Mis sobrinos me miran con los ojos llorosos y cada vez que hablan se les nota la voz cambiada. No están ni emocionados ni resfriados. Están intoxicados por el aire de Santiago. Es natural, vienen de Uruguay, cuyo aire límpido dista mucho de esta basura que cubre la capital chilena como una capa de mierda espesa y viscosa. Quizás ese sea el problema, en ese país pequeño, con menor desarrollo económico, un Gobierno ineficiente y atrasado que tiene entre otros muchos el defecto de cuidar la salud de sus ciudadanos. Cosa que, por lo demás, debe estar en la base constitucional de todos los Estados del mundo. Pero está claro que ese paisito tiene sus diferencias con Chile. Allá el desarrollo económico va ligado a otros beneficios que corren para todos.

Porque en Chile se puede controlar el problema de la contaminación, otros países lo han hecho antes y basta con seguir su ejemplo. Tarificación vial, aumento del impuesto a los combustibles, un sistema de transporte público eficiente y al alcance de la población, y la exención impositiva para las empresas que abandonen la zona y se establezcan en regiones más ventiladas. Con las primeras tres medidas se desincentiva el uso de los vehículos particulares. Con la cuarta se eliminan las llamadas fuentes fijas. Gran parte de ellas, por lo menos; hay otras que dependen del Estado y ésas ya son más difíciles. Si a eso se le suma una buena fiscalización para evitar el uso de chimeneas y forzar el cumplimiento de la ley, las cosas deberían mejorar sin que importaran tanto la famosa inversión térmica y la cuenca o, mejor dicho, olla en la que estamos metidos. Y el requisito más importante: la voluntad política para hacerlo, entendiendo esa expresión como coraje para perder votos por hacer lo que hay que hacer.

Pero todo eso es fácil de decir. Porque ninguna de las cuatro medidas es conveniente en el corto plazo. Si hay algo claro, es que la exención impositiva para las empresas que se vayan de Santiago cuesta dinero, mucho dinero. Y para un Gobierno usurero, que les cobra a los particulares hasta un cuarenta y tantos por ciento de sus ingresos, y sólo un 18% a las empresas más grandes, la posibilidad es impensable. ¿Qué dirían los profesionales y los líderes de opinión que pueden influir sobre el ígnaro votante sobre este nuevo gravamen? Nada bueno.

Y también cuesta votos, muchos votos. Porque para un profesional, irse a trabajar a Valdivia por lo mismo o más de lo que gana acá, es una perspectiva seductora. Pero para alguien que gana poco más del sueldo mínimo, es una mierda. A fin de cuentas, esa persona no tiene nana, pero le encarga a la vecina que le cuide la guagua. Y si el fin de semana no tiene un peso, come con los papás o los suegros lo que haya para parar la olla. Y como no puede pagar un furgón escolar, le encarga al hijo mayor que pase a buscar a los hermanos a la escuela y que los traiga caminando a la casa antes de que se vaya la luz y la pobla se ponga pelúa. ¿Qué pensaría ese votante si se queda sin pega? En votar por la oposición, por poner un ejemplo. La situación podría arreglarse un poco aumentando el sueldo mínimo, pero eso sí que es imposible. Al menos para los que aceptan las cosas como están.

La tarificación vial es un suicidio político. Bastante complicado está el asunto con los escándalos de corrupción dentro del Estado y en las municipalidades controladas por la oposición, como para darles más argumentos a los que opinamos que la sinvergonzura no conoce límite.

En cuanto al sistema de transporte público eficiente y al alcance de todos, mejor no hablar de ciertas cosas, como hubiera dicho Luca Prodan. El Transantiago es una prueba evidente de que la voluntad no alcanza si no se acompaña con el trabajo bien hecho. Eso implicaría buses en cantidad suficiente, que circularan las 24 horas y no fueran casi un camión que trasporta ganado en la noche y la madrugada. Y al alcance de todo el mundo; es decir, con subsidio, como en todos los países del mundo, pero no al estilo chileno. Mejor dejar las cosas como están; es decir, renunciar a las obligaciones de un Estado y rendirse al arbitrio del mercado. Entendiendo al manoseado mercado como los intereses económicos de algunos empresarios y grupos de presión que pueden poner la pista muy pesada.

En lo que respecta al impuesto a los combustibles, ni pensarlo. No quisieron bajarlo cuando hizo subir la inflación hasta las nubes. No entra en sus mentes el aumentarlo. De nuevo, mejor dejar las cosas como están. Y sobre fiscalizar, ja, ja. Para fiscalizar hay que tener fiscalizadores. Y eso significaría tener que contratarlos y enfrentarse con los que dentro y fuera del Gobierno opinan que el Estado debe ser pequeño, muy pequeño, casi inexistente, de ser posible.

Y si hablamos de voluntad política, no sé. Sólo sé que cuando mi sobrina me dice que los chilenos estamos todos locos y que es ridículo que paguemos para comprar cigarrillos si tenemos que fumarnos este aire y asegurarnos una muerte prematura, lo único en que puedo pensar es que es demasiado adolescente como para entender las bases de una sociedad moderna y desarrollada. Aunque a mí me gustaría adolecer de esa maravillosa rebeldía y sentido común.