar la voz y evidentemente cansado el alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Es jueves y recién se ha conocido su determinación de presentar una denuncia ante el 22º Juzgado del Crimen para que el sistema judicial antiguo determine, con la lentitud característica de este modelo, si las relaciones comerciales de su administración con Gestión Municipal Avanzada (GMA) y con Rush entidad de la que fue socio constituyen o no un delito.

En Puerto Montt, lugar del encuentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, el escándalo es tema obligado en los pasillos del teatro Arena, y como es el único de los jefes comunales vinculados a GMA presente, sus correligionarios lo abrazan y lo conminan los "colomistas" con más efusividad que los partidarios del diputado José Antonio Kast a tener fuerza para enfrentar "lo que viene".

Sobre el futuro, Cornejo se explaya. "Es duro", admite ante sus pares. El informe de Contraloría sería, asegura, muy similar al emitido en el caso de Huechuraba. Consciente de que la próxima semana será el plazo fijado por el organismo fiscalizador para hacer público el documento que corrobora la existencia de irregularidades, Cornejo precisa que "una irregularidad es un error subsanable" y que lo realmente importante es que no se haya cometido un delito. Insiste una y otra vez en este punto, especialmente ahora que, según aspira, podría invalidar la acción de la fiscalía, dado que ha sido mencionado en hechos que ocurrieron antes del 16 de junio de 2006, cuando empezó a regir el nuevo proceso. Esta es "la" carta que ha jugado en los descuentos y, aunque no luce bien, puede ser efectiva y hacer caer en su lugar a su otrora jefa de gabinete, Jenny Acevedo, quien se desempeñó el 2005 por 45 días en el municipio y a la vez en GMA. "Ella es la que tiene que explicarlo", dijo en la X Región Cornejo a sus homólogos, dando cuenta de la nueva línea defensiva que asumirá a la espera de que el contralor Ramiro Mendoza nuevamente haga estallar la bomba fiscalizadora.

En medio de la tensión, el edil asegura que es hora de sacar lecciones. "La moraleja es que uno tiene que ser más prudente, más cuidadoso y adecuarse a la burocracia y al sistema público. Éste es mucho más lento y es muy distinto al sistema privado, y creo que la gran lección finalmente es no avanzar tanto, ni tan rápido, sino ir más lento, aun a costa de que la gestión no sea tan brillante, pero cuidando las formas", argumenta al ser consultado respecto de qué ha aprendido de este entuerto en el que ya está involucrado el Ministerio Público y en el que intervendría también el Consejo de Defensa del Estado, en medio de fuertes trascendidos de que se estaría ante un posible fraude al fisco y negociación incompatible.

Dado el tenor del escándalo, el juicio de cuentas que estaría sí o sí en el texto oficial pierde relevancia. "Me voy a preocupar de ahora en delante de las formas, porque esta ha sido una lección muy, muy dura", arguye Cornejo, para luego precisar, una y otra vez, que no hay ilícitos en su gestión.

¿Usted asegura que no hay ilegalidades en su administración?

Yo tengo la claridad de que no he cometido ningún delito y estoy haciendo que los tribunales acrediten y demuestren que no lo he hecho. Eso se demora en el tiempo y durante ese período; lamentablemente, porque estamos en época electoral, uno tiene que escuchar muchas imputaciones que siente que son injustas y falsas, muchas interpretaciones que uno sabe son inexactas. Y como esto no lo quiero volver a vivir nunca más en la vida, si soy alcalde reelecto o voy a otro cargo público, la gran lección es que tengo que aprender que los ritmos del sistema público son lentos. Urge la modernización del Estado. Mucha normativa que rige al sistema público es decimonónica y las formas y los ritmos han cambiado.

¿En estas normas se originan las irregularidades que se le imputan?

Las irregularidades no las acredito yo, sino la Contraloría, y hay que acatar. Los eventuales delitos no se descartan porque yo diga que no existen, los tiene que descartar la justicia.

¿Podría retrasar este esclarecimiento el que usted haya presentado su denuncia en el antiguo sistema?

Hay una sensación de que hay irregularidades que eventualmente pueden ser delitos, y que por ende hay corrupción, pero no hay mucho ánimo de que eso se esclarezca pronto. Lo que quiero es un accionar lo más rápido posible para que eso se despeje y se esclarezca. Si hay un delito, que se acredite, y si no, que se demuestre también. Eso es lo que quiero.

LA OTRA ERUPCIÓN DEL CHAITÉN

Más allá de las intenciones de Cornejo, lo concreto es que la UDI siente que se le mueve el piso cada vez que trasciende que desde la repartición de Mendoza habrá novedades, porque éstas siempre son oscuras para sus emblemáticos, la camada de recambio que logró conquistar zonas populares de la Región Metropolitana y que hoy está en entredicho.

El coordinador de los alcaldes, Mario Olavarría que enfrenta su propio conflicto en Colina a raíz de un contrato asignado directamente a Chilectra , afirma que se han conjugado distintos factores que han creado un propio volcán Chaitén al interior de la tienda.

"Es un año que no ha sido fácil, que hemos estado en una situación que no hubiéramos querido nunca estar, porque en general hemos tenido todos gestiones bastante exitosas, pero hay intereses políticos que tienen por objeto minar esas capacidades y también hay errores que deben enmendarse", postula Olavarría.

Las acusaciones que han impactado en el seno de los municipios UDI, abriendo un difícil flanco en un año electoral, comienzan a ser evaluadas por algunos miembros gremialistas como una de las consecuencias de haber "jugado con fuego" al emprender la acusación constitucional contra la ex ministra Yasna Provoste. En definitiva, el cuándo procede la guillotina fue instaurado por la derecha y el costo está siendo asumido también por la Alianza. "El ambiente político está enrarecido, está muy desagradable, está enredado. Por nuestra parte, en la oposición, cualquier problema que se ve al tiro es motivo casi de acusación constitucional y se tira eso, y la verdad es que al final se ve que son temas administrativos", reflexiona Olavaria, aunque ya es tarde para este tipo de consideraciones, algo que es asumido también por los diputados.

Un alto dirigente gremialista admite que "al calor de la discusión pública se puso toda la caballería encima a Provoste, y ahora que la mano se devuelve, empezamos a entender que cuando surgen denuncias de anomalías lo que corresponde es poner paños fríos". "Reconozco que en el caso de personeros concertacionistas, muchas veces no se esperó conocer los detalles. Ya está hecho, pero hemos aprendido", confiesa.

Quizás es este "aprendizaje" el que motivó que la UDI adoptara un segundo plano ante las acusaciones de anomalías en la rendición de cuentas en el Ministerio del Trabajo y temas poco claros en la Dirección de Organizaciones Sociales. Esta trinchera, siempre prolífica para la ansiosa fiscalización gremialista, quedó en manos de RN, tal vez también para evitar que el fantasma del doble discurso al desnudo, que tanto le duele a la UDI, se encarne nuevamente en el debate.

"Nos duele que haya municipios pasando por esta situación. Hay que acoger los informes de Contraloría, corregir las irregularidades y, si es necesario, perseguir delitos. Pero no condenar, expulsar de un partido cuando no hay pruebas", puntualiza la misma fuente.

DEMOSTRAR INOCENCIA

El tema también ha cruzado las campañas de elección de la próxima directiva, que se realizará el próximo fin de semana en el ex Diego Portales. Así, mientras los partidarios de Kast insisten en que es la hora de "demostrar inocencia", los que se alinean con el "coronel" Juan Antonio Coloma arguyen que si no se comprueba que son culpables el deber de la colectividad es respaldarlos. Ejemplos hay varios, uno de ellos es el portavoz de Kast, el diputado Rodrigo Álvarez. "Confiamos en nuestros alcaldes, pero cuando hay un informe de Contraloría que es duro, que es fuerte, lo que compete es que quienes están en cuestionamiento prueben que son inocentes", aseveró Álvarez.

Como contraparte, la cúpula y personeros cercanos a Coloma, como su generalísimo Felipe Salaberry, se la juegan porque si no hay sentencia de tribunales, no hay razón para quitarle el piso a los cuestionados. "Las declaraciones de la directiva son absolutamente coincidentes con lo que ha sido la historia de la UDI en materia de fiscalización y prudencia al juzgar la eventual responsabilidad de las personas", asevera Salaberry, y acota que "los únicos llamados a juzgar son las instituciones destinadas para ello; en algunos casos el Senado de la República en un juicio político, en otros casos la Contraloría cuando hay mérito administrativo, y otras veces los tribunales de justicia".

El problema para el gremialismo es que la Contraloría sí ha emitido resoluciones y éstas han sido minimizadas, lo que tiene dividida a la bancada de diputados entre quienes estiman que pasadas las municipales todo volverá a la calma, por lo que se debe privilegiar el pragmatismo y llevar a quienes tienen posibilidades de éxito, aun cuando estén en tela de juicio; y quienes estiman que la UDI debe dar una prueba de blancura y no seguir respaldando a ciegas a sus jefes comunales, en la misma tesis de Joaquín Lavín.

PIÑERA ENTRA AL RUEDO

El panorama municipal es extremadamente incierto. El caso de la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, quien con un informe en contra de la Contraloría y dimitida del conglomerado fue apoyada por la dirigencia como la carta aliancista "independiente" en la zona, marcó la pauta. Esta primera acción explica las siguientes, entre ellas el espaldarazo a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Regginato, esta semana, y el apoyo ya brindado a Cornejo, que se repetiría luego del informe. Estirar el elástico hasta donde se pueda es la consigna. Si no hay formalizaciones antes del 26 de julio, día de la inscripción, los ediles "GMA" serán los aspirantes UDI para los comicios de octubre. La apuesta es que en campaña no habrá acciones contundentes por parte de la justicia y que el olvido empezará a obrar lo suyo a contar de noviembre.

Para el inversionista Sebastián Piñera, el asunto no es tan fácil. Acorralado por los informes de Mendoza, debió salir como líder opositor a garantizar que la misma vara con que se mide al oficialismo será usada en su sector.

"Tenemos un grave problema de corrupción en nuestro país, no son hechos aislados, ( ) en Chiledeportes, en la Secretaría General de Gobierno, en la propia Presidencia, en los programas de empleo y también en los municipios como los de Huechuraba, Recoleta o Viña del Mar" afirmó el empresario.

En la práctica, la declaración de intenciones se quedará en eso, porque a Piñera no le conviene "enterrar" ni enemistarse con quienes necesariamente deberá trabajar en su campaña por La Moneda. De ahí que sus oficios por la probidad no se traduzcan en una mediación ante el gremialismo para bajar a algún candidato.

Es sabido que la tarea está cuesta arriba, al punto de que personeros como el senador Pablo Longueira ya hablan públicamente de que no esperan "grandes resultados" este año. La modesta expectativa de mantener lo que se tiene es realista. Santiago es el emblema de la dilación para designar un postulante, pero no es la única comuna donde hay dudas. En Estación Central, un desencantado Gustavo Hasbún reafirma que no competirá, y en La Florida todavía no hay nombres. En Viña del Mar, Huechuraba y Recoleta arrecian las acusaciones de corrupción y todo ello a tres meses de los comicios municipales, unos que están marcados por la vigilancia exhaustiva de la Contraloría y las esquirlas de una fiscalización que derribó el mito de la derecha de que la corrupción es patrimonio concertacionista. LND

 

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